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Última modificación: 2007-02-12
Obligación de las empresas de servicios domiciliarios de obtener el consentimiento previo, expreso, específico e informado de los usuarios para asociarlos a través de la suscripción de acciones o partes de interés social.

Se presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 131 de la Ley 812 de 2003 que modifica el artículo 151 de la Ley 142 de 1994. Esta norma permite que los usuarios y/o suscriptores de las empresas de servicios públicos domiciliarios a partir de la suscripción de sus acciones o partes de interés social puedan adquirir la condición de asociados, o que, en su lugar, se conviertan en aportantes de las mismas, a través de la canalización de sus inversiones o recursos hacia los fondos de capitalización social.

El accionante sostuvo que la norma desconocía los artículos 1, 2, 4, 13, 20, 333 y 365 de la Constitución Política, ya que obligaba a los usuarios y/o suscriptores a convertirse en accionistas de las empresas de servicios públicos domiciliarios o a realizar aportes a los fondos de capitalización social, sin tener en cuenta su consentimiento para decidir la forma como querían invertir su dinero. De igual manera, afirmó que se ponía en entredicho el derecho al mínimo vital, pues las personas estratificadas en los niveles 1 y 2 de la población, carecían de los recursos suficientes para atender las obligaciones económicas impuestas en la norma demandada, a la vez que aseguraban su digna subsistencia y la de su familia.

Para la Corte, el hecho de que el legislador le haya atribuido a las empresas de servicios públicos domiciliarios la posibilidad de establecer en los contratos de condiciones uniformes, el derecho a que una parte del pago de los servicios públicos le confieran a los suscriptores la alternativa de adquirir acciones o partes de interés social, o de participar en los fondos de capitalización social que se constituyan para asegurar la recuperación y estabilización de dichas empresas; en ningún momento, quebranta la Constitución Política, pues lo que se persigue en realidad a través de la aplicación de estas figuras, es obtener los recursos de capital suficientes que garanticen la continua y permanente prestación de los servicios, en el marco de la viabilidad comercial de las empresas y de acuerdo al deber superior de los usuarios de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado.

Sin embargo, consideró pertinente aclarar que aun cuando en esta ocasión reconocía, como una manifestación del principio de solidaridad que se predica entre los usuarios, el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado a través de las empresas prestadoras de servicios públicos, ello no era óbice para que -en otras oportunidades- este mismo principio constitucional se predicara exclusivamente del comportamiento de las mencionadas empresas.

En todo caso, precisó que la suscripción de estas participaciones no pueden afectar los derechos de los usuarios a recibir el servicio en igualdad de condiciones, como tampoco implicar un aumento en el costo del mismo (sobrecosto), sino que debe corresponder a un pago adicional para financiar o asumir la capitalización de la empresas, en aras de asegurar su estabilidad financiera, la ampliación en la cobertura del suministro del servicio y el mejoramiento en las condiciones de calidad.

De igual forma, señaló que teniendo en cuenta el núcleo esencial del derecho fundamental de asociación, en su aspecto negativo, la única lectura válida de la disposición acusada, es aquella que se limita a reconocer en su contenido normativo, un derecho a favor de los usuarios y/o suscriptores de las empresas de servicios públicos domiciliarios, consistente en poder adquirir acciones o partes de interés social en dichas empresas o participar en los fondos de capitalización social dirigidos a solventar su viabilidad y continuidad comercial, pero sometiendo su ingreso a la manifestación previa, expresa, específica e informada de su consentimiento en asociarse. E indica que una interpretación en el sentido de entender que la norma habilita a las empresas para facturar ese cobro sin mediar la voluntad de los usuarios vulneraría el derecho fundamental de asociación.

De acuerdo con lo anterior, la Corte declaró la constitucionalidad de la norma demandada, bajo el entendido que el derecho a adquirir acciones o partes de interés social de las empresas oficiales, mixtas o privadas de servicios públicos domiciliarios, así como el derecho a participar en los fondos de capitalización social que se constituyan para asegurar la debida prestación de dichos servicios, si bien pueden incorporarse en el contrato de condiciones uniformes, su operatividad en la práctica debe someterse a la manifestación del consentimiento del usuario y/o suscriptor en asociarse.

Para el efecto, a juicio de la Corporación, la manifestación de dicho consentimiento debe ir incorporada en un documento separado distinto a la factura de cobro, a fin de garantizar la voluntad expresa, específica e informada del usuario y/o suscriptor respecto a la adquisición o no de acciones o su participación en un fondo de capitalización social de la empresa. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-075-06

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