› Observatorio de Justicia Constitucional
» Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)
Tabla de Contenidos
Última modificación: 2008-07-28
Violación de las garantías judiciales cuando delitos comunes son juzgados por la justicia militar

En el Caso Lori Berenson Mejía, con respecto a la jurisdicción penal militar, la Corte ha establecido que en un Estado democrático de derecho dicha jurisdicción ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. Por ello, sólo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y al debido proceso, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia. nota 1

En el Caso Durand y Ugarte, la Corte sostuvo que los militares encargados de la debelación del motín hicieron un uso desproporcionado de la fuerza que excedió en mucho los límites de su función, lo que provocó la muerte de un gran número de reclusos. Por lo tanto, los actos que llevaron a este desenlace no pueden ser considerados delitos militares, sino delitos comunes, por lo que la investigación y sanción de los mismos debió haber recaído en la justicia ordinaria, independientemente de que los supuestos autores hubieran sido militares o no. Pese a lo dicho, la justicia militar llevó adelante la investigación por los hechos ocurridos en el penal y sobreseyó el proceso seguido contra los militares involucrados. Así, los familiares de las víctimas no contaron con un recurso efectivo que les garantizara el ejercicio de sus derechos, dando lugar a la falta de identificación de los responsables en el trámite seguido en el fuero militar y al no empleo de la diligencia debida para identificar y establecer el paradero de las víctimas. Además, es razonable considerar que los funcionarios del fuero militar que actuaron en el proceso encaminado a investigar los sucesos carecían de la imparcialidad e independencia requeridas por el artículo 8.1 de la Convención para investigar los hechos de una manera eficaz y exhaustiva y sancionar a los responsables por los mismos. En consecuencia, el artículo 8.1 de la Convención, en conexión con el artículo 25.1 de la misma, confiere a los familiares de las víctimas el derecho a que la desaparición y muerte de estas últimas sean efectivamente investigadas por las autoridades del Estado; se siga un proceso contra los responsables de estos ilícitos; en su caso se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido. Ninguno de estos derechos fue garantizado en el presente caso a los familiares de los señores Durand Ugarte y Ugarte Rivera. Por lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó, en perjuicio de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera y de sus familiares, los derechos a las garantías y a la protección judiciales (artículos 8.1 y 25.1 de la Convención). Por lo tanto, la Corte ordena al Estado a hacer todo el esfuerzo posible para localizar e identificar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares, así como para investigar los hechos, procesar y sancionar a los responsables. También ordena al Estado pagar una justa indemnización y el resarcimiento de los gastos en que hubieran incurrido los familiares con motivo de las gestiones relacionadas con este proceso. nota 2

En este mismo orden de ideas en el Caso 19 comerciantes, la Corte decide que el juzgamiento de los militares vinculados a la investigación de los delitos cometidos contra los 19 comerciantes por jueces penales militares era improcedente puesto que carecían de competencia, ya que los militares incriminados no estaban en ejercicio de sus funciones en la ocurrencia de los hechos. Implicó una violación al principio de juez natural y, consecuentemente, al derecho al debido proceso y acceso a la justicia, y además conllevó a que no fueran investigados y sancionados por tribunales competentes los miembros de la fuerza pública que participaron en los hechos. nota 3



  1. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 119 . Caso 19 comerciantes Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 109 .
  2. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 68 .
  3. Caso 19 comerciantes Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 109 .

© 2003 - 2006 Defensoría del Pueblo Colombia | línea gratuita nacional 018000 914814
Requisitos técnicos del sitio web | Su uso de este sitio web constituye aceptación de nuestras condiciones de uso y privacidad