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Última modificación: 2011-04-25
Las empresas de servicios públicos no tienen la potestad legal para imponer sanciones de tipo pecuniario a los usuarios del servicio

Múltiples personas (49 accionantes) en su condición de usuarios de servicios públicos, solicitan la protección de sus derechos al debido proceso y a la defensa, presuntamente vulnerados por diferentes empresas prestadoras de servicios públicos, en razón a que les cobran sumas de dinero correspondientes a sanciones pecuniarias, ante el uso no autorizado y fraudelento del servicio, ejerciendo una potestad sancionatoria que no les ha sido otorgada por ley.

La Ley 142 de 1994 otorgó ciertas facultades y prerrogativas a las empresas de servicios públicos domiciliarios, con el objetivo de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. En el caso de incumplimiento del contrato por parte de los usuarios y suscriptores del servicio, dichas facultades consisten en la suspensión del servicio y la resolución del contrato y, en caso de que el incumplimiento se dé en el pago de la factura, se permite que las empresas puedan cobrar unilateralmente el servicio consumido y no facturado y los intereses moratorios sobre los saldos insolutos.

Sin embargo, no sucede lo mismo con la posibilidad de que las empresas de servicios públicos domiciliarios impongan sanciones de tipo pecuniario a los usuarios del servicio, ya que ninguna disposición de la Ley 142 de 1994, mediante la cual el legislador reguló de manera especial el tema de los servicios públicos domiciliarios, establece una facultad en tal sentido, ni consagra conductas frente a las cuales las empresas puedan ejercer dicha potestad, como tampoco el procedimiento a seguir.

En anterior jurisprudencia (sentencia C-1123 de 2004) se pronunció sobre la constitucionalidad del aparte del artículo 140 de la ley 142 de 1994, que se refiere a la suspensión del servicio por incumplimiento del suscriptor o usuario y establece que la entidad prestadora puede ejercer todos los derechos que las leyes y el contrato uniforme le conceden para el evento del incumplimiento. En dicha oportunidad el actor consideraba que el artículo autorizaba a las empresas de servicios públicos para imponer sanciones de carácter penal y pecuniario, convirtiéndolas así, en juez y parte. Afirmación que la Corte consideró equivocada. A pesar de que no se pronunció de fondo, se dejó en claro la imposibilidad de derivar del contenido normativo de los artículos 140 y 142 de la Ley 142 de 1994 la potestad de las empresas de servicios públicos domiciliarios para imponer sanciones de contenido pecuniario.
No obstante, de ser posible introducir la cláusula penal dentro de contratos en los que la Administración es parte, no ocurre lo mismo cuando se trata del contrato de servicios públicos domiciliarios, por ser tales servicios inherentes a la finalidad social del Estado y comprometer intereses superiores de la colectividad.

En consecuencia, la Corte afirma que los cobros que se han hecho a los accionantes a título de sanción comportan una clara y evidente violación de los artículos 6, 29 y 210 constitucionales, en tanto constituyen una extralimitación de las funciones y prerrogativas que les han sido reconocidas por la ley a las empresas de servicios públicos domiciliarios. Estas actuaciones, han comportado una vulneración del derecho al debido proceso de los usuarios, por haber sido impuestas con absoluto desconocimiento de los principios de reserva de ley y de los principios de legalidad y tipicidad, en cuanto las conductas, la sanción y el procedimiento que informan el ejercicio de la potestad sancionadora y la regulación de los servicios públicos domiciliarios, debían estar contenidos en la ley.

Por lo anterior y por considerar procedente la acción de tutela ante la comprobada ineficacia del ejercicio de los recursos de vía gubernativa, que interpusieron los accionantes, en razón a que las respuestas de dichos recursos se fundamentaron en la interpretación errónea de que las empresas de servicios públicos tienen la facultad de imponer sanciones pecuniarias, la Corte resuelve conceder la protección constitucional del derecho fundamental al debido proceso de los accionantes. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-1010-08. Ver también la Sentencia T-328-09

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