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Última modificación: 2011-12-19
Servicio de acueducto y alcantarillado

· Derecho al servicio de acueducto y al agua como derecho fundamental

La Corte Constitucional en un caso de revisión de tutela estimó que el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas, la salubridad pública o la salud, es un derecho constitucional fundamental y como tal ser objeto de protección a través de la acción de tutela. Sin embargo, para que este derecho sea objeto de esta acción es necesario que afecte directamente a habitantes o residentes de un predio. La Corte decidió no conceder la tutela debido a quien interpuso la acción era una sociedad constructora que pretendía el cumplimiento de un convenio por parte de la empresa de servicios públicos domiciliarios para habilitar una conexión para un proyecto de construcción de vivienda, la cual beneficiaría a una persona jurídica, en consecuencia no afectaba de manera directa las necesidades esenciales de personas naturales. nota 1

En otro caso posterior, la Corte Constitucional consideró como violación de los derechos fundamentales, en especial el derecho a la vida, la reducción sustancial del cauce de un río, que provee de agua a los pobladores de la zona ribereña, originada por la construcción de un muro que represaba el agua con el fin de utilizarla para una industria piscícola. La Corte estimó que deben adoptarse como medidas tendientes a lograr la solución a los problemas señalados que ponen en peligro la vida tanto del accionante como de la misma comunidad, una de carácter transitorio para permitir la circulación o fluído del agua de la quebrada en forma libre, y otra de carácter permanente, la cual consiste en la orden de construcción de un acueducto para la vereda, pues en materia constitucional, la garantía del derecho a la vida incluye en su núcleo esencial, la protección contra todo acto que amenace dicho derecho en forma inmediata.

La amenaza, igualmente, puede ser demostrada con la inminencia del daño que se puede ocasionar a la vida de quienes habitan en dicha vereda por la falta del agua, lo cual está demostrado en el proceso y ha sido reconocido por los funcionarios competentes. En síntesis, se trata de la inmediata amenaza que viven a diario los habitantes de la zona por la falta de líquido vital para todo ser humano, al igual que para las demás especies vivas." nota 2

La Corte ha considerado que el derecho al agua, para el uso de las personas, en cuanto contribuye a la salud, a la salubridad pública, y, en últimas, a la vida, es un derecho fundamental y que, por el contrario, no lo es cuando se destina a la explotación agropecuaria o a un terreno deshabitado o cuando el actor no vive en el inmueble al que se le suspende el servicio. nota 3

El carácter fundamental del derecho al agua es la decisión de querer reconocer un estado de cosas, no de crearlo. Al haber adoptado Colombia como modelo constitucional un estado social y democrático de derecho, fundado en la defensa de la dignidad de toda persona y en el respeto, la protección y la garantía de sus derechos fundamentales, en especial, su derecho a una vida digna, Colombia adoptaba a la vez, tutelar el derecho fundamental al agua a todas las personas. Ningún sentido tendría pretender asegurar la vida, bien sea humana o de cualquier otra especie, sin asegurar el derecho al agua, en sus dimensiones básicas, como fundamental. No sólo desde el punto de vista científico existe un consenso sobre lo esencial que es el agua para la vida. Muchas de las culturas indígenas y negras de la nación, siguen aportando sus conocimientos ancestrales al respecto, los cuales no han hecho más que insistir en la importancia del agua dentro de nuestro entorno vital; se trata de ideas que anunciaban muchos de los contemporáneos discursos ecologistas.

El derecho al agua, por tanto es un derecho constitucional complejo que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años, en especial, en atención a la importancia que el mismo tiene como presupuesto de los demás derechos fundamentales y del desarrollo. El derecho al agua está interrelacionado y es indivisible e interdependiente de los demás derechos fundamentales. De hecho, la complejidad del derecho al agua incluye, incluso, dimensiones propias de un derecho colectivo, con las especificidades propias de éste tipo de derechos.

La Corte resuelve tutelar los derechos al agua, a la vida y a la salud de los accionantes a quienes la administración municipal había negado el servicio de agua potable por encontrarse ubicados en zona rural pese a haber otorgado este derecho a otras familias del sector. nota 4



· Deber de respetar el debido proceso para la suspensión de servicio de agua

La Corte ha señalado que, las empresas de servicios públicos domiciliarios bien pueden suspender el servicio que prestan a los usuarios, porque tal proceder lo autoriza el artículo 140 de la Ley 142 de 1994, pero para ello es necesario que cumpla unos procedimientos adecuados que garantizan el debido proceso, a saber: i) que la empresa relacione con la suspensión hasta tres de los últimos periodos pendientes de pago, ii) que el usuario haya sido enterado de que el servicio será suspendido, mediante escrito enviado por correo, publicado o entregado, o mediante comunicación verbal, de lo que se dejará constancia, iii) si enterado de la decisión el usuario eleva petición, presenta queja o reclamación, de ser necesario, la empresa decretará pruebas con el objeto de dilucidar las diferencias de información o de apreciación y, culminado el debate probatorio, la misma terminará su actuación con la expedición del acto administrativo que corresponda, el que también deberá notifiCARe para que el usuario, si lo considera, interponga los recursos de reposición y de apelación.

Estas razones motivaron la decisión de la Corte de amparar el debido proceso de un usuario al que le fue suspendido el servicio de acueducto sin haber sido enterado con anticipación y, por ende, sin dar lugar a su intervención, reclamando el pago de 22 facturaciones. En concepto de la Corte, la empresa antes de suspender el servicio debía comunicar su decisión para dar lugar a la intervención del afectado y no vincular su decisión, sino a las tres últimas facturaciones. Por lo anterior, se ordenó el restablecimiento del servicio de acueducto al inmueble de propiedad del actor, no sin antes señalar que las diferencias contractuales, que originan reclamos de orden prestacional, entre empresa y usuario que no afecten derechos fundamentales deben resolverse ante la justicia ordinaria. nota 5

· Principio de la confianza legítima en caso de violación al debido proceso

Una persona vendió su inmueble a otras, que luego de la entrega del bien incumplieron con los respectivos pagos. Se procedió a la resolución del contrato, pero durante el tiempo transcurrido entre la entrega y su restitución, los tenedores del inmueble no pagaron el servicio público de acueducto y alcantarillado, por lo cual el actor solicitó a la Empresa la suspensión temporal del servicio de agua. Posteriormente, cuando el actor recuperó la tenencia del inmueble, la empresa desconectó el servicio del predio al retirarle el medidor y taponar la acometida. El actor solicitó a la Empresa, posteriormente, instalar el servicio de acueducto en el bien de su propiedad y que la nueva instalación fuera una cuenta nueva por la que se pagará conexión.

Manifestó que debido a la desconexión no podía vivir en su casa ni tampoco arrendarla o venderla pues previa a la reconexión él debe cancelar la deuda contraída por los tenedores con la empresa. Por lo anterior, al actor estimó que la empresa violó sus derechos a la igualdad, a la vida digna y de petición. La Corte expresó que, cuando la confianza legítima en que un procedimiento administrativo será adelantado y culminado de conformidad con las reglas que lo rigen es vulnerada, se presenta una violación del debido proceso (art. 29 Constitución Política) en la medida en que este derecho comprende la garantía de que las decisiones adoptas por la administración lo serán de tal manera que se respeten las reglas de juego establecidas en el marco legal así como las expectativas que la propia administración en virtud de sus actos generó en un particular que obra de buena fe.

En efecto, la Constitución misma dispuso que una de las reglas principales que rigen las relaciones entre los particulares y las autoridades es la de que ambos, en sus actuaciones, ?deberán ceñirse a los postulados de la buena fe? (art. 83 Constitución Política). Para el caso concreto es claro que la administración no reaccionó adecuadamente ante la reconexión fraudulenta del agua y la reincidencia en el no pago de las facturas por parte de los consumidores del servicio. Si bien es cierto que en nueve (9) ocasiones la Empresa ya había suspendido el servicio ?dos (2) de ellas se efectuaron, inclusive, en fechas previas a la petición del actor- la empresa fue permisiva al no tomar una medida definitiva que frenara el abuso.

Así, la entidad estaba facultada para cortar el servicio de agua desde el tercer periodo de facturación no pagado, o la reincidencia en una causal de suspensión, según lo establece el artículo 141 de la Ley 142 de 1994 y no obstante, tardó más de 40 meses en interrumpir el servicio definitivamente. Considerando entonces, que la empresa demandada es la entidad responsable del servicio público domiciliario del agua, que éste es un bien público, que ella tiene una función de vigilancia y es competente para tomar medidas que impidan el abuso del servicio, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, resulta apenas normal que el actor tuviera la expectativa de que la Empresa, haciendo uso de sus facultades, solucionaría la irregularidad, máxime, si el actor lo había solicitado expresamente.

En efecto para la Corte, la expectativa del actor en que la administración adoptaría una solución, se concreta aun más en razón de la respuesta que envió la empresa anunciando dar trámite a la solicitud y pidiendo colaboración para obtener el número de cuenta interna del predio. Es claro, entonces, que el actor tenía confianza legítima en que la administración habría de ocuparse del abuso del servicio antes de que los tenedores se fueran, la deuda se incrementara y sólo se taponara la acometida de su predio cuando éste le fue finalmente restituido. En consecuencia, la Corte ordeno la reinstalación inmediata del servicio. nota 6

· Obligación de empresa de conectar vivienda al servicio de agua potable

El actor expuso que la empresa prestadora del servicio público de acueducto y alcantarillado le niega la conexión de su vivienda al servicio de agua potable, por cuanto no cuenta con redes de acueducto a las que pueda ser conectada la vivienda del demandante, a pesar de que sus dos vecinos, distantes del lugar de su residencia unos diez y cuatro metros, sí reciben el servicio de acueducto. El se vio obligado a extender una manguera desde la vivienda de uno de éstos para satisfacer sus necesidades.

La Corte Constitucional reiteró que: i) El Constituyente de 1991 concibió la prestación de los servicios públicos como una función inherente a los fines del Estado Social de Derecho (CP, Artículo 365), con el deber correlativo de una realización eficiente para todos los integrantes del territorio nacional, dada la estrecha vinculación que los mismos mantienen con la satisfacción de derechos fundamentales de las personas, con la vida y la salud. ii) La existencia de un derecho al agua que tiene carácter de derecho fundamental cuando el líquido está destinado para el uso de las personas, en cuanto contribuye a la vida, la salud y la salubridad pública. Destacó que el servicio público de acueducto tiene como finalidad la satisfacción de necesidades vitales de las personas, lo que exige, naturalmente, el suministro de agua apta para el consumo humano. Señaló que la empresa niega al actor la posibilidad de establecer un plan vital, de vivir como quiera, particularmente en lo que refiere al servicio de acueducto, obligándolo a asumir una situación de marginalidad e ilegalidad.

La Corte ordenó a la empresa conectar la vivienda del actor al servicio público domiciliario de acueducto realizando todas las obras y los estudios técnicos que sean necesarios. Igualmente, advirtió a la empresa que solo puede recaudar lo estrictamente necesario para llevar dicho servicio desde la red pública hasta la casa del accionante, omitiendo en el recobro todo aquello que tiene que ver con los estudios técnicos y observando el principio de máxima economía y que, previamente a la conexión de la vivienda del actor al servicio público domiciliario de acueducto, llegue a un acuerdo de pago con el actor por concepto del costo de la obra, ofreciéndole, conforme a los ingresos de éste, un sistema de financiación de lo que adeude. nota 7

· A pesar del incumplimiento en el pago del servicio, se debe garantizar una cantidad mínima de agua potable que permita la vida en condiciones dignas y sanas

La actora solicita el amparo a sus derechos fundamentales al suministro de agua potable, a la vida y la salud, tanto propias como de su compañero y de menores hijos, los cuales considera vulnerados por la suspensión en el servicio de acueducto realizada por la empresa prestadora de este servicio, ante la mora de la actora en el pago.

Recuerda la Corte que los servicios públicos, en un Estado Social de Derecho, son el medio básico dispuesto por el Constituyente para obtener el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, que son precisamente fines sociales del Estado.(artículo 366 Constitucional). La Ley 142 de 1994, que establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios configuró el contrato de servicios públicos domiciliarios como un contrato oneroso. En esa medida, facultó a las empresas de servicios públicos para cobrar un precio a la parte suscriptora o al usuario, como contraprestación por el bien que le suministra a domicilio. Esta facultad se fundamenta en la necesidad de que las empresas de servicios públicos sean viables financieramente para que, a su vez, puedan prestar un servicio continuo, universal y eficiente a los usuarios, de tal forma que la reiteración de prácticas ilegales de no pago deterioran no sólo el interés económico de las empresas, reflejado en el menoscabo de su patrimonio, sino que pueden incluso conducir al colapso de las mismas y por esta vía a la imposibilidad material de la prestación general del servicio público.

Pero no por tratarse de contratos onerosos, el mero hecho del incumplimiento en el pago del precio pactado, por parte del suscriptor o usuario, faculta a la empresa prestadora a suspender o cancelar el servicio público en todos los casos, pues está prohibido por la Constitución formular esa posibilidad como deber categórico o definitivo, ya que en un Estado Constitucional tienen que importar en el análisis de legitimidad de la suspensión, las causas del incumplimiento en el pago de los servicios públicos, los efectos que pueda ocasionar, los derechos fundamentales que pueda menoscabar o la calidad de las personas o bienes que pueda afectar.

Frente al caso en concreto, la Corte encuentra que en la vivienda de la actora habitan menores de edad, quienes son personas especialmente protegidas por la Constitución y los tratados internacionales, por lo cual la empresa de servicios públicos no podía cortarles por completo el suministro de agua potable.

Por ser niños, tienen garantizada una especial protección de sus derechos fundamentales a ?la vida?, ?la salud? y la ?alimentación equilibrada?
Para alimentarse sanamente, todo niño requiere cantidades mínimas indisponibles de agua potable, que permitan una adecuada preparación de los alimentos que vaya a consumir.

Cuando la familia o quienes velan por el niño no están en las condiciones económicas para suministrarle cantidades mínimas de agua potable, debe el Estado garantizárselas, pues en esa hipótesis su necesidad de una protección especial viene determinada no sólo por su condición de infante, sino también por incapacidad económica, los cual los pone en condiciones manifiestas de debilidad.

Por lo anterior, se reitera que no en todo caso de incumplimiento es válido suspender los servicios públicos domiciliarios, en el sentido de cortar totalmente el suministro de los mismos. De tal forma que si el incumplimiento es involuntario u obedece a una fuerza insuperable; si, además, el domicilio a que se destinan está habitado por personas que merecen una especial protección constitucional; si el servicio es de aquellos indispensables para garantizar otros derechos fundamentales como la vida, la igualdad, la dignidad o la salud; y si, por último, se dan las condiciones establecidas en la ley para la suspensión, lo que debe suspenderse es la forma de prestar el servicio público. Es decir, debe cambiar la forma en que se suministra el servicio y ofrecerle al destinatario final unas cantidades mínimas básicas e indispensables, en este caso, de agua potable.

Con todo, esas cantidades mínimas deben ser fijadas por la Empresa de Servicios Públicos, en consideración a la cantidad de personas que habiten en el domicilio y con sujeción a criterios aceptables desde el punto de vista de su capacidad para garantizar los derechos a la vida, la salud y la dignidad de los niños que habiten en ella.

Sin embargo, la Corte advierte que la actora cuenta en la actualidad con el servicio de agua potable, pero debido a una reconexión ilegal, constatada por la empresa prestadora del servicio. Pero una persona que por vías ilegales pretende apropiarse de servicios públicos, no está legitimada para recibir la protección del juez constitucional.

Por tanto, la Corte resuelve denegar la acción de tutela. nota 8

· Si se factura el servicio, se debe brindar disponibilidad continua y suficiente de agua

La accionante solicitó protección de sus derechos a la salud, la vida, la dignidad y la salubridad pública que, según ella, se le están afectando por la falta de suministro de agua potable al inmueble donde reside con sus hijos.
La Constitución Política de Colombia en su artículo 366 señala como finalidad social del Estado, la obtención del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, estableciendo como objetivo fundamental ?la solución de las necesidades insatisfechas?, en especial las de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable.

La provisión de agua potable es un objetivo fundamental para asegurar la supervivencia del ser humano, que está indisolublemente ligada a la posibilidad de gozar de ese recurso natural vital insustituible, que al mismo tiempo es presupuesto indispensable para el disfrute de derechos fundamentales como la vida, la salud y la dignidad humana. Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben procurar que este servicio esencial, como lo es el agua potable, llegue a los usuarios en las cantidades necesarias, más aún a los hogares donde se encuentren menores de edad, deben provocar urgente reacción correctiva en caso de suspensión.

La Corte Constitucional ordenó a la empresa de servicios públicos, que si aún no lo ha efectuado, proceda a optimizar la prestación del servicio de agua potable en donde se encuentra el inmueble de para lo cual en un término no superior a 18 meses se ejecutarán los estudios y las obras conducentes a que el suministro sea continuo.

La empresa accionada debió asesorar a la demandante sobre la ubicación del tanque que pueda contener la cantidad suficiente del fluido, para que no se agote en los intervalos del suministro público. nota 9

· Obligación de establecer incidencia en el consumo por daños presentados en los contadores instalados por empresa de servicios públicos

En el presente caso se determina si se vulneran los derechos fundamentales de petición y debido proceso de un adulto mayor a quien la empresa de servicios públicos domiciliarios accionada no ha resuelto de fondo la reclamación presentada por el cobro exagerado en sus facturas, ha desconocido que el consumo excedido se atribuye al mal funcionamiento del contador que instaló la empresa y además le rechazó los recursos de la vía gubernativa argumentando la no acreditación del pago de las sumas no reclamadas.

Frente al caso particular de los servicios públicos domiciliarios, la Corte Constitucional ha considerado que los usuarios cuentan, no sólo con los recursos propios de la vía gubernativa, sino con las acciones posteriores que pueden ser instauradas ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para controvertir los actos administrativos que lesionen sus derechos y obtener así el restablecimiento de los mismos.

No obstante lo anterior, cuando las conductas o decisiones de la empresa de servicios públicos domiciliarios afecten de manera evidente derechos constitucionales fundamentales, como la dignidad humana, la vida, la igualdad, los derechos de los disminuidos o de las personas de la tercera edad, la educación, la seguridad personal o el debido proceso ?entre otros- el amparo constitucional resulta procedente.

En el presente caso, es evidente la existencia de un perjuicio irremediable que determina la procedencia de este mecanismo constitucional, en tanto que la persona que presenta la reclamación por el alto consumo del servicio de agua en su residencia, es un anciano, sujeto de especial protección constitucional, cuya vivienda se encuentra ubicada en el estrato I de la población y quien alega no contar con los medios económicos para sufragar el cobro que le hace la empresa, so pena de afectar su mínimo vital.

Así, ante la existencia de un perjuicio irremediable, no se puede predicar la idoneidad o efectividad del proceso contencioso administrativo para enmendar la vulneración a un derecho fundamental, por lo que la tutela se convierte en el mecanismo adecuado para garantizar la protección del derecho de petición y debido proceso que alega vulnerados el actor.

La Corte encuentra procedente la tutela en el caso concreto, toda vez que se demostró la vulneración de los derechos de petición y debido proceso del actor con la conducta de la entidad accionada de no contestar la petición en forma oportuna, clara y congruente al no dar una explicación consistente y razonable por el alto consumo en el periodo alegado y, al negar de plano los recursos interpuestos, cuando el actor sí cumplió con el requisito establecido en el artículo 155 de la ley 142 de 1994, es decir, acreditó el pago de las sumas que no fueron objeto del recurso.

Se ordenó a la empresa accionada practicar una visita técnica a la vivienda del actor, para que con base en los resultados de la misma y en la información que reposa en el expediente administrativo adelantado ante la empresa dentro del término de 72 horas siguientes a la visita técnica, una respuesta que contenga una explicación precisa a la desviación significativa del consumo del predio del peticionario, teniendo en cuenta para ello la incidencia que en el consumo tuvo los daños presentados en los contadores que la empresa ha instalado durante dichos periodos. nota 10



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-578-92
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-244-94
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-730-02
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-418-10
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-1150-01
  6. Corte Constitucional, Sentencia T-730-02
  7. Corte Constitucional, Sentencia T-1104-05
  8. Corte Constitucional, Sentencia T-546-09
  9. Corte Constitucional, Sentencia T-091-10
  10. Corte Constitucional, Sentencia T-054-10

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