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Última modificación: 2008-07-15
Violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión cuando se desconoce el derecho de acceso a la información bajo el control del estado.

En el Caso Claude Reyes y otros, el Comité de Inversiones Extranjeras de Chile es el único organismo estatal autorizado para aceptar el ingreso de capitales del exterior acogidos y para establecer los términos y condiciones de los respectivos contratos. La Fundación Terram es una organización no gubernamental que tiene por finalidad, entre otras, promover la capacidad de la sociedad civil para responder a decisiones públicas sobre inversiones relacionadas con el uso de los recursos naturales en Chile. El señor Marcel Claude Reyes, en su calidad de Director Ejecutivo de la Fundación Terram, mediante carta calendada 7 de mayo de 1998, se dirigió al Comité de Inversiones Extranjeras para solicitar información de interés público relacionada con un contrato de inversión extranjera celebrado originalmente entre el Estado y dos empresas extranjeras y una empresa chilena receptora, con el fin de desarrollar un proyecto de industrialización forestal denominado ?Proyecto Río Cóndor? que por el impacto ambiental que podía tener generó gran discusión pública. Al solicitar la información al Comité de Inversiones Extranjeras, el señor Marcel Claude Reyes se propuso evaluar los factores comerciales, económicos y sociales del proyecto, medir el impacto sobre el medio ambiente y activar el control social respecto de la gestión de órganos del Estado que tienen o han tenido injerencia en el desarrollo de dicho proyecto. Con similar sentido fiscalizador, el señor Arturo Longton Guerrero, diputado de la República, acudió a pedir información preocupado por la posible tala indiscriminada de bosque nativo en el extremo sur de Chile. En reunión sostenida el 19 de mayo de 1998 con el Vicepresidente del referido Comité y la participación de los señores Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero les fue entregada parte de la información solicitada. Los días 3 de junio y 2 de julio de 1998 el señor Marcel Claude Reyes remitió dos comunicaciones al Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras mediante las cuales reiteró su pedido de información. El mencionado funcionario no adoptó una decisión escrita en la cual fundamentara la denegatoria de entregar la información que faltaba por suministrar. Posteriormente, las víctimas interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago el 27 de julio de 1998, que fue declarado improcedente.

En el presente caso, la Corte estimó que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a ?buscar? y a ?recibir? ?informaciones?, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer término deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder público. En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido por la Convención Americana. Finalmente, las restricciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Respecto de los hechos, la Corte estimó como evidente que la información que no fue entregada por el Estado era de interés público, y que la solicitud de información guardaba relación con la verificación del adecuado actuar y cumplimiento de funciones por parte de un órgano estatal. La Corte expresó que la restricción aplicada en el presente caso no cumplió con los parámetros convencionales. En efecto, consideró que la restricción aplicada al acceso a la información no se basó en una ley, ni tampoco respondía a un objetivo permitido por la Convención Americana, ni que fuera necesaria en una sociedad democrática, máxime, si la autoridad encargada de responder la solicitud de información no adoptó una decisión escrita fundamentada que pudiera permitir conocer cuáles fueron los motivos para restringir el acceso a tal información. Con fundamento en lo anterior, la Corte concluyó que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana en perjuicio de los señores Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero, y ha incumplido la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades dispuesta en el artículo 1.1 de dicho tratado. Asimismo, al no haber adoptado las medidas necesarias y compatibles con la Convención para hacer efectivo el derecho al acceso a la información bajo el control del Estado, Chile incumplió la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno que emana del artículo 2 de la Convención. nota 1



  1. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia Serie C. No. 151 

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