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6. Patrimonio cultural

6.1. Improcedencia de la acción de tutela para la protección del patrimonio cultural por enajenación de inmuebles

El actor consideró violado los derechos de su comunidad, por la decisión administrativa de vender un hotel y las zonas aledañas a él. Sostuvo que la comunidad raizal de la zona tiene derechos sobre estos bienes, por lo que la venta sin su consentimiento estaría vulnerando sus derechos. Para la Corte, la presente acción no procede porque versa sobre un derecho colectivo cuya protección judicial debe busCARe a través de una acción popular y no existe un perjuicio irremediable que se pueda evitar con ella a los miembros de la fundación demandante; además, las pretensiones adolecen de falta de objeto.

De igual forma dice que si bien el Congreso no ha ejercido la facultad de someter a condiciones especiales la enajenación de bienes inmuebles con el fin de proteger la identidad cultural de las comunidades nativas, tampoco parece justificado prohibir la venta del hotel y sus áreas aledañas hasta que lo haga.

La Corte fundamenta lo anterior en: i) en el artículo 53 de la Ley 47 de 1993, el legislador aclaró que: ?los bienes que conforman el patrimonio cultural del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pueden ser de propiedad pública o privada?; ii) aún sin expedirse esa regulación sobre condiciones especiales para la enajenación de inmuebles, la escritura de constitución de Protuislas y las demás normas vigentes son suficientes, en este caso, para proteger los intereses de la comunidad raizal; y iii), es perfectamente posible -como se consideró en el cabildo abierto-, que el Departamento adquiera las cuotas de la Corporación Nacional de Turismo y decida vender los bienes inmuebles objeto del conflicto, antes de que el legislador ejerza la facultad en comento. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-111-95
6.2. El deber de protección del estado abarca tanto a los bienes declarados de interés cultural, como aquellos que sin serlo expresamente hacen parte del patrimonio cultural.

Se demandó la inconstitucionalidad de algunos apartes del artículo 4º de la Ley 397 de 1997 por cuanto la expresión ?declarados? deja desprotegidos el conjunto de bienes materiales e inmateriales que, aunque pertenecen a la Nación e integran su patrimonio cultural, no gozan de protección especial estatal porque no han sido declarados como bienes culturales por la autoridad competente, lo que implica desatención al patrimonio cultural de la Nación y omisión del deber estatal de promover y fomentar el acceso a la cultura. La Corte declaró exequible la expresión ?declarados?.

Del análisis al contenido integral de la disposición impugnada, la Corte concluye que i) el concepto de patrimonio cultural de la Nación es general y el de interés cultural es especial; ii) las expresiones impugnadas no están dirigidas a excluir la protección de los bienes del patrimonio cultural de la Nación, sino a otorgar especial cuidado y garantía a los que se consideran de interés cultural; iii) al aplicar la ley general de la cultura y las normas que lo reglamentan únicamente a los bienes que han sido declarados de interés cultural, ciertamente se establecen restricciones y garantías para esos bienes, excluyéndose de esta forma, los bienes que hacen parte del patrimonio cultural de la Nación que no han sido declarados de interés cultural.

A pesar de que la especial protección al patrimonio cultural de la Nación está restringida a los bienes declarados de interés cultural, dicha restricción no implica el desconocimiento de los deberes del Estado de proteger el patrimonio cultural de la Nación, de fomentar la riqueza cultural y de promover el acceso a la cultura, que los artículos de la Constitución imponen al Estado, pues la interpretación sistemática de las normas que regulan la protección del patrimonio cultural de la Nación evidencia que, además de la Ley 397 de 1997, existen instrumentos nacionales e internacionales ratificados por Colombia que consagran otras formas de protección al patrimonio cultural de la Nación. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-742-06
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