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Última modificación: 2011-03-24
Principio de precaución como criterio hermenéutico para establecer la necesidad de proteger el ambiente sano ante amenazas graves que no han sido científicamente comprobadas

Los actores afirman que, a raíz de la ubicación de una subestación eléctrica y unos transformadores pertenecientes a la empresa de energía, en el piso inferior del edificio donde viven junto con sus menores hijos, se encuentran en situación de riesgo derivada de la posibilidad de incendio, y del paso de corriente en los electrodomésticos de la cocina. Los actores solicitan la protección constitucional del derecho a un ambiente sano, en conexidad con los derechos a la salud, la integridad física, y a la vida.

La Corte reitera su jurisprudencia referente a procedencia excepcional de la acción de tutela para la protección del derecho al medio ambiente:
(i) Que exista conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o amenaza a un derecho fundamental, de forma tal que el daño o la amenaza del derecho fundamental sea consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo; (ii) Que el peticionario sea la persona directa o realmente afectada en su derecho fundamental; (iii) Que la vulneración o la amenaza del derecho fundamental aparezca expresamente probada en el expediente; y, (iv) finalmente, que la orden judicial busque el restablecimiento del derecho fundamental afectado y no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con la decisión resulte protegido, igualmente, un derecho de esta naturaleza.

Se establece el cumplimiento del requisito de conexidad, en relación con la amenaza del derecho a la integridad física de los peticionarios (riesgo no controlado de incendio), y la integridad física de los menores, (debido al paso de corriente en los electrodomésticos de la cocina). En cuanto a los requisitos de titularidad del derecho fundamental amenazado, de las pruebas de la amenaza del mismo y de la idoneidad de la acción de tutela para su protección, la Corte los encuentra cumplidos.

Como en el caso que se examina no se ha producido ningún daño o vulneración a los derechos invocados por los accionantes, como tampoco existe certeza científica pero si una amenaza grave para los mismos, la Corte acude a lo que se ha llamado el principio de precaución y que se encuentra en el artículo 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, suscrita por el Estado Colombiano, y cuyos principios fueron incorporados a la legislación nacional a través de la ley 99 de 1993, con lo cual el Estado quedó comprometido a aplicarlo según sus capacidades. Este principio permite que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

A partir de la consagración legal del principio de precaución, en diversos pronunciamientos de la Corte, se ha considerado que el mismo se encuentra constitucionalizado, por lo cual se ha convertido en un criterio de interpretación a la hora de dar aplicación a las disposiciones relativas a la protección ambiental.

Para tomar la determinación de adoptar medidas de precaución o prevención a favor de los menores que se encuentran en riesgo, se deben cumplir tres elementos a saber: (i) la posible ocurrencia de un daño grave, sobre el cual (ii), la evidencia científica es en extremo limitada y, lo que resulta de mayor relevancia: (iii) la intensidad del riesgo es mínima, pues la intensidad de los campos es en extremo baja, y la fuente de los campos electromagnéticos ubicada en la instalación eléctrica es sólo uno de muchos factores que generan campos electromagnéticos en el entorno del apartamento.

En síntesis, el riesgo tiene una entidad considerablemente superior a la de los electrodomésticos comunes.

Por tanto, la Corte resuelve proteger el derecho a la integridad física de los peticionarios y sus hijos menores de edad, en conexidad con la vida. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-299-08

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