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Última modificación: 2011-04-25
La falta de certeza respecto de las causas reales del riesgo o daño, y su relación o no con obras realizadas, no impide que se protejan los derechos invocados y se ordene la adopción de las medidas necesarias para conjurar el peligro

La casa donde vive la accionante presenta debilitamiento en sus cimientos debido a las lluvias. Esta situación tuvo su origen en las excavaciones excesivas con maquinaria y equipos que realizó la sociedad constructora encargada de la canalización de una quebrada, ubicada en el barrio donde habita la accionante. Por tanto, la accionante solicita la protección a sus derechos fundamentales a la vida, vivienda digna, igualdad, integridad física y libre desarrollo de la personalidad, que considera vulnerados por la sociedad constructora y la administración municipal.

En primer lugar, respecto a la procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho a la vivienda digna en conexidad con la salud y la vida, la Corte reitera la sentencia T-125 de 2008, en la cual se establecieron los aspectos jurídico- materiales, que debe analizar el juez de tutela sobre el caso concreto, a saber:

(i) la inminencia del peligro, que debe ser de tal magnitud y actualidad que ponga en riesgo la vida, la salud, la integridad física o la dignidad del interesado y su núcleo familiar, que no exista otra forma de conjurar dicha situación; (ii) la existencia de sujetos de especial protección que se encuentren en riesgo. (iii) la afectación del mínimo vital; (iv) el desmedro de la dignidad humana, expresado en situaciones degradantes que afecten el derecho a la vida y la salud, y (v) la existencia de otro medio de defensa judicial de igual efectividad para lo pretendido. Con los anteriores requisitos o criterios se concluirá, en cada caso concreto, si la protección tutelar procede.

Igualmente, en la mencionada sentencia se resalta que el derecho a la vida en condiciones salubres, tiene una relación directa con la dignidad humana; y es por esto que las personas no deben estar sometidas en su morada a situaciones que afecten o pongan en peligro su salud y el normal desarrollo vital, como serían la persistencia de malos olores, humedad constante, peligro de inundación, deslizamientos, amenaza de ruina, etc. La presencia de alguno de estos factores también pondría en el ámbito de la protección constitucional por vía de tutela, el derecho a una vivienda digna.

Respecto a la solución del caso concreto, la Corte estableció que existe una situación que, aunque de origen ya lejano en el tiempo, sigue siendo actual, que implica peligro para la vida de la accionante y la de los demás miembros de su familia (incluidos menores de edad) y que afecta el derecho de esas mismas personas a una vivienda digna. Dicha situación consiste en encontrarse permanentemente expuestos al desplome de su vivienda, el cual podría sobrevenir como consecuencia de las frecuentes inundaciones, ya que las mismas provocan el hundimiento de los cimientos de la vivienda.

También observa la Corte que la resolución de esta situación por las vías legales ordinarias prolongaría aún más, a un nivel intolerable, la ya dilatada restricción de derechos que afecta a la accionante y a su familia.

Por tanto, la Corte resuelve conceder el amparo solicitado de los derechos a la vida y a la vivienda digna de la accionante y los miembros de su familia. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-432-09

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