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Última modificación: 2011-04-26
En los trabajos de exploración minera, debe establecerse previamente el impacto que sobre el medio ambiente y el entorno social estos puedan causar

Se demandan los artículos 203 y 213 (parciales) de la Ley 685 de 2001, ?por la cual se expide el Código Minas y se dictan otras disposiciones? por considerarlos violatorios de los artículos 2, 8, 58, 79, 80, 93, 333 y 334 de la Constitución Política. En primer lugar, se considera que el artículo 203 desconoce que las autorizaciones de uso y aprovechamiento de los recursos naturales deben estar condicionadas a los resultados de los estudios que demuestren si la solicitud es razonable y no representa ningún daño al ecosistema, y en segundo lugar el artículo 213, que establece cuatro causas taxativas para negar la licencia ambiental para la explotación de los recursos naturales, no contempla dentro de las mismas aspectos sustanciales que pueden afectar al medio ambiente.

La Corte, frente a la acusación contra el artículo 203, luego de realizar un estudio sistemático de la ley 685 de 2001 y de la Ley 99 de 1993, encuentra que no es correcto afirmar que el artículo 203 obligue a la autoridad ambiental a autorizar el uso de los recursos naturales renovables, sin ninguna condición, y sin atender a si dicho uso afecta o no el medio ambiente, en tanto resulta claro que la Ley 685 de 2001 persigue fomentar la exploración de los recursos mineros teniendo en cuenta que su aprovechamiento se realice atendiendo a los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible. Agrega que todas las normas de la Ley 685 de 2001, incluido el artículo 203 acusado, buscan desarrollar las normas constitucionales que ordenan al Estado planificar e intervenir la explotación de los recursos naturales, con el fin de conseguir la preservación de un ambiente sano. Igualmente, se dispone en la mencionada ley que en los trabajos de exploración minera, deba establecerse el impacto que sobre el medio ambiente y el entorno social puedan causar, y que en todo caso, tales actividades exploratorias deben acomodarse a las normas y guías adoptadas por el Gobierno.

Según la Ley 99 de 1993, las autoridades ambientales a quienes compete otorgar la autorización a que se refiere la norma acusada deben ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración de los recursos naturales no renovables, que generen o puedan generar deterioro ambiental. Igualmente las autoridades encargadas de expedir las licencias ambientales deben tomar medidas de prevención y protección del medio ambiente.

En efecto, las leyes 685 de 2001 y 99 de 1993 buscan atender a la protección del medio ambiente y al logro del desarrollo sostenible, de donde se infiere que no podía estar dentro de la intención del legislador que las autoridades ambientales autorizaran de plano el uso de recursos naturales renovables, sin considerar el impacto ambiental de dicho uso.

Respecto de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley 685 de 2001, en igual sentido, la Corte afirma que la interpretación literal de esta disposición indica todo lo contrario de lo que sostienen los demandantes, pues la denegación de la licencia sí procede por razones sustanciales. Antes bien, la ley es clara en indicar que sólo procede por ese tipo de razones y por ?errores u omisiones puramente formales?.

Una lectura integral de la Ley 685 de 2001 permite ver que el propósito legislativo general que animó la expedición de esta ley fue alcanzar la protección efectiva del medio ambiente y el logro de un desarrollo económico sostenible, cuando de la explotación de los recursos minerales se trate. De donde se infiere que no podía estar dentro de la intención legislativa disponer que las autoridades negaran el otorgamiento de licencias ambientales solamente por razones formales, sin atender a si con las autorizaciones impartidas se ocasionaba o no un daño al medio ambiente, o se impedía alcanzar metas de desarrollo sostenible.

Así pues, el artículo 213 no es una norma aislada y ella misma remite a otra reglamentación de rango no legal, pero importante para su cabal entendimiento, reglamentación que contiene indicaciones dirigidas a las autoridades encargadas de aprobar licencias ambientales, en donde se ordena atender pautas para valorar el impacto de los proyectos sobre el medio ambiente.

Por tanto, la Corte resuelve declarar exequible el artículo 203 del Código de Minas y la expresión ?solamente? contenida en el artículo 213 del mismo Código. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-813-09

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