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Última modificación: 2011-03-24
Prestación de servicios públicos en asentamientos e invasiones ilegales

Se presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 99 de la Ley 812 de 2003, relacionado con la prohibición de invertir recursos públicos en invasiones, loteos y edificaciones ilegales, por considerar que esta norma vulnera los artículos 44, 49, 51 y 366 de la Carta. Argumenta la Corte que de la ilegitimidad de la norma, no ha de concluirse que el Estado tiene la obligación de prestar todos los servicios públicos, de forma incondicionada, en todos los asentamientos e invasiones ilegales o en cualquier construcción que no haya respetado las normas aplicables, tampoco impide que el Estado intervenga o deje de hacerlo, de manera razonable, en los terrenos mencionados, con el fin de proteger los derechos de los respectivos habitantes, avanzar en el desarrollo planificado y organizado de la ciudad y proteger el hábitat urbano. Con el propósito de que se racionalice el uso del suelo urbano, planifique el desarrollo y crecimiento de las ciudades, y protejan los recursos naturales urbanos, considera la Corte que su decisión no debe limitar la aplicación de instrumentos razonables dirigidos a cumplir con el deber estatal de buscar soluciones estructurales para proteger los derechos fundamentales de las personas que habitan en asentamientos o invasiones ilegales, en consecuencia, declara inexequible la norma. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-1189-08

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