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7. Servicio público de transporte

7.1. Adquirentes de empresas de transporte deben obterner sus propios permisos de operación

Se presentó acción de inconstitucionalidad contra el artículo 13 de la ley 336 de 1996 y la expresión ?intransferible?, contenida en el artículo 18 de la misma ley, los cuales disponen que la habilitación y los permisos para la prestación del servicio público de transporte son intransferibles. Reitera la Corte que el otorgamiento de licencias de funcionamiento para operar el servicio público de transporte no genera derechos adquiridos que se incorporen de manera definitiva al patrimonio de los operadores de dicho servicio, sino que da lugar a derechos temporales de operación, sujetos a las nuevas condiciones y modificaciones que se deriven de la regulación legal y reglamentaria, que busca, en todo caso, coordinarlos con los derechos e intereses de la comunidad.

En cuanto al permiso y la habilitación afirmó la Corte que estos no generan un derecho asimilable a la propiedad; pese a que son susceptibles de valoración económica, no pueden negociarse separadamente de la empresa para la cual fueron conferidos, pues no se trata de un bien separable de la empresa, tiene valor sólo como parte de ella. Cuando se transfiere la titularidad de la empresa de transporte en su conjunto, para que la transferencia pueda ser efectiva, el adquirente de la empresa debe, previamente, obtener sus respectivos habilitación y permiso. Lo que pretende la norma es garantizar que quien preste el servicio público de transporte, lo haga al amparo de una habilitación y un permiso que le hayan sido conferidos por la autoridad competente, sin que para el efecto pueda valerse de los que fueron otorgados a otra persona, así sea ésta quien le haya transferido a cualquier título, salvo la sucesión por causa de muerte.

La autoridad competente sólo podría negar los permisos y las habilitaciones cuando concurran circunstancias subjetivas en el adquirente que lo hagan imperativo o cuando se presente un cambio de circunstancias que de la misma manera habría afectado al beneficiario de los permisos o las habilitaciones iniciales. La Corte declaró exequible el artículo 13 de la ley 336 de 1996 y de la expresión ?e intransferible? contenida en el artículo 18 de la misma ley nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-1078-02
7.2. Legitimidad de las sanciones para los conductores que presten el servicio público de transporte con vehículos particulares, sin autorización

Se demandó la inconstitucionalidad de los artículos 26 numeral 5° y 27 parágrafo 1° de la Ley 769 de 2002, ?por la cual se expide el Código Nacional del Transporte?, que establecen:

?Artículo 26. Causales de suspensión o cancelación. La licencia de conducción se suspenderá: (?) 5. Por prestar el servicio público de transporte con vehículos particulares, salvo cuando el orden público lo justifique, previa decisión en tal sentido de la autoridad respectiva. La licencia de conducción se cancelará: (?) 5. Por reincidencia en la prestación del servicio público de transporte con vehículos particulares sin justa causa.?

?Artículo 27. Condiciones de cambio de servicio. (?) Parágrafo 1°. A partir de la fecha de expedición de la presente ley no se podrá cambiar de clase o servicio un vehículo.?

La demandante sostuvo que se estaba limitando el derecho al trabajo y violando la libertad económica y la iniciativa privada, al impedirse mediante la aplicación de estos artículos, que muchas familias enfrentadas al desempleo, se asociaran y conformaran empresas de transporte, con el fin de cubrir las necesidades locales de movilización.

La Corte precisó que las normas que regulan la habilitación o permisos aludidos por la demandante estaban vigentes en la Ley 336 de 1996, razón por la cual las normas acusadas no desconocían esa situación.

Al ocuparse en particular de estas últimas, la Corte precisó que dada la relevancia y los intereses que se pretendían proteger, como son la seguridad de los usuarios y el interés general de la colectividad, el legislador fue más exigente con la normatividad que se aplica a los conductores de vehículos de transporte público. Con ello ?dijo la Corte- no se desconoce el derecho al trabajo, porque sencillamente quien aspire a ejercer dicho oficio, debe sujetarse a las exigencias que establece la ley para esa clase de actividad, pues está de por medio no sólo la seguridad de los usuarios del servicio en cuestión, sino la de peatones, ciclistas, motociclistas y en general quienes se desplacen por las calles y vías públicas. Así las cosas, quien infrinja las disposiciones legales que en materia de conducción se imponen, será acreedor a las sanciones que al efecto establezca la ley.

En ese orden de ideas, la Corte no considera que la consagración de causales de suspensión o de cancelación de las licencias de conducción como las demandadas, puedan ser consideradas contrarias a la Constitución o desproporcionadas. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-408-04
7.3. La administración no esta obligada a autorizar la instalación de taximetros a vehículos no autorizados por ella para prestar el servicio público de transporte en su territorio

El actor interpuso acción de tutela contra una Secretaría de Tránsito y Transporte en razón de que consideró vulnerado el derecho fundamental a la igualdad, al negársele la autorización de instalación del taxímetro en su vehículo de servicio público, requisito indispensable para continuar operando, mientras permitía la operación de otros taxis que se encontraban en situación semejante a la suya. Esta situación impidió continuar trabajando el vehículo de transporte público tal y como lo venía haciendo hasta ese momento. El actor invocó el principio de confianza legítima, toda vez que la administración permitió su operación durante 5 años de manera ininterrumpida sin el requisito del dispositivo de medición.

Para la Corte, el principio de la confianza legítima no fue vulnerado por la Secretaría demandada pues la autorización para prestar el servicio público de transporte se originó en otro municipio con desbordamiento de las competencias, permitiéndole al actor operar en ámbito territorial de la Secretaría demandada sin estar autorizado para ello. Esto configuró una situación de hecho.

Tampoco consideró la Corte que se hubiere vulnerado el derecho a la igualdad del actor por el hecho de que la administración no haya sancionado a otros en similar situación, toda vez que ésta, puede legítimamente sancionar a un administrado, sin haber sancionado a otros en igualdad de condiciones.

Afirmó la Corte que el servicio de transporte de acuerdo con la ley es considerado como un servicio público esencial, sobre el que Estado ejerce control y regulación. Tal es el caso de conceder licencias para la adecuada operación de este servicio en el territorio del respectivo municipio. Reiteró la relevancia constitucional del transporte como servicio público, argumentando su carácter de esencial, lo que implica la prelación del interés general sobre el particular, es especial, en cuanto debe garantizar la prestación eficiente del servicio y la protección de los usuarios. Señaló que la ley protege la libertad de empresa y la libre competencia para la prestación de este servicio, con el fin de evitar la competencia desleal, el abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado, para garantizar la eficiencia del sistema y el principio de seguridad.

De conformidad con la Ley 336 de 1996 la prestación del servicio público de transporte está sujeta a la expedición de un permiso, que no es otra cosa que actos administrativos de autorización otorgados por el Estado a los particulares, una vez cumplidos ciertos requisitos que buscan el bien común y la seguridad pública. La Sala decidió no conceder la tutela. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1094-05

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