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Última modificación: 2008-07-29
Violación de las garantías judiciales y el deber de protección judicial por impedir el derecho de acceso a la justicia al cobrar una tasa judicial y fijar honorarios desproporcionados

En el Caso Cantos, así fue el trámite en la Corte Suprema: En 1982 el señor Cantos y el Gobernador de la Provincia presuntamente suscribieron un convenio, en el cual el segundo reconocía al primero una indemnización por los daños sufridos por el señor Cantos y sus empresas como producto de las confiscaciones llevadas a cabo en el año 1972. Cuatro años después, el señor Cantos solicitó al Gobernador cumplir el convenio y ante el silencio de dicha dependencia, solicitó que se dejara constancia de la conclusión de todo trámite administrativo para adelantar la acción judicial pertinente. En 1986, el señor Cantos presentó ante la Corte Suprema de Justicia demanda contra la Provincia y el Estado Argentino, sobre la ejecución del convenio suscrito en 1982. Desde el inicio de la causa ante la Corte Suprema de Justicia, se dictaron varias suspensiones en el proceso. En 1986 los representantes de la Provincia y del Estado presentaron sus escritos de excepciones relativos a la falta de legitimidad y de validez del convenio y prescripción de la acción. El señor Cantos solicitó la intervención del Fiscal de Estado de la Provincia con el fin de evitar posteriores nulidades, lo cual fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia. A finales de 1986 la Provincia y el Estado contestaron la demanda y la Corte Suprema de Justicia acumuló las excepciones preliminares al fondo, con el objeto de determinar la validez del convenio y aplicar las normas correspondientes sobre la prescripción. Durante la etapa probatoria las partes se opusieron a las pruebas aportadas por las contrarias. Hasta 1990 se discutió en el procedimiento sobre diferentes pruebas ofrecidas por las partes. nota 1

El dictamen sobre un presunto acuerdo transaccional: En 1989, 15 senadores de la Nación dirigieron notas al Procurador del Tesoro de la Nación para que se diese solución a la petición de arreglo extrajudicial interpuesta por el señor Cantos. En 1990 la Procuración del Tesoro Nacional autorizó el inicio del acuerdo transaccional entre el señor Cantos y el Ministerio del Interior y el señor Cantos presentó un escrito ante la Corte Suprema aludiendo al proceso de acuerdo transaccional para lo cual adjuntó documentos y pidió copias certificadas de los mismos. La Fiscalía del Estado de la Provincia contestó alegando la improcedencia procesal de la diligencia invocada por el señor Cantos. El Ministerio del Interior negó que hubiese existido dicho trámite y que hubiese sido suscrito por autoridad estatal. En 1992 la Procuración del Tesoro de la Nación ordenó al Director Nacional de Dictámenes y al Secretario de la Comisión Nacional de Transacciones de la Procuración que informaran sobre la existencia del dictamen emanado del organismo en el que se hubiera hecho mención o análisis de la acción judicial promovida por el señor José María Cantos contra el Estado Nacional o la Provincia. El Subdirector General de Coordinación del Cuerpo de Abogados del Estado señaló la inexistencia de la aprobación para llevar a cabo un acuerdo transaccional con el señor Cantos. La Procuración del Tesoro Nacional entrevistó al exprocurador, quien negó la autenticidad de los dictámenes de dicha entidad firmados por éste y allegados al proceso y el Procurador solicitó la intervención de la Procuración General a fin de elevar a la Corte Suprema de Justicia los anteriores antecedentes. La Corte Suprema de Justicia admitió adjuntar al proceso los escritos del exprocurador, en donde se manifiesta la falsedad de los documentos allegados por señor Cantos. El Fiscal Adjunto de la Procuración General de la Nación denunció penalmente al señor Cantos y el juez decidió sobreseer al señor Cantos, en razón de que no puede reprocharse al denunciado vinculación alguna con las faltas internas de la Comisión Asesora de la Procuración del Tesoro de la Nación y tampoco con una supuesta falsificación y/o estafa procesal.

La tasa judicial y el monto litigioso: En 1987 el señor Cantos dejó constancia de haber pagado la tasa judicial mínima, pues el monto de su cuantía era indeterminado y solicitó el beneficio de litigar sin gastos. La Corte Suprema de Justicia intimó al señor Cantos a pagar la tasa judicial con base en la estimación del monto litigioso en la demanda. El Estado solicitó suspensión de la causa hasta que el señor Cantos no hiciese el pago de la tasa judicial y dicha suspensión fue adoptada por la Corte. El Fisco Nacional solicitó la actualización, por parte del señor Cantos del monto litigioso y la Corte Suprema de Justicia ordenó al Fisco determinar la tasa a tributar del proceso. La Corte solicitó al señor Cantos que pagase la tasa de justicia por un monto de 83.400.059 pesos so pena de incurrir en una multa equivalente al 50% del monto si no pagaba dentro de los cinco días siguientes y de decretar la suspensión del proceso. La Corte reanudó los términos después de una suspensión de un año y le ordenó al señor Cantos pagar la tasa judicial y le impuso pena de multa.

Con respecto a la audiencia de conciliación y la sentencia: A fines de 1994 el señor Cantos solicitó sentencia o la celebración de una audiencia de conciliación y la Corte Suprema de Justicia negó la petición. El Fiscal del Estado de la Provincia y el Estado Federal presentaron alegatos y solicitaron que se dictara sentencia rechazando la demanda en todas sus partes. El señor Cantos solicitó audiencia de conciliación y, luego de dos aplazamientos, la Corte Suprema de Justicia dictó, el 3 de septiembre de 1996, sentencia definitiva declarando inoponible a la provincia demandada el convenio suscrito en 1982 y aplicó la prescripción por la naturaleza extracontractual de la obligación alegada.

Con respecto a los honorarios de abogados y peritos: Según lo establecido por la ley argentina la determinación de los honorarios se efectúa con la aplicación de un porcentaje preestablecido al monto litigioso y para los efectos de esta causa los honorarios ascendían a US$6.454.185,00. En 1994 la Corte Suprema reguló honorarios de los 7 apoderados de las partes y de los dos peritos únicos de oficio. El señor Cantos solicitó aclaración de la providencia y requirió se formasen incidentes respecto de la cuestión de la tasa judicial y de la regulación de honorarios para no atrasar más la continuación del proceso, lo que fue rechazado por la Corte. Finalmente, el 17 de diciembre de 1996 la Corte Suprema de Justicia reguló los honorarios, de conformidad con la ley y fijó con carácter definitivo los honorarios de los 16 abogados intervinientes y del consultor técnico del Estado Nacional, en un monto de 6.948.835,00 pesos argentinos (equivalente al mismo monto en dólares de los Estados Unidos) que habían sido fijados provisionalmente en 1994. En 1997 nueve de los profesionales a favor de quienes se reguló honorarios solicitaron el embargo preventivo sobre el importe que el señor José María Cantos tenga derecho a percibir ?con respecto al reclamo por él efectuado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y/o cualquier otro concepto que, por cualquier otra causa, le pudiera corresponder?, la cual fue decretada por la Corte Suprema de Justicia.

Consecuencias del proceso ante la Corte Suprema: Como producto de la falta de pago de la tasa judicial y los honorarios, el señor Cantos recibió una ?inhibición general? para llevar acabo su actividad económica. El señor Cantos y sus abogados incurrieron en gastos y costas para la tramitación de los diferentes procesos internos e internacionales.

Sobre los aspectos procesales en el proceso ante la Corte Suprema de Justicia, La Corte se refirió al deber positivo de garantía que tienen los Estados hacia los individuos sometidos a su jurisdicción. Ello supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, constituye una violación del artículo 1.1 de la Convención. Para la Corte, el artículo 8.1 de la Convención consagra el derecho de acceso a la justicia. De esta disposición se desprende que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la administración de justicia, debe entenderse contraria al artículo 8.1 de la Convención. El artículo 25 de la Convención que se refiere al deber de protección judicial, también consagra el derecho de acceso a la justicia. Al analizar el artículo 25 la Corte ha señalado que éste establece la obligación positiva del Estado de conceder a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Cualquier medida que impida o dificulte hacer uso de este recurso constituye una violación del derecho al acceso a la justicia, bajo la modalidad consagrada en el artículo 25 de la Convención.

El reclamo planteado por el señor Cantos ante la Corte Suprema de Justicia de la Argentina asciende a 2.780.015.303,44 pesos equivalentes al mismo monto en dólares de los Estados Unidos de América. De acuerdo con la ley argentina, la tasa de justicia por abonar era equivalente a un 3% del total del valor de la litis. La tasa de justicia es la suma de dinero que todo demandante judicial debe pagar para tener acceso a la justicia y según las leyes argentinas la misma sólo responde a un porcentaje y no tiene un tope máximo. Para el caso en particular ese 3% corresponde a 83.400.459,10 pesos equivalentes al mismo monto en dólares de los Estados Unidos de América. Esta suma de dinero no ha sido efectivamente pagada, pero el señor Cantos la adeuda al igual que la multa impuesta, por el 50% de dicha suma de dinero, o sea, a 41.700.229,50, equivalentes al mismo monto en dólares de los Estados Unidos de América. Lo que este Tribunal debe decidir en este caso es si la aplicación de la ley y la consecuente determinación de una tasa de justicia de 83.400.459,10 es compatible con los artículos 8 y 25 de la Convención, referentes al derecho al acceso a la justicia y al derecho a un recurso sencillo y rápido. Esta Corte ha señalado que el Estado no puede eximirse de responsabilidad respecto a sus obligaciones internacionales argumentando la existencia de normas o procedimientos de derecho interno. Y debe dejar establecido que la suma fijada por concepto de tasa de justicia y la correspondiente multa constituyen, a criterio de este Tribunal, una obstrucción al acceso a la justicia, pues no aparecen como razonables, aún cuando la mencionada tasa de justicia sea, en términos aritméticos, proporcional al monto de la demanda. Esta Corte considera que si bien el derecho al acceso a la justicia no es absoluto y puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, lo cierto es que éstas deben guardar correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho. En consecuencia, el monto por cobrar en este caso, no guarda relación entre el medio empleado y el fin perseguido por la legislación argentina, con lo cual obstruye el acceso a la justicia del señor Cantos, y en conclusión viola los artículos 8 y 25 de la Convención.

Este Tribunal estima que para satisfacer el derecho de acceso a la justicia no basta que en el respectivo proceso se produzca una decisión judicial definitiva. También se requiere que quienes participan en el proceso puedan hacerlo sin el temor de verse obligados a pagar sumas desproporcionadas a causa de haber recurrido a los tribunales. Esta última situación se agrava en la medida en que para forzar el pago procedan las autoridades a embargar los bienes del deudor o a quitarle la posibilidad de ejercer el comercio. La Corte Suprema de Justicia ha aplicado también una ley interna que toma como base el monto de la demanda para regular los honorarios de los abogados intervinientes (los del señor Cantos, los del Estado y los de la Provincia), del consultor técnico del Estado y de los peritos. A la luz de los razonamientos anteriores, este Tribunal considera que el cobro de honorarios profesionales regulados con base en el monto de la litis, en los términos de este caso, impone al actor una carga desmedida y se transforma, en un elemento obstructor de la efectiva administración de justicia.

En cuanto a los artículos 8 y 25 de la Convención que garantizan el derecho a una respuesta de la autoridad judicial dentro de un plazo razonable, la Corte observa que, en principio, los diez años transcurridos entre la presentación de la demanda del señor Cantos ante la Corte Suprema de Justicia y la expedición de la sentencia que puso fin al proceso, implican una violación de la norma sobre plazo razonable por parte del Estado. No obstante, un examen detenido del desarrollo del aludido proceso, muestra que tanto el Estado como el demandante, el señor Cantos, incurrieron en comportamientos que incidieron en la prolongación de la actuación judicial interna. Si la conducta procesal del propio interesado en obtener justicia ha contribuido en algún grado a prolongar indebidamente la duración del proceso, difícilmente se configura en cabeza del Estado una violación de la norma sobre plazo razonable. En todo caso, teniendo en cuenta la complejidad del asunto y el desinterés del actor, entre otros factores, la duración global del proceso litigioso no revestiría la importancia necesaria para declarar la violación de los artículos que protegen el derecho al acceso a la justicia y a las garantías judiciales. Este Tribunal carece de elementos para declarar que el Estado de Argentina ha violado los artículos 8 y 25 de la Convención que consagran el derecho de obtener respuesta dentro de un plazo razonable a las demandas planteadas a las autoridades judiciales.

Respecto de los aspectos sustanciales del proceso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y concretamente de la sentencia dictada el 7 de septiembre de 1996, para la Corte Interamericana resulta difícil establecer que constituya per se una infracción a la Convención. Esto ocurriría sólo si dicha sentencia fuera en sí misma arbitraria. En general, puede decirse que la sentencia debe ser la derivación razonada del derecho vigente, según las circunstancias de hecho obrantes en la causa. Pero no bastaría que una decisión judicial dejara de ajustarse a esta regla para que pudiera ser tachada de arbitraria. Una sentencia arbitraria tendría las formas de una sentencia judicial, pero presentaría vicios de tal gravedad que la descalificarían como acto jurisdiccional. En el presente caso, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia se funda en las normas sobre validez y nulidad de los actos jurídicos, principalmente en el análisis del convenio suscrito en 1982, y en la prescripción liberatoria que debe aplicarse por la invalidez de aquél. A criterio de la Corte, ese acto no puede ser considerado como una sentencia arbitraria.

Por todo lo expuesto, la Corte considera que el Estado violó los artículos 8 y 25 en relación con el artículo 1.1, en perjuicio del señor José María Cantos. nota 2



  1. Para ver los hechos del Caso Cantos Vs. Argentina. Sentencia Serie C. No. 97 .
  2. Caso Cantos Vs. Argentina. Sentencia Serie C. No. 97 .

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