› Observatorio de Justicia Constitucional
» Derechos Colectivos
Tabla de Contenidos
  • Mostrando únicamente sección 5
5. Defensa del patrimonio público

5.1. Importancia del ministerio público en la defensa del interes colectivo moralidad administrativa

Se demandó la inconstitucionalidad del articulo 160 de la ley 734 de 2002, que faculta al Procurador General de la Nación, o a su delegado especial para el efecto, y al Personero Distrital de Bogotá, en el desarrollo de diligencias disciplinarias, para solicitar la suspensión del procedimiento administrativo, actos, contratos o su ejecución, cuando se evidencien circunstancias que permiten inferir que se vulnera el ordenamiento jurídico o se defraudará al patrimonio público, por considerarlo contrario a los principios constitucionales de buena fe, presunción de inocencia y distribución constitucional de competencias entre el Ministerio Público y la Administración.

La Corte Constitucional señaló en primer término los motivos que justificaron la adopción de la norma por el legislador, e indicó que el constituyente quiso dar a la Procuraduría el carácter pleno de órgano de control y de vigilancia con herramientas suficientes para actuar de manera oportuna y eficaz, todo ello sin invadir la órbita de competencia de otros órganos. Las funciones preventivas del Procurador General de la Nación pueden ser desarrolladas por el legislador en ejercicio de la potestad de configuración que la Constitución le confiere.

En segundo lugar, la Corte expuso las razones por las cuales considera que la medida provisional tal como está diseñada no desconoce las competencias constitucionales de los diversos órganos del Estado, pues consideró que la norma acusada regula las facultades del Procurador General y del Personero de Bogotá en el contexto del proceso disciplinario, pero no atribuye a las autoridades administrativas nuevas competencias para suspender los procedimientos, los actos, los contratos o su ejecución. Estas autoridades, dentro del ámbito de sus funciones y de sus facultades específicas, deben decidir si es necesario hacer cesar los efectos y evitar un detrimento patrimonial y, cuál es el medio apropiado a su alcance en virtud de las leyes vigentes para lograr esos fines, dada la naturaleza del objeto de la solicitud de suspensión puesto que las reglas legales en cada caso son diferentes.

De igual forma, determinó la Corte que no hay lugar a confundir la suspensión provisional de un acto administrativo por parte de los jueces contencioso administrativos con la medida preventiva de solicitud de suspensión por parte del Procurador General y el Personero Distrital, por cuanto ambas figuras tienen alcances y finalidades diferentes: la primera es un acto judicial que suspende temporalmente los efectos de un acto administrativo, la medida provisional que adopta el Procurador o Personero dentro de la investigación disciplinaria sólo tiene la virtualidad de poner en acción a la administración pública para que examine la necesidad de suspender un determinado procedimiento administrativo, acto o contrato, para evitar la vulneración del ordenamiento jurídico o el detrimento del patrimonio público.

En el mismo sentido, no deben confundirse los efectos de la medida provisional de solicitud de suspensión establecida en la norma demandada con los efectos del control fiscal ejercido por la Contraloría General de la República, pues este se ejerce en forma posterior y selectiva sobre la gestión fiscal y puede traer como consecuencia la determinación de la responsabilidad fiscal por el detrimento ya irrogado al patrimonio público y la imposición de las sanciones pecuniarias correspondientes. De otra parte, determinó la Corte que no se vulneran los principios de buena fe y de presunción de inocencia porque el Procurador o el Personero, no están facultados para, al suponer la mala fe de las autoridades administrativas, ?suspender los procedimientos, actos, contratos administrativos, pues la medida preventiva lo es para solicitar la suspensión no para decretarla.

Concluyó la Corte que se trata de un sistema de control que modifica el sistema de riesgos en la actuación administrativa con la finalidad de combatir la corrupción y que puede tener efectos penales, disciplinarios, fiscales y políticos para el servidor público involucrado en actos u omisiones que lesionen el ordenamiento jurídico o el patrimonio público pero tales efectos no surgen de la solicitud, sino de las decisiones que el servidor público adopte en ejercicio de sus funciones y su determinación está supeditada a que se adelanten los procesos establecidos en las leyes para sancionar a un servidor. Por lo anterior, se declaró la exequibilidad de la norma, con respecto de los cargos analizados nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-977-02
5.2. Consagración de medidas preventivas dentro de proceso disciplinario en defensa del patrimonio público

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad se demandaron entre otras, algunas expresiones del artículo 53 de la ley 734 de 2002, relacionado con los particulares disciplinables que cumplan labores de interventoría en los contratos estatales y los particulares que presten servicios públicos a cargo del Estado, así como el artículo 160 de la misma ley, relativo a la facultad de solicitar una suspensión preventiva de procedimientos administrativos, actos o contratos o de su ejecución, en las diligencias disciplinarias y radicadas en cabeza de la Procuraduría General de la Nación y la Personería Distrital de Bogotá.

En cuanto al régimen de los particulares que temporalmente desempeñan funciones administrativas señaló la Corte que no todo tipo de funciones pueden ser atribuidas a los particulares, la Constitución y la ley establecen límites cuando se trata de funciones (i) de contenido político o gubernamental, (ii) de contenido materialmente legislativo o jurisdiccional que ocasionalmente ejercen las autoridades administrativas, (iii) ?exclusivas? de las autoridades administrativas como las funciones que ejerce la Fuerza Pública, (iv) de aquellas que nunca han estado en cabeza de las autoridades administrativas y que por tanto requieren de norma constitucional o legal expresa y directa para ser atribuidas como el caso de determinadas funciones atribuidas a los notarios y a las Cámaras de Comercio (v) o que vacíen de contenido la competencia de la autoridad que las otorga.

Indicó la Corte que el criterio esencial para determinar si un particular puede ser sujeto o no del control disciplinario, lo constituye el hecho de que este cumpla o no de manera permanente o transitoria una función pública, entendida esta como el conjunto de las funciones que cumple el Estado, en orden a alcanzar sus diferentes fines, a través de los órganos de las ramas del poder público, de los órganos autónomos e independientes y de las demás entidades o agencias públicas. La Corte resaltó que el objeto sobre el cual recae la vigilancia de un contrato estatal supone la presencia de recursos públicos y en ese sentido la labor de vigilancia que se le encarga para que el contrato se ajuste a los términos y a la realización de los fines estatales específicos, implica la protección de esos recursos.

Así las cosas, en el cumplimiento de las labores de interventoría en los contratos estatales al particular contratista se le atribuye el ejercicio de una función pública, por consiguiente, le resulta aplicable la ley disciplinaria. Se declaró la exequibilidad de la expresión ?que realicen labores de interventoría en los contratos estatales?. Respecto de la expresión que ?presten servicios públicos a cargo del estado, de los contemplados en el artículo 366 de la Constitución Política?, se declaró la exequibilidad condicionada, bajo el entendido de que el particular que preste un servicio público, solo es disciplinable cuando ejerza una función pública que implique la manifestación de las potestades inherentes al Estado, y estas sean asignadas explícitamente por el Legislador.

En lo referente a la suspensión preventiva consagrada en el citado artículo 160, que el legislador decidió atribuir de manera exclusiva al Personero Distrital de Bogotá y no a los demás personeros, la Corte, encontró que no cabe limitar solamente al Distrito Capital, la aplicación de la norma frente al objeto de la misma -dotar de instrumentos al Estado para prevenir la vulneración del ordenamiento jurídico o la afectación del patrimonio público y luchar contra la corrupción-. Igualmente debe tenerse en cuenta que no solamente se trata de la diferencia de trato que pueda prediCARe entre el Personero Distrital de Bogotá y los demás personeros distritales y municipales sino de la que indirectamente se genera para la administración municipal y para los habitantes de los demás municipalidades del país diferentes del Distrito capital de Bogotá, agobiados igualmente por el flagelo de la corrupción, razón por la cual se declaró la inexequibilidad de las expresiones ?Distrital de Bogota? y ?Distrital nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-037-03

 Ocultar columna

Búsquedas

Modificaciones recientes
2011-12-22
Exequibilidad de la ley que ordena la prohibición de venta de cigarrillos por unidades

2011-12-22
Por motivos de seguridad vial las autoridades locales competentes deben decidir las vÍas por las cuales pueden transitar vehÍculos de tracciÓn animal

2011-12-19
El ambiente sano es un derecho colectivo de cuya satisfacción resultan beneficiados derechos individuales

Presentación
Descargue la presentación del Observatorio de Justicia Constitucional
Descargar (39Kb)

Sabía usted que...
Puede aumentar o disminuir el tamaño del texto de todos los elementos haciendo clic en el tamaño correspondiente en la parte superior de la página.

Contáctenos
Si desea contactarse con el equipo de trabajo del Observatorio de Justicia Constitucional, escríbanos al correo observatorio@defensoria.org.co

Descargas
Constitución Política de Colombia en formato PDF
Descargar (569Kb)

Versión actualizada (julio de 2013)

Ver - Imprimir
Versión completa del documento sobre Derechos Colectivos optimizada para impresión

Informes

Segundo informe del Observatorio de Justicia Constitucional

Marzo de 2007 - febrero de 2011

Descargue el libro

Tomo 1

(7.2 Mb)

Tomo 2

(8.5 Mb)

Primer informe del Observatorio de Justicia Constitucional de la Defensoría del Pueblo

Marzo de 1992 - febrero de 2007

Descargue el libro

Tomo 1

(2.7 Mb)

Tomo 2

(3.0 Mb)

© 2003 - 2006 Defensoría del Pueblo Colombia | línea gratuita nacional 018000 914814
Requisitos técnicos del sitio web | Su uso de este sitio web constituye aceptación de nuestras condiciones de uso y privacidad