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Última modificación: 2010-12-20
Electricidad

· Obligación de garantizar prestación eficiente

El actor consideró violados sus derechos a la vida, igualdad e integridad personal, debido a que el servicio de energía que se presta en su barrio se encuentra en mal estado poniendo en riesgo su vida y la de sus vecinos. Advierte la Corte, que para satisfacer el "mínimo vital", los servicios públicos deben mantener un nivel de eficiencia aceptable, tal como lo establece el artículo 365 de la Carta. El Estado debe garantizar que en la prestación de un servicio público se actúe con prontitud, se procure mejorar la calidad y, fundamentalmente, se satisfaga esta necesidad de interés general de forma regular y continua. Para ello, la administración y los particulares que presten el servicio, deben adquirir un verdadero compromiso con los miembros de la comunidad, responsabilizándose del cumplimiento de los deberes y obligaciones que implica el ejercicio de la función pública.

La Corte consideró que la inminencia y gravedad del perjuicio, así como la urgencia de conjurar la situación, se convierten en factores determinantes para considerar que la acción de tutela es el mecanismo más eficaz para proteger estos derechos. Esta amenaza tiene una relación de causalidad directa con la omisión de la Electrificadora que, a pesar de ser informada de las irregularidades, no atendió su deber de asegurar una prestación continua y eficiente del servicio de energía. Es claro que el mantenimiento preventivo es el mínimo requerido para proteger los derechos fundamentales de los habitantes del barrio.

Por lo anterior, se tutelaron los derechos fundamentales a la salud y a la vida del accionante y se ordenó a la Electrificadora que, si aún no lo ha hecho, reemplace los postes en mal estado, arregle las líneas de baja tensión, instale los elementos de protección del transformador, revise su carga, y en caso de ser necesario, reemplace el hasta ahora existente. Se previno al representante legal de la empresa para que en lo sucesivo, la entidad solucione con prontitud las fallas que puedan presentarse en la prestación del servicio de distribución domiciliaria de energía eléctrica; además de responder de manera oportuna y sustancial las peticiones que ante ella se eleven. Si la entidad omite el cumplimiento de estas obligaciones, podrá ser sancionada por desacato conforme a los contemplado en el Decreto 2591 de 1991. nota 1

· Procedencia de tutela por configurarse vía de hecho por parte de empresa prestadora de servicio, que a pesar de conocer de una conexión fraudulenta no toma las medidas necesarias

La actora arrendó su inmueble pero luego le fue restituido por mora en el pago de los cánones por parte del arrendatario Esta última persona había dejado de cancelar el valor del servicio eléctrico utilizado, por lo que la propietaria solicitó la suspensión del suministro. Al lograr la restitución judicial de su inmueble, solicitó a la Electrificadora la reinstalación del servicio de energía, pero ésta le respondió informándole que tenía una deuda pendiente. La actora solicitó a las empresas demandadas una rebaja en el total facturado por concepto de servicios, y la Electrificadora le respondió que no tenía fundamento su reclamación.

La Corte sostuvo que de acuerdo con los medios de prueba, la actora no requiere el inmueble para su habitación, sino que lo usa para mejorar sus ingresos con el importe de los cánones provenientes de arrendarlo; así, sus condiciones dignas de vida no están directamente afectadas por la falta de suministro de energía a una edificación en la que no reside, y desaparece para la mera suscriptora, la razón que autoriza atribuírle el carácter de fundamental por conexidad al derecho del usuario de ese servicio. De esta manera, tampoco procede la protección de ese derecho por vía tutela. Sin embargo de acuerdo con la Corte, las empresas demandadas sabían que el consumo nunca se suspendió realmente, que el arrendatario burló la medida en forma contraria a la ley y, sin embargo, se limitaron a seguir facturando sin interrupción, y aún continúan incrementando el saldo a su favor.

Esas firmas nunca persiguieron el pago de parte del usuario que actuó de manera fraudulenta y ahora pretenden lograr la cancelación total de la deuda, de quien se mantuvo dentro de los cauces legales: la actora. Tal comportamiento administrativo, no sólo es a todas luces desleal para con la peticionaria, sino que vulnera su derecho a recibir igual trato no sólo de las autoridades, sino de quienes sin serlo, concurren a la prestación de los servicios públicos domiciliarios y, por esto, deben comportarse frente a todos los suscriptores y usuarios como si fueran agentes estatales. En estos términos, las empresas demandadas toleraron un comportamiento que puede constituir un delito continuado contra el patrimonio, y se limitaron a facturar mensualmente el costo del bien mueble sustraído por medio de una acometida fraudulenta.

En consecuencia, incumplieron su deber de actuar de acuerdo con la ley vigente para poner término a tal situación irregular, y para procurar que se exigiera la responsabilidad correspondiente al autor de la conducta irregular detectada, así como se abstuvieron de reclamar de él, el pago correspondiente a los perjuicios que ocasionó. Es indudable, en consecuencia, que las empresas accionadas incurrieron en una vía de hecho, y con ella vulneraron los derechos fundamentales de la actora al debido proceso y a la igualdad. No puede el juez de tutela permitir que se prolongue en el tiempo un comportamiento contrario a los derechos fundamentales de la accionante, cuando ha verificado que se concretó en una clara vía de hecho, y que puede constituir un abuso de la posición dominante de las empresas demandadas, así como ocasionar un perjuicio irremediable, sin adoptar las medidas que resulten necesarias para restablecer los derechos conculcados.

Como tal es la situación en este caso, se otorgó la tutela de los derechos al debido proceso y la igualdad, y se imparten las órdenes necesarias para obtener el restablecimiento del servicio público domiciliario de energía. nota 2

· Procedencia de acción de tutela por negligencia de la empresa prestadora de servicio, al no desconectar la energía de un usuario moroso

La actora instauró acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos al debido proceso, a la igualdad y a la vida digna, los cuales consideró vulnerados por parte de la Empresa de Energía. Afirmó la peticionaria, que es propietaria de un inmueble, donde actualmente habita con su esposo, hija y nietos menores de edad. Manifestó que arrendó el inmueble pero como lo iba a habitar le solicitó la casa al arrendatario, encontrándose con el hecho de que el servicio de energía eléctrica no se había cancelado durante ese lapso. El arrendatario le manifestó que se comprometería a cancelar lo debido, lo cual no hizo y por tal motivo acudió a la Empresa demandada para poner en conocimiento el asunto y solicitar que se le facturara sólo desde la fecha en que ella había entrado a habitar el inmueble, pero la respuesta fue negativa.

Aseguró que el servicio nunca se vio afectado sino cuando la entidad accionada ordenó suspenderlo y recoger la acometida. Adujo que envió un escrito a la empresa poniéndole en conocimiento que el arrendatario había incumplido con el deber de cancelar lo debido por concepto de servicio de energía y le pidió la reinstalación del servicio manifestando que ella estaba dispuesta a pagar los primeros tres meses adeudados y los gastos de reconexión. Le respondieron que ello no era posible y le comunicaron que en cinco oportunidades le habían suspendido el servicio pero que el mismo había sido reconectado por personas ajenas a funcionarios de la entidad.

La accionante solicitó que se ordenara a la demandada reinstalarle el servicio de energía eléctrica y que se le permita pagar lo correspondiente a los tres primeros meses. La Corte sostuvo que, el ordenamiento jurídico habilitaba a la empresa de energía eléctrica a suspender el servicio, a declarar resuelto el contrato de suministro del servicio de energía eléctrica, a proceder al corte del servicio y a promover contra el usuario fraudulento la acción penal correspondiente al delito de hurto. La suspensión del servicio procedía a partir del tercer mes de incumplimiento del contrato, su resolución ante la reincidencia en el incumplimiento, el corte del servicio como una consecuencia de la resolución del contrato y la acción penal procedía por la naturaleza de hurto que la ley le atribuye a la obtención del servicio de energía mediante acometidas fraudulentas.

Éste y no otro era el tratamiento que debía dársele al arrendatario. No obstante, la Empresa de Energía se limitó a suspender la prestación del servicio y a hacerlo de manera sucesiva pese a tener conocimiento de las reconexiones fraudulentas a que acudía el arrendatario. Entonces, la actitud que debió asumir la Empresa no fue la de contemplar la secuencia de reconexiones fraudulentas a que acudió el usuario para acceder al servicio de energía eléctrica sin pagar su costo pues debió resolver el contrato y proceder al corte del servicio y al retiro de la acometida. Esta era su obligación pues su responsabilidad también se halla ligada a evitar el incremento desmesurado de una cuenta por prestación de servicios cuando él se propicia en circunstancias completamente irregulares.

Además, tratándose de un presunto hecho punible percibido con ocasión del servicio, debió ponerse ese hecho en conocimiento de las autoridades correspondientes para que se investigue la eventual responsabilidad penal del arrendatario. El tratamiento dado a la actora fue completamente diferente. A ella se le exigió el pago de la elevada suma de dinero adeudada por el arrendatario del inmueble y si bien no se discute que el propietario, el usuario y el tenedor del inmueble son solidariamente responsables por virtud de la ley, tampoco debe desconocerse que el desbordado incremento de la obligación que el arrendatario tenía pendiente con la empresa prestadora del servicio obedeció a la incuria de ésta y no a otra cosa.

Ante ello, si su negligencia se halla vinculada al incremento de la obligación insoluta, la actora no tiene por qué sobrellevar consecuencias jurídicas que trasuntan un trato discriminatorio en relación con el que se le dio al arrendatario durante el tiempo que vivió en el inmueble. No es cierto que la tutela de derechos fundamentales como los de igualdad y debido proceso se halle condicionada a la información que cada arrendador deba dar a las empresas de servicios públicos sobre quiénes ejercen el derecho de tenencia sobre los inmuebles. Tampoco es cierto que la suspensión y el corte del servicio de energía se condicionen a la solicitud que en ese sentido haga el interesado pues quien verifica el incumplimiento de las condiciones contractuales es la entidad prestadora del servicio y a ella es que habilita la ley para suspender el servicio o para cortarlo en caso de incumplimiento reiterado o de acometidas fraudulentas.

Finalmente, tampoco es cierto que la empresa de energía haya desconocido el hurto de energía cometido en el inmueble de la actora pues basta revisar la historia del suministro de energía prestado para percatarse que en todo momento la empresa tuvo conocimiento del restablecimiento del servicio sin el pago previo de las sumas adeudadas y gracias a las reconexiones fraudulentas propiciadas por el usuario. Por estas razones, La Corte ordenó la reconexión del servicio suspendido y el pago de las facturas causadas a partir del momento en que la actora y su familia ocuparon el inmueble, sin perjuicio de que la Empresa de Energía de pueda reclamar al arrendatario, por otra vía legal, el pago correspondiente a los anteriores meses de servicio.? nota 3

· Ruptura de solidaridad en favor del no usuario luego de dos meses de mora del usuario sin que la empresa haya suspendido el servicio

La empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios suspendió el suministro de energía eléctrica a un predio aduciendo que no había cancelado 20 facturas por concepto de prestación del servicio, que pertenece a un hombre, quien pidió la reconexión con exoneración del pago de las facturas, argumentando que el inmueble lo adquirió por remate en subasta pública y el Juzgado omitió referirlo, por lo cual creyó que se encontraba saneado.

La empresa prestadora de servicios públicos, se opuso a la solicitud, expresando que la suspensión del servicio es una medida autorizada legalmente para aquellos eventos en los cuales el usuario o suscriptor no cancela el valor; además, indicó que existe solidaridad en el contrato. La decisión fue confirmada por la Superintendencia de Servicios Públicos, al resolver la impugnación del actor. Por lo anterior y al haber agotado la vía gubernativa, acudió a la acción de tutela.

La Corte ha manifestado al respecto, que el propietario afectado no fue a su vez usuario del servicio dejado de cancelar, y cuando lo requiere, la empresa le exige pagar la deuda total del inmueble adquirido por remate, caso en el cual es atinente aplicar la regla sobre ruptura de solidaridad prevista en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, modificado por el 18 de la Ley 689 de 2001.

Tal solidaridad se predica respecto de dos períodos de facturación insolutos, de tal manera que en adelante no se puede constreñir al propietario no usuario a cancelar la deuda total, lo que significa que sí la empresa no suspendió el servicio luego de vencido ese lapso de facturación, pierde su derecho de exigirle al no usuario el pago total de la deuda.

Ha sido reiterada la jurisprudencia que precisa que la regla en mención beneficia al propietario no usuario del inmueble, que ha sido asaltado en su buena fe, quien tiene derecho a que se le reinstale el servicio mediante el pago de las dos facturas iniciales, junto con los gastos de reinstalación y reconexión, garantía que opera cuando el propietario ignora que su inmueble se encuentra en mora en el pago del servicio o, cuando teniendo conocimiento de tal hecho, ha reclamado a la empresa la suspensión respectiva.

Por lo tanto la Corte Constitucional ordenó a la Empresa de Servicios Públicos reconectar el servicio de energía eléctrica en el inmueble, previa liquidación del monto de las tres primeras facturas dejadas de cancelar, más los costos de reconexión que corresponden a dicho inmueble, cuyo propietario actual es el accionante. nota 4

· Improcedencia del corte de servicio público domiciliario por falta de pago, en un bien especialmente protegido

El accionante señaló que debido a las precarias condiciones financieras de una entidad prestadora del servicio de salud a niños y mujeres en estado de embarazo, se presentaron retrasos en el pago del servicio de energía, por lo cual se suscribió un acuerdo de pago que se cumplió con algunos retrasos, ante los cuales la empresa prestadora del servicio de energía realizó cortes y suspensiones en el hospital y en los centros de salud adscritos, sin tener en cuenta el carácter social de la entidad.

Afirmó la Corte que el servicio público de energía se caracteriza también por la continuidad en su prestación, por lo que no puede interrumpirse este servicio, sobre la base de que exista al incumplimiento de las obligaciones económicas que le corresponde asumir, máxime cuando además su interrupción genera la afectación o vulneración de un derecho fundamental.

Indicó el Alto Tribunal que cuando la suspensión del servicio tenga como consecuencia el desconocimiento de derechos constitucionales de sujetos especialmente protegidos o afecte gravemente las condiciones de vida de toda una comunidad, una empresa prestadora de algún servicio público domiciliario, debe adoptar la decisión de continuar prestando el servicio a un usuario moroso. En todo caso, para cada asunto en particular, se debe analizar el grado de vulneración de los derechos fundamentales involucrados y las especiales condiciones en que se encuentren las personas afectadas.

La Corte teniendo en cuenta que la suspensión del servicio de energía por parte de la entidad accionada, derivó en una incuestionable amenaza a los derechos fundamentales a la salud por conexidad con la vida y a la integridad física de los usuarios de un establecimiento prestador de salud, que se encuentra protegido constitucionalmente en razón de la calidad de los usuarios, decidió que la tutela era procedente. nota 5

· Deber de las empresas de resolver adecuadamente derechos de petición

La accionante elevó derecho de petición ante una empresa de servicios públicos para solicitar claridad sobre la que considera una facturación excesiva por concepto de consumo de energía, la accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra de decisión de E.S.P que ordena el pago de la deuda por consiguiente la accionante interpone recurso de queja ante la Superintendencia de Servicios Públicos que resuelve negativamente con la consideración de que estuvo bien denegado el recurso de apelación por cuanto la usuaria no acreditó el pago de las sumas que no son objeto de reclamo.

Dice la Corte que la empresa al resolver la solicitud no se ajustó a los requerimientos que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado en relación con el derecho de petición, toda vez que en su respuesta debió indicar, que la facturación correspondía a las lecturas de un medidor instalado en la vivienda y que la visita técnica reportaba como en buenas condiciones, pero, además responder si, conforme a su experiencia y a los datos recolectados en la visita, esas lecturas resultaban razonables en las condiciones de la usuaria y si por consiguiente, no cabía una revisión técnica del medidor o un cambio del mismo, o, por el contrario, un concepto sobre la existencia de patrones anormales de consumo, que, si carecían de explicación, pudieran dar lugar a otro tipo de medias, como, eventualmente, la revisión del medidor. La Corte ordenó a la empresa la práctica de una nueva visita técnica a la vivienda de la accionante, con las garantías propias del debido proceso, para que con base en los resultados de la misma y en la información que obra en el expediente administrativo, produzca una respuesta adecuada a la petición elevada por la usuaria.

Encuentra además la Corte que, en ese contexto, no cabe el amparo contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, porque esa entidad, actuó de acuerdo con las normas legales aplicables, sobre la base de una situación creada por la empresa y que en este proceso se ha considerado omisiva y lesiva del derecho fundamental de petición.

Se decide tutelar el derecho fundamental de petición de la accionante ante la conducta omisiva de la empresa. nota 6

· Evaluación de riesgos y plan de contingencia para minimizar peligros por la ubicación de torres de energía en inmueble

La accionante demanda la protección de sus derechos fundamentales a la integridad física y a la propiedad, en razón de la ubicación de dos torres conductoras de energía en un inmueble de su propiedad, sin cerramiento y sin que medie constitución de servidumbre y el reconocimiento de una indemnización a su favor. Además solicita que se ordene i) ?la legalización los predios donde están ubicadas dichas torres?; ii) el cerramiento de la franja de terreno que está siendo utilizada y iii) las indemnizaciones del caso, ?una vez utilicen el predio para el cercamiento solicitado?.

En particular dice la Corte que corresponde al juez civil, atendiendo a las reglas del derecho privado, resolver los conflictos generados por la ocupación permanente con redes y torres conductoras de energía y lo que compete al juez de tutela es ordenar la valoración de riesgos extraordinarios y disponer la adopción de medidas para restablecer el derecho a la seguridad personal. Se concedió amparo parcial, en la medida en que la accionante cuenta con medios de defensa judicial para confrontar el derecho de la central hidroeléctrica a ocupar una franja de terreno de su propiedad y a obtener las indemnizaciones que reclama y no afronta un perjuicio que amerite la intervención del juez constitucional y se ordenó a la central hidroeléctrica hacer la evaluación de riesgos y elaborar un plan de contingencia que minimice los peligros de los moradores del inmueble.

La decisión por tanto es negar la tutela. nota 7

· Deber de solidaridad a cargo de las empresas de servicios públicos domiciliarios

La actora quien es desplazada por la violencia, solicita la protección a sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los cuales considera vulnerados por la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica, al facturar el servicio público de energía del bien inmueble en el que residía con su núcleo familiar, sin tener en cuenta para ello que por su situación de desplazamiento, no habitó allí durante el período que se le está cobrando.

Desde sus inicios la jurisprudencia de la Corte ha sostenido que la solidaridad se constituye en uno de los pilares del Estado Social de Derecho, el cual impone el despliegue de acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.

En cuanto a su contenido, la misma Corte lo ha entendido como un deber, impuesto a toda persona por el sólo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo. Lo anterior se halla en perfecta concordancia con el deber consagrado en el artículo 95.2 de la Carta Política, el cual establece como deber de la persona y el ciudadano obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.

La solidaridad en las obligaciones y los derechos derivados de la prestación de los servicios públicos está regulada en el inciso segundo del artículo 130 de la Ley 142 de 1994, el cual dispone que el propietario del inmueble, el suscriptor, los usuarios, y también los poseedores (a partir de la reforma de la ley 689 de 2001) del servicio son solidarios en sus obligaciones y derechos derivados del contrato de servicios públicos.

Por su parte, la Ley 142 de 1994, en su artículo 140 consagra el deber de las empresas prestadoras de los servicios públicos de suspender el servicio si el usuario o suscriptor incumple su obligación de pagar oportunamente las facturas dentro del término previsto en el contrato, en dos períodos consecutivos, con lo cual si la empresa incumple la mencionada obligación se romperá la solidaridad prevista en la ley.

En definitiva, si la empresa prestadora de servicios públicos omite un deber impuesto por ley, como lo es el de suspender el servicio en caso de mora, no puede trasladar los efectos de su proceder a terceras personas, pues con ello abusa de su posición dominante frente a los usuarios o suscriptores.

Frente al caso concreto, la Corte considera que la actuación desplegada por la empresa de servicios públicos, de facturar el servicio público de energía, resulta violatorio del derecho fundamental al debido proceso de la actora, en razón a que, durante ese período, ésta no habitó el bien inmueble en el que residía, por razones de fuerza mayor.

En efecto, se observa que de acuerdo con los elementos de juicio incorporados al proceso la empresa actuó al margen del particular contexto en el que estuvo involucrada tanto la actora como su núcleo familiar, quienes, en el marco de una situación de desplazamiento forzado, se vieron compelidos a abandonar su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, además de quedar enfrentados a una situación de carencia en cuanto a recursos económicos se refiere, para efectos de garantizar condiciones de subsistencia dignas.

Por tanto, la Corte resuelve conceder el amparo constitucional del derecho constitucional fundamental al debido proceso de la actora. nota 8



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-058-97
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-927-99
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-334-01
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-028-10
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-1205-04
  6. Corte Constitucional, Sentencia T-801-07
  7. Corte Constitucional, Sentencia T-824-07
  8. Corte Constitucional, Sentencia T-792-09

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