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Última modificación: 2011-04-26
El comparendo ambiental no podrá impedir el ejercicio efectivo de la actividad de los recicladores informales

Se demandan los numerales 6, 14 y 15 del artículo 6º de la Ley 1259 de 2008 ?por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones?, por considerarlos violatorios del preámbulo y en los artículos 1, 6, 11, 13, 24, 25, 26, 29, 53, 58, 79, 80, 81, 82, 83 y 93 de la Constitución Política, que califican como infracción la actividad misma de reciclar que desempeñan personas en condiciones de marginalidad, privilegiando así la protección al ambiente sano sobre los derechos fundamentales de los recicladores.

Del análisis realizado frente a cada numeral acusado de la Ley 1259 de 2008, la Corte establece que las normas demandadas tienen un efecto de exclusión, proscripción y sanción de la actividad que se cumple por los recicladores informales de basura.

Respecto a la legitimidad de las medidas adoptadas por la norma acusada la Corte considera que si bien las mismas se orientan a la preservación del espacio público, el medio ambiente y la salubridad, por la manera como están redactadas podrían dar lugar a que se afecte de manera desproporcionada al sector de los recicladores informales, escenario en el cual estarían en contravía con mandatos imperativos que se derivan de la configuración de Colombia como un Estado Social de Derecho, y los cuatro principios fundantes del mismo, cuales son la dignidad humana, la igualdad, el trabajo y la solidaridad.

Las normas acusadas, sin embargo, desde una perspectiva enmarcada solamente en el concepto de cultura ciudadana, adoptan una aproximación sancionatoria, sin contemplar de manera expresa alternativas para los recicladores informales que se verían desplazados de su actividad, lo cual harían desproporcionales las medidas adoptadas por las normas demandadas respecto del fin perseguido, cual es la protección del medio ambiente.

Para la Corte, esa restricción es contraria a la Constitución porque afecta el mínimo vital y el derecho al trabajo, y desconoce el deber del Estado de garantizar espacios de autonomía para que las personas puedan procurarse el sustento y las condiciones de una vida con dignidad, o el deber subsidiario de plantear alternativas, mediante acciones afirmativas que permitan que quienes se ven privados de su medio tradicional de subsistencia, encuentren los escenarios adecuados para el desarrollo de una vida digna.

En el anterior contexto se señala que para la Corte no resulta inconstitucional per se establecer como infracción las conductas de extraer sin autorización el contenido de los recipientes de basura, o utilizar medios inadecuados para el trasporte de la misma, o dar mal manejo a los sitios donde se reciclan los residuos sólidos, pero que sí se advierte en determinados contenidos de las disposiciones acusadas una oposición con la Constitución, que obedece al hecho de que, por la manera como están redactadas, pueden tener un alcance altamente restrictivo de las actividades que realizan los recicladores informales de basura, sin contemplar alternativas para garantizar su participación e inclusión en el marco de las labores que tradicionalmente han venido realizando como medio de subsistencia.

La dicotomía que se presenta entre la protección a los derechos al medio ambiente, salubridad y espacio público, por un lado; y la protección a los derechos fundamentales de los recicladores, lleva a que la Corte acuda en este caso a una sentencia de exequibilidad condicionada que, al paso que permita mantener en el ordenamiento jurídico los contenidos de las disposiciones acusadas que, no solamente no son contrarios a la Constitución, sino que obedecen a objetivos socialmente valiosos, excluya, como contrarios a la Carta, los contenidos normativos que es posible derivar de ellas y que tendrían un impacto lesivo sobre los recicladores informales de basura.

En otras palabras, dentro de una concepción integral del problema de manejo de los desechos, es posible adoptar las medidas de regulación orientadas a evitar que la actividad de los recicladores informales vaya en contravía con los objetivos de aseo, manejo del espacio público y preservación del ambiente, como dejar tirada o esparcida la basura en la calle o en el andén, conducta que, como se admite en la demanda, a no dudarlo, sí amerita ser sancionada, sin recurrir, a priori, a medidas altamente restrictivas de las actividades de los recicladores de la calle, como las que se excluirán del ordenamiento mediante una decisión de exequibilidad condicionada.

Por tanto, la Corte resuelve declarar la exequibilidad de los numerales 6º, 14º y 15º del artículo 6 de la Ley 1259 de 2008, en el entendido de que el comparendo ambiental no podrá impedir el ejercicio efectivo de la actividad de los recicladores informales. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-793-09

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