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Última modificación: 2011-12-16
Elementos que identifican y definen la acción popular

El accionante manifiesta que sus derechos a la vida y a la propiedad privada han sido vulnerados por un Club Deportivo, toda vez que de las prácticas de tiro que allí se realizaban, las esquirlas y residuos de perdigones y platillos alcanzan los predios de su propiedad y ponen en peligro la integridad física y psicológica de las personas que allí habitan, como son el personal de trabajo y los huéspedes.

La titularidad de derechos cuya protección pide el accionante no pertenecen a la persona jurídica que representa, por lo tanto, no se configura uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la acción de tutela, según el cual, es el titular de los derechos quién debe solicitar el amparo, a menos que se compruebe el no poder hacerlo en forma personal y lo manifieste en debida forma, cumpliéndose así la figura de la agencia oficiosa.

Entonces queda la inquietud de saber con certeza cuál es el mecanismo que el accionante como persona jurídica puede utilizar para la protección de los derechos que considera vulnerados. Frente a esta inquietud, debe resaltarse lo mencionado por el juez de segunda instancia, quien instó al actor para acudir a la acción popular con el fin de proteger los derechos colectivos de quienes conviven en vecindad con el accionado.

La jurisprudencia constitucional ha establecido que deben darse ciertos presupuestos para poder hacer uso de este mecanismo de protección de derechos colectivos: Al respecto en la sentencia T-587 de 2009 se indicó:

??de la lectura sistemática de la ley que reglamentó la acción popular se tienen tres elementos que la identifican y definen:? i) la legitimación, pues es una acción pública a la que puede acceder cualquier persona natural o jurídica para la defensa de derechos que aunque no le pertenecen en forma específica al demandante su vulneración o amenaza le afecta (artículo 12 de la Ley 472 de 1998); ii) su objeto, en tanto que no fue diseñada para la protección de derechos subjetivos o intereses puramente particulares, sino para la prevención o eliminación de factores dañinos con incidencia colectiva, aunque en su salvaguarda indudablemente puedan protegerse derechos individuales (artículo 2º de la Ley 472 de 1998) y iii) la cosa juzgada, como quiera que los efectos del fallo que resuelve la controversia desbordan a las partes y resulta exigible respecto del público en general, salvo que aparezcan nuevas pruebas con posterioridad al fallo (artículo 35 de la Ley 472 de 1998, tal y como fue condicionado por la Corte Constitucional en sentencia C-622 de 2007. La corte deniega por improcedente la acción de tutela interpuesta, contra el Club Deportivo, pues no cabe duda que la acción popular es el mecanismo idóneo por medio del cual se pueden proteger los derechos colectivos de quienes viven en los alrededores del Club accionado, teniendo en cuenta que como persona jurídica, está legitimado para actuar en defensa de la colectividad. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-086-10

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