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Última modificación: 2006-12-04
La administración no esta obligada a autorizar la instalación de taximetros a vehículos no autorizados por ella para prestar el servicio público de transporte en su territorio

El actor interpuso acción de tutela contra una Secretaría de Tránsito y Transporte en razón de que consideró vulnerado el derecho fundamental a la igualdad, al negársele la autorización de instalación del taxímetro en su vehículo de servicio público, requisito indispensable para continuar operando, mientras permitía la operación de otros taxis que se encontraban en situación semejante a la suya. Esta situación impidió continuar trabajando el vehículo de transporte público tal y como lo venía haciendo hasta ese momento. El actor invocó el principio de confianza legítima, toda vez que la administración permitió su operación durante 5 años de manera ininterrumpida sin el requisito del dispositivo de medición.

Para la Corte, el principio de la confianza legítima no fue vulnerado por la Secretaría demandada pues la autorización para prestar el servicio público de transporte se originó en otro municipio con desbordamiento de las competencias, permitiéndole al actor operar en ámbito territorial de la Secretaría demandada sin estar autorizado para ello. Esto configuró una situación de hecho.

Tampoco consideró la Corte que se hubiere vulnerado el derecho a la igualdad del actor por el hecho de que la administración no haya sancionado a otros en similar situación, toda vez que ésta, puede legítimamente sancionar a un administrado, sin haber sancionado a otros en igualdad de condiciones.

Afirmó la Corte que el servicio de transporte de acuerdo con la ley es considerado como un servicio público esencial, sobre el que Estado ejerce control y regulación. Tal es el caso de conceder licencias para la adecuada operación de este servicio en el territorio del respectivo municipio. Reiteró la relevancia constitucional del transporte como servicio público, argumentando su carácter de esencial, lo que implica la prelación del interés general sobre el particular, es especial, en cuanto debe garantizar la prestación eficiente del servicio y la protección de los usuarios. Señaló que la ley protege la libertad de empresa y la libre competencia para la prestación de este servicio, con el fin de evitar la competencia desleal, el abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado, para garantizar la eficiencia del sistema y el principio de seguridad.

De conformidad con la Ley 336 de 1996 la prestación del servicio público de transporte está sujeta a la expedición de un permiso, que no es otra cosa que actos administrativos de autorización otorgados por el Estado a los particulares, una vez cumplidos ciertos requisitos que buscan el bien común y la seguridad pública. La Sala decidió no conceder la tutela. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1094-05

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