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Última modificación: 2010-12-20
Apelación de los actos administrativos expedidos en virtud del principio de rigor subsidiario por las autoridades ambientales regionales o locales es inconstitucional

Se demanda el Art. 63 (parcial) de la Ley 99 de 1993, porque se considera que vulnera los Arts. 1°, 79, 80, 150, Num. 7, y 287 de la Constitución Política ya que desconocen la autonomía otorgada por la Carta a las Corporaciones Autónomas Regionales y a las entidades territoriales.

Recuerda la Corte que los actos administrativos que profieran las corporaciones autónomas regionales y las entidades territoriales están sometidos al control de legalidad por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, de conformidad con la Constitución Política y el código respectivo, en cuyo ejercicio aquella puede suspender provisionalmente sus efectos mientras profiere la sentencia respectiva. Concluye el Alto Tribunal que la apelación de los actos administrativos expedidos en virtud del principio de rigor subsidiario por las autoridades ambientales regionales o locales, ante la autoridad superior dentro del Sistema Nacional Ambiental - SINA, limita el principio de autonomía de las corporaciones y de las entidades territoriales, sin una justificación razonable, que pudiera fundarse en un interés superior, y, por tanto, vulnera los Arts. 150, Num. 7, y 287 de la Constitución; por lo que se declara la inexequibilidad de la expresión "serán por su naturaleza apelables ante la autoridad superior, dentro del Sistema Nacional Ambiental (SINA), y tendrán una vigencia transitoria no superior a 60 días mientras el Ministerio del Medio Ambiente decide sobre la conveniencia de prorrogar su vigencia o de darle a la medida carácter permanente", contenida en el Art. 63 de la Ley 99 de 1993.

En cuanto a la expresión impugnada: "en concordancia con el artículo 51 de la presente Ley", afirma la Corte que se trata no solamente de la expedición de las licencias ambientales sino también de la aplicación de los demás mecanismos de control ambiental, como es el otorgamiento de permisos, concesiones y autorizaciones, por lo cual visiblemente no se limita el desarrollo del principio de rigor subsidiario ni se vulneran las normas constitucionales señaladas, en consecuencia, el cargo planteado carece de fundamento y la Corte lo declara exequible. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-554-07

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