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Última modificación: 2008-07-29
Violación de las garantías judiciales en especial para el caso de menores

La Corte ha señalado que las garantías consagradas en el artículo 8 de la Convención se reconocen a todas las personas por igual, y deben correlacionarse con los derechos específicos que estatuye, como por ejemplo en el caso de los menores de edad. Si bien los derechos procesales y sus correlativas garantías son aplicables a todas las personas, en el caso de los niños el ejercicio de aquéllos supone, por las condiciones especiales en las que se encuentran los niños, la adopción de ciertas medidas específicas con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y garantías. En este sentido son dos las previsiones que debe hacer el derecho interno con respecto a las garantías judiciales que deben observarse en los casos en que estén implicados los derechos de los niños. El establecimiento de órganos jurisdiccionales especializados para el conocimiento de conductas penalmente típicas atribuidas a aquéllos y un procedimiento especial por el cual se conozcan estas infracciones a la ley penal.

En el Caso Instituto de Reeducación del Menor, la Corte estableció que el Estado de Paraguay, al no establecer un órgano jurisdiccional especializado para niños en conflicto con la ley hasta el 2001, ni un procedimiento diferente al de los adultos que tuviera en consideración de manera adecuada su situación especial, violó los artículos 2 y 8.1 de la Convención, ambos en relación con los artículos 19 y 1.1 de la misma, respecto de los niños que estuvieron internos en el Instituto entre el 14 de agosto de 1996 y el 25 de julio de 2001. nota 1

En este mismo sentido la Corte establece que cuando se trata de menores de edad, la violación del artículo 8, se da cuando se exceden los estándares internacionales en materia de plazo razonable y no se alcanza el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de recursos efectivos. En particular cuando no se le informa al juez de menores sobre la detención de la víctima, y cuando no se les provee a los familiares del implicado un recurso judicial efectivo para esclarecer las causas de la detención y muerte del menor, sancionar a los responsables y reparar el daño causado. nota 2



  1. Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 112 .
  2. Caso Bulacio Vs. Argentina. Sentencia. Serie C. No. 100 .

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