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Última modificación: 2006-08-01
Deber del estado de prestar el servicio público de saneamiento ambiental

Los peticionarios consideraron violados sus derechos a la vida, al debido proceso, a la familia, a la salud, a la seguridad social y a gozar de un ambiente sano, a causa de la deficiente prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo por parte de las autoridades administrativas de la ciudad donde habitan. Esta situación ha originado, además de graves problemas ambientales, el vertimiento de aguas servidas y al rebosamiento de las alcantarillas sin mayores controles o tratamientos. La Corte sostuvo que del mandato constitucional consagrado en el artículo 79, se colige que es responsabilidad del Estado atender y garantizar la prestación efectiva del servicio público de saneamiento ambiental, conforme a los principios de universalidad y solidaridad.

Todas esas obligaciones están dirigidas a la preservación, conservación y protección del medio ambiente, a fin de obtener el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el aseguramiento del bienestar general. La Corte Constitucional consideró que la situación ambiental a la que se ven enfrentados los habitantes producto de las deficiencias en el servicio de alcantarillado vulnera los derechos al ambiente sano, vida digna, salud e integridad física, por lo que se concedió la tutela. Se ordenó al Alcalde, entre otras cosas, elaborar un plan de ordenamiento de los usos del suelo, en el que conste la obligación para las nuevas construcciones de habilitar sistemas de tratamiento de aguas residuales que garanticen la remoción de contaminantes, y la obtención de licencia ambiental, así como, diseñar los planes requeridos para la adopción de un sistema de pretratamiento de las aguas residuales de la localidad. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-442-97

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