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Última modificación: 2011-04-25
La tutela es un mecanismo residual que procede en favor del usuario cuando pruebe la configuración de un perjuicio irremediable para los derechos fundamentales

El actor solicita la protección a sus derechos fundamentales al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la defensa, los cuales considera vulnerados por motivo del cobro de una deuda, correspondiente a 88 facturas del servicio público de agua, alcantarillado y aseo.

La Corte en esta oportunidad reitera jurisprudencia proferida en torno al tema de la procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir la facturación emitida por empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y en la cual ha sostenido que la tutela es un mecanismo residual o subsidiario de defensa que procederá como mecanismo transitorio o definitivo de protección de derechos fundamentales solo en los eventos que se encuentre probado la configuración de un perjuicio irremediable para los derechos fundamentales.

Frente al caso en concreto, antes de resolver sobre la solicitud del actor referente a la ruptura de la solidaridad entre la persona a quien la arrendó el inmueble y él como propietario del mismo, ante el supuesto incumplimiento de la obligación por parte de la empresa prestadora del servicio ante la mora en el pago de la arrendataria, la Corte se ocupa de establecer si se cumplen los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, ante lo cual encuentra que no se cumple con el requisito de subsidiariedad de la acción, en tanto el accionante no afirmó ni presentó prueba de haber elevado petición o reclamación ante la empresa o la superintendencia correspondiente de forma previa a la interposición de la presente acción de tutela.

Igualmente, el actor tampoco argumenta ni demuestra por qué en su caso particular los mecanismos ordinarios disponibles como el agotamiento de la vía gubernativa e interposición de acciones judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa, no son eficaces para la protección de sus derechos fundamentales que considera vulnerados.

Tampoco sustenta en qué consiste el perjuicio irremediable que se podría presentar durante el tiempo que dure el trámite de los mecanismos de protección disponibles, que amerite la procedencia de la presente acción de tutela.

Del mismo modo, el accionante no demostró la posible vulneración de otros derechos fundamentales como los de acceso a los servicios públicos domiciliarios o petición, pues vale decir que la falta de los servicios de acueducto y alcantarillado del inmueble que utiliza para arrendar no puede representar para éste una vulneración de su dignidad como persona.

Por tanto, la Corte resuelve declarar improcedente la acción de tutela. nota 1



  1. Corte Constitucional Sentencia T-370-09

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