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Última modificación: 2008-07-24
Vulneración del derecho a la integridad de los internos como consecuencia del uso ilegítimo de la fuerza, con gran intensidad, por agentes estatales, que implicó la tortura y la afectación de las condiciones de detención en que son mantenidos

En el Caso del Penal Miguel Castro Castro, entre el 6 y el 9 de mayo de 1992, como consecuencia del ?Operativo Mudanza 1? dentro del Penal Miguel Castro Castro, ejecutado por agentes de la policía y del ejército, que implicó el uso de la fuerza, con gran intensidad, se produjo la muerte de al menos 41 internos. Del ?Operativo Mudanza 1? 185 internos resultaron lesionados, afectándose su integridad física. Todos los internos contra quienes se dirigió la agresión experimentaron el sufrimiento inherente a un ataque de tal magnitud, lo cual incluye tanto a los internos que fallecieron como a los que sobrevivieron (heridos e ilesos). Los internos sufrieron heridas por las balas, explosiones, gases, esquirlas, granadas, bombas y caída de escombros durante los cuatro días que duró el ataque. Todos los internos enfrentaron condiciones de sufrimiento adicionales en el curso de esos cuatro días, como lo fueron la privación de alimentos, agua, luz y atención médica. Las internas que se encontraban en ese pabellón de mujeres, incluidas las embarazadas, se vieron obligadas a huir del ataque en dirección al pabellón 4B. Las prisioneras tuvieron que arrastrarse pegadas al piso, y pasar por encima de cuerpos de personas fallecidas, para evitar ser alcanzadas por las balas. Esta circunstancia resultó particularmente grave en el caso de las mujeres embarazadas quienes se arrastraron sobre su vientre. Después de concluido el ?operativo? una minoría de los internos heridos fueron llevados a los hospitales y murieron debido a que no recibieron los medicamentos ni la atención médica que requerían. Una interna que fue trasladada al Hospital de la Sanidad de la Policía fue objeto de una ?inspección? vaginal dactilar, realizada por varias personas encapuchadas a la vez, con suma brusquedad, bajo el pretexto de revisarla. Otros internos que estaban heridos fueron mantenidos en las zonas del referido penal conocidas como ?tierra de nadie? y ?admisión? y no recibieran atención médica. Estos internos fueron traslados a otros penales o reubicados en el mismo penal Castro Castro. En sus nuevos sitios, los internos sufrieron condiciones de hacinamiento que no permitían adecuada movilidad ni aseguraban condiciones razonables de higiene y salud, sin acceso a luz natural o artificial; precarias condiciones de alimentación; falta de atención médica adecuada y de suministro de medicinas, no obstante que había internos heridos y otros que adquirieron enfermedades en la cárcel; falta de ropa de abrigo; severo régimen de incomunicación; desatención de las necesidades fisiológicas de la mujer al negarles materiales de aseo personal; desatención de las necesidades de salud pre y post natal; prohibición de dialogar entre sí, leer, estudiar y realizar trabajos manuales; y fueron frecuentemente castigados, que incluyó golpes y choques eléctricos. El cadáver de una interna presentaba signos visibles de tortura.

Para la Corte las torturas cometidas contra las víctimas de este caso por agentes estatales, constituyen crímenes de lesa humanidad. En el presente caso, la Corte consideró que el Estado es responsable de la violación a la integridad física de los internos que resultaron heridos durante los hechos del 6 al 9 de mayo de 1992, lo cual constituyó una violación al artículo 5 de la Convención Americana. Asimismo, la Corte consideró que, en las circunstancias del presente caso, el conjunto de actos de agresión y las condiciones en que el Estado puso deliberadamente a los internos (los que fallecieron y los que sobrevivieron) durante los días del ataque, que causaron en todos ellos un grave sufrimiento psicológico y emocional, constituyó una tortura psicológica inferida en agravio de todos los miembros del grupo, con violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Además, la Corte estimó que la violación del derecho a la integridad personal de algunas internas se vio agravada por el factor de que se encontraban embarazadas. Igualmente, la Corte consideró que el Estado es responsable por los actos de tortura, con violación del artículo 5.2 de la Convención Americana y de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Finalmente, la Corte consideró que el conjunto de condiciones de detención y de tratamiento a las que fueron sometidos los internos en los centros penales donde se les trasladó o reubicó con posterioridad al llamado ?Operativo Mudanza 1?, constituyó tortura física y psicológica infligida a todos ellos, con violación de los artículos 5.2 de la Convención Americana, y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. nota 1



  1. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Serie C. No. 160 

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