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Última modificación: 2007-07-30
El deber de protección del estado abarca tanto a los bienes declarados de interés cultural, como aquellos que sin serlo expresamente hacen parte del patrimonio cultural.

Se demandó la inconstitucionalidad de algunos apartes del artículo 4º de la Ley 397 de 1997 por cuanto la expresión ?declarados? deja desprotegidos el conjunto de bienes materiales e inmateriales que, aunque pertenecen a la Nación e integran su patrimonio cultural, no gozan de protección especial estatal porque no han sido declarados como bienes culturales por la autoridad competente, lo que implica desatención al patrimonio cultural de la Nación y omisión del deber estatal de promover y fomentar el acceso a la cultura. La Corte declaró exequible la expresión ?declarados?.

Del análisis al contenido integral de la disposición impugnada, la Corte concluye que i) el concepto de patrimonio cultural de la Nación es general y el de interés cultural es especial; ii) las expresiones impugnadas no están dirigidas a excluir la protección de los bienes del patrimonio cultural de la Nación, sino a otorgar especial cuidado y garantía a los que se consideran de interés cultural; iii) al aplicar la ley general de la cultura y las normas que lo reglamentan únicamente a los bienes que han sido declarados de interés cultural, ciertamente se establecen restricciones y garantías para esos bienes, excluyéndose de esta forma, los bienes que hacen parte del patrimonio cultural de la Nación que no han sido declarados de interés cultural.

A pesar de que la especial protección al patrimonio cultural de la Nación está restringida a los bienes declarados de interés cultural, dicha restricción no implica el desconocimiento de los deberes del Estado de proteger el patrimonio cultural de la Nación, de fomentar la riqueza cultural y de promover el acceso a la cultura, que los artículos de la Constitución imponen al Estado, pues la interpretación sistemática de las normas que regulan la protección del patrimonio cultural de la Nación evidencia que, además de la Ley 397 de 1997, existen instrumentos nacionales e internacionales ratificados por Colombia que consagran otras formas de protección al patrimonio cultural de la Nación. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-742-06

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