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Última modificación: 2008-07-28
Violación de las garantías judiciales y del deber de protección judicial en proceso administrativo de despido de trabajadores estatales

La Corte observa que el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención, deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas. En el Caso Baena Ricardo y otros, el Presidente de la República determinó que había una vinculación entre el paro de labores de los trabajadores estatales y el movimiento del Coronel Eduardo Herrera Hassán y, con base en ello, ordenó que se despidiese a los trabajadores que habían participado en dicho paro, presumiéndose su culpabilidad. Incluso, la forma utilizada para determinar quiénes habían participado en el, esto es, la identificación del inculpado por parte del directivo de cada institución, utilizando en algunos casos "informes" realizados por diversos jefes de la entidad, significó la negación a los trabajadores de un proceso formal previo a la destitución. Una vez identificado el trabajador que supuestamente había infringido la norma, se procedía a despedirlo mediante la entrega de una carta, sin permitírsele presentar alegatos y pruebas en su defensa. Una vez impuesta la sanción, el funcionario público podía solicitar su reconsideración a la misma autoridad que lo había despedido, así como apelar ante el superior jerárquico de dicha autoridad. Sin embargo, consta en el acervo probatorio que no todos los recursos interpuestos fueron siquiera contestados, lo cual implica una violación al derecho de recurrir. Al aplicar una sanción con tan graves consecuencias, el Estado debió garantizar al trabajador un debido proceso con las garantías contempladas en la Convención. En cuanto a los procesos judiciales, la Corte encontró que el Estado no proporcionó elementos sobre los casos de todos los trabajadores, y de los que proporcionó se desprende la ineficacia de los recursos internos, en relación con el artículo 25 de la Convención. Así se evidencia que los tribunales de justicia no observaron el debido proceso legal ni el derecho a un recurso efectivo, pues los recursos intentados no fueron idóneos para solucionar el problema del despido de los trabajadores. Con base en lo expuesto y, en particular, en el silencio del Estado en torno a casos específicos, la Corte concluye que el Estado violó los artículos 8.1, 8.2 y 25 de la Convención, en perjuicio de los 270 trabajadores. nota 1



  1. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Sentencia Serie C. No. 72 .

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