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Última modificación: 2006-08-01
Deber de suspender el servicio al usuario que no paga: la pobreza no exime del deber al financiamiento de los gastos del estado

Una persona interpuso acción de tutela contra una empresa de servicios públicos que dejó de prestarle el servicio de agua por el no pago del servicio. El actor adujo una violación al derecho a la igualdad, por considerar que el corte que se le hizo del servicio de agua, fue injusto, debido a que no tiene trabajo. La Corte advierte que las empresas de servicios públicos, en aras de garantizar la prestación del servicio a los demás usuarios y de no imponer cargas desmesuradas a los propietarios de inmuebles arrendados ante el incumplimiento en el pago de los servicios por parte de los arrendatarios, no solo pueden sino que deben suspender el servicio cuando se ha incumplido el pago de tres facturas (artículo 140 de la Ley 142 de 1994) y no está pendiente la resolución de una reclamación por parte del usuario.

Al respecto ha sostenido la Corte: que de acuerdo con el artículo 140 de la Ley 142 de 1994, en los contratos de prestación de servicios públicos domiciliarios, el incumplimiento del contrato por parte del usuario da lugar a la suspensión del servicio en los casos de falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder de tres períodos de facturación; por fraude en las conexiones, acometidas, medidores o líneas y por la suspensión, alteración inconsulta y unilateral de las condiciones contractuales de prestación del servicio. De otro lado, de acuerdo con el artículo 141, el incumplimiento del contrato por un período de varios meses o en forma repetida permite a la empresa tener por resuelto el contrato y proceder al corte del servicio. Por estas razones, la Corte negó la tutela. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-598-02

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