› Observatorio de Justicia Constitucional
» Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)
Tabla de Contenidos
Última modificación: 2008-07-31
Obligación del estado de brindar en forma gratuita tratamiento adecuado y medicamentos a los familiares de las víctimas

En el Caso de la ?Masacre de Mapiripán?, la Corte consideró necesario implementar una medida de reparación que busque reducir los padecimientos psicológicos de todos los familiares de las víctimas ejecutadas o desparecidas. Por tanto, el Tribunal dispuso la obligación a cargo del Estado de brindar gratuitamente, sin cargo alguno y por medio de los servicios nacionales de salud, el tratamiento adecuado que requieran dichas personas, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos, a partir de la notificación de la Sentencia a quienes ya están identificados, y a partir del momento en que realice su identificación en el caso de quienes no lo están actualmente, y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión de medicamentos. Al proveer el tratamiento psicológico se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada uno de ellos y después de una evaluación individual. nota 1

En el Caso de la Masacre de Pueblo Bello, la Corte dispuso que el Estado debe brindar gratuitamente, sin cargo alguno y por medio de los servicios nacionales de salud, el tratamiento adecuado que requieran dichas personas, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos, a partir de la notificación de la sentencia a quienes ya están identificados, y a partir del momento en que realice su identificación en el caso de quienes no lo están actualmente, y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión de medicamentos. Al proveer el tratamiento psicológico se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada uno de ellos y después de una evaluación individual. nota 2

En el Caso de las Masacres de Ituango, con el fin de contribuir a la reparación de estos daños, el Tribunal dispuso la obligación a cargo del Estado de brindar gratuitamente, sin cargo alguno y por medio de los servicios nacionales de salud, el tratamiento adecuado que requieren los familiares de las víctimas ejecutadas, previa manifestación de su consentimiento, y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión de medicamentos. nota 3

En el Caso Gómez Palomino, la Corte consideró que el Estado debe brindar por medio de sus instituciones de salud especializadas, el tratamiento médico y psicológico requerido por todas las víctimas, a partir de la notificación de la Sentencia y por el tiempo que sea necesario. Este tratamiento será gratuito, sin cargo alguno e incluirá los medicamentos y exámenes que éstos requieran. Para este tratamiento deberá pedirse el consentimiento de sus beneficiarios. nota 4

En el Caso Baldeón García, la Corte dispuso que el Estado debe brindar gratuitamente, a través de las instituciones de salud que designe, el tratamiento psicológico y psiquiátrico, según sea el caso, a los familiares del señor Baldeón García, si así lo requieren y por el tiempo que sea necesario. Dicho tratamiento debe incluir, inter alia, los medicamentos que puedan ser necesarios. Al proveer el tratamiento se deben considerar las circunstancias particulares de cada persona y las necesidades de cada una de ellas, de manera que se les brinden tratamientos familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada una de dichas personas, y después de una evaluación individual nota 5

En el Caso Goiburú y otros, la Corte dispuso la obligación a cargo del Estado de brindar, sin cargo alguno y por medio de los servicios nacionales de salud, el tratamiento adecuado que requieran dichas personas, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos, a partir de la notificación de la Sentencia, y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión de medicamentos. Al proveer el tratamiento psicológico se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada uno de ellos y después de una evaluación individual. nota 6

En el Caso Vargas Areco, la Corte dispuso que el Estado debe brindar el tratamiento médico y psicológico requerido, individual y de grupo, conforme a las características del caso y según lo determinen los profesionales a cargo de dicho tratamiento, a través de las instituciones públicas de salud, en forma gratuita y con inclusión de los exámenes y medicamentos pertinentes. nota 7

En el Caso del Penal Miguel Castro Castro, la Corte dispuso que el Estado debe brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, el tratamiento médico y psicológico requerido por las víctimas y los familiares, incluyendo los medicamentos que éstos requieran, tomando en consideración los padecimientos de cada uno de ellos después de una evaluación individual. Respecto de las víctimas que acrediten tener su domicilio en el exterior y prueben ante los órganos internos competentes, en la forma y plazos establecidos en la sentencia, que con motivo de los hechos del presente caso necesitan recibir un tratamiento médico o psicológico adecuado, el Estado deberá depositarles en una cuenta bancaria que cada víctima indique, la cantidad de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América), con el propósito de que ese dinero pueda constituir una ayuda para dicho tratamiento. nota 8

En el Caso La Cantuta, la Corte dispuso la obligación a cargo del Estado de proveer, sin cargo alguno y por medio de los servicios nacionales de salud, el tratamiento adecuado que requieran dichas personas, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos, a partir de la notificación de la presente Sentencia, y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión de medicamentos. Al proveer el tratamiento psicológico se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, de manera que se les brinde el tratamiento que corresponda. nota 9

En el Caso Escué Zapata, la Corte dispuso la obligación a cargo del Estado de proveer, sin cargo alguno, el tratamiento especializado de carácter médico, psiquiátrico y psicológico adecuado que requieran dichas personas, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos, a partir de la notificación de la presente Sentencia, y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión de medicamentos. Al proveer el tratamiento, se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, en especial sus costumbres y tradiciones, de manera que se les brinde el tratamiento adecuado que corresponda. nota 10



  1. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 134 
  2. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 140 .
  3. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 148 .
  4. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 136 
  5. Caso Baldeón García Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 147 
  6. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Serie C. No. 153 
  7. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 155 
  8. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Serie C. No. 160 
  9. Caso La Cantuta Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 162 
  10. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 165 

 Ocultar columna

Búsquedas

Modificaciones recientes
2013-10-08
Violación de los derechos al debido proceso y a la protección judicial: plazo razonable, afectación producida por la duración del procedimiento en relación con la situación jurídica de la persona involucrada, derecho de los familiares de la víctima fallecida en caso de ejecución extrajudicial

2013-09-13
La obligación estatal contenida en la convención interamericana sobre desaparición forzada de personas según la cual las personas privadas de la libertad deben mantenerse en lugares de detención oficialmente reconocidos y ser presentada sin demora, de conformidad con la legislación interna ante la autoridad judicial competente, no constituye elemento de la conducta de desaparición forzada de personas ni comparte con esta la característica de ser una violación continuada

2013-09-13
Obligación del estado de fortalecer con equipo humano y recursos materiales una institución estatal creada para el esclarecimiento de las desapariciones forzadas

Presentación
Descargue la presentación del Observatorio de Justicia Constitucional
Descargar (39Kb)

Sabía usted que...
Puede aumentar o disminuir el tamaño del texto de todos los elementos haciendo clic en el tamaño correspondiente en la parte superior de la página.

Contáctenos
Si desea contactarse con el equipo de trabajo del Observatorio de Justicia Constitucional, escríbanos al correo observatorio@defensoria.org.co

Descargas
Constitución Política de Colombia en formato PDF
Descargar (569Kb)

Versión actualizada (julio de 2013)

Ver - Imprimir
Versión completa del documento sobre Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) optimizada para impresión

Informes

Segundo informe del Observatorio de Justicia Constitucional

Marzo de 2007 - febrero de 2011

Descargue el libro

Tomo 1

(7.2 Mb)

Tomo 2

(8.5 Mb)

Primer informe del Observatorio de Justicia Constitucional de la Defensoría del Pueblo

Marzo de 1992 - febrero de 2007

Descargue el libro

Tomo 1

(2.7 Mb)

Tomo 2

(3.0 Mb)

© 2003 - 2006 Defensoría del Pueblo Colombia | línea gratuita nacional 018000 914814
Requisitos técnicos del sitio web | Su uso de este sitio web constituye aceptación de nuestras condiciones de uso y privacidad