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Última modificación: 2006-11-30
Improcedencia de la tutela cuando no se reúnen los elementos que configuran el perjuicio irremediable

Con el propósito de evitar un perjuicio irremediable el actor interpuso acción de tutela como mecanismo transitorio, por considerar vulnerados su derecho fundamental a la vida y la de su familia, toda vez que la urbanización en la que habita presenta graves problemas en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Afirmó la Corte que el actor no sólo tiene otro medio de defensa judicial, como es la acción popular, sino que puede ejercer otras acciones como demandante o coadyuvante en los juicios que se adelanten para solucionar el problema de alcantarillado en la urbanización en donde afirma habitar. Además, la acción de tutela es improcedente porque no hay ninguna prueba en el expediente en la que se constate que el hecho de que la urbanización no tenga un alcantarillado suficiente, pone en grave peligro la vida del demandante y la de su familia.

La Corte reiteró los elementos que deben reunirse para que se configure el perjuicio irremediable, criterios que se resumen así:

i) que el perjuicio sea inminente y grave, "que amenaza o está por suceder prontamente",

ii) que las medidas a adoptar sean urgentes, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio,

iii) no basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona que la acción de tutela sea impostergable.

iv) La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.

El alto Tribunal resalta que los problemas con el servicio de alcantarillado no son nuevos, sino que se remontan a años pasados; destaca que no es el juez de tutela el llamado a dilucidar asuntos económicos o administrativos que involucran responsabilidades de entidades públicas y privadas, sin que se esté ante la probada violación de derechos fundamentales, además no se constató la existencia de un perjuicio irremediable al demandante.

Por considerar que el actor no sólo tiene como otro medio de defensa judicial acudir a las acciones populares, sino que podría ejercer otras acciones e inclusive actuar por vía de coadyuvancia en las actuaciones que iniciaren las entidades públicas o la constructora, si se cumplen los requisitos legales, la Corte decidió no tutelar los derechos invocados. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-037-05

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