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Última modificación: 2008-07-24
Violación de los deberes generales de respeto y garantía de los derechos y de adoptar medidas de derecho interno por aplicación de legislación de emergencia que suprime garantías previstas en la convención

En el Caso Castillo Petruzzi y otros, la Corte reitera su jurisprudencia sobre el alcance de la obligación que tienen los Estados de respetar y garantizar los derechos, contenida en el artículo 1.1 de la Convención y sobre el deber de abstenerse de dictar medidas que violen los derechos, contemplado en el artículo 2 de la Convención. La Corte sostiene que el Estado, al someter a las víctimas del presente caso a procedimientos violatorios de diversas disposiciones de la Convención, ha incumplido su deber de respetar los derechos reconocidos en ella y de garantizar su libre y pleno ejercicio, como dispone el artículo 1.1. La Corte declara que las disposiciones contenidas en la legislación de emergencia adoptada por el Estado para hacer frente al terrorismo, y en particular los Decretos-Leyes aplicados a las víctimas, infringen el artículo 2 de la Convención, por cuanto el Estado no ha tomado las medidas adecuadas de derecho interno que permitan hacer efectivos los derechos consagrados en la misma y así lo declara la Corte. El deber general del artículo 2 de la Convención implica la adopción de medidas en dos vertientes: i) la supresión de las normas y prácticas que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención; ii) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. Evidentemente, el Estado no ha llevado a cabo, en lo que atañe a las disposiciones aplicables al juicio de los inculpados, lo que debiera realizar a la luz del artículo 2 de la Convención. Por lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Como la Corte ha declarado que las normas internas que hacen aplicable a civiles la justicia militar son violatorias de los preceptos de la Convención, el Estado debe adoptar las medidas apropiadas para reformar dichas normas y asegurar el goce de los derechos consagrados en la Convención a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, sin excepción alguna. nota 1

1. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 52 . Reiterado en el Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 119 .