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Última modificación: 2006-08-01
Procedencia de la tutela por conexidad con el derecho a la vida

Los actores manifestaron hacer uso permanente del servicio público de transporte de buses y busetas existentes en la ciudad y cuestionan la deficiencia creciente en las condiciones de seguridad en que se movilizan tales vehículos, con grave riesgo para los pasajeros. Afirmaron, como hecho notorio que, debido al incumplimiento de las normas de seguridad, en los días previos al ejercicio de la acción se presentaron hechos fatales en los aludidos medios de transporte, y que como consecuencia de ello, se produjo la pérdida de la vida de varias personas. A su juicio, respecto de la situación descrita no existe ningún otro medio de defensa judicial, por lo cual acudieron a la acción de tutela como único instrumento jurídico viable para la efectiva protección de sus derechos.

Para la Corte, aunque las acciones populares sean el medio de defensa judicial aplicable en principio, para la defensa de los intereses colectivos, cabe la tutela si está de por medio, de modo concreto y cierto, un derecho fundamental del accionante que así lo pruebe en su caso específico y que acredite la relación de causalidad existente entre la acción u omisión que afecte el interés de la comunidad y su propia circunstancia.

En este caso, si bien está involucrado necesariamente el interés general por cuanto la causa que genera la amenaza del derecho a la vida radica en la existencia de fallas que ponen en peligro la seguridad pública, resulta innegable que los accionantes, miembros de esa comunidad y -como tales- expuestos en forma permanente al uso de un vehículo de servicio público afectado por deficiencias técnicas, ven amenazada su propia subsistencia de manera directa y específica, lo que habilita la tutela para la protección de los derechos fundamentales en riesgo, aunque la orden judicial idónea para lograr tal propósito deba cobijar, por la naturaleza misma del asunto, al entorno social en cuyo medio ellos se desenvuelven. Por lo anterior, se tutelaron los derechos a la vida y a la integridad personal de los accionantes, actualmente amenazados en virtud de las protuberantes fallas de seguridad que presenta el transporte público colectivo urbano en las modalidades de buses, busetas y microbuses.

Se ordenó a la Secretaría de Tránsito y Transportes, que planifique e inicie un programa de revisión de la totalidad del parque automotor que en la ciudad se destina al transporte público colectivo en las modalidades de buses, busetas y microbuses. El programa de revisión deberá culminar en un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados desde su iniciación. La Secretaría de Tránsito y Transportes retirará del servicio en forma inmediata todos aquellos vehículos que no cumplan en su integridad las condiciones mínimas de seguridad necesarias para garantizar a los pasajeros su vida e integridad personal, de conformidad con las normas vigentes. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-354-94, T-366-93 reiterada por T-863A-99

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