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Última modificación: 2008-07-23
Violación del derecho a la vida de una persona luego de ser privada de la libertad por agentes estatales

En el Caso Servellón García y Otros, en el marco de un contexto de violencia en contra de los niños y jóvenes en situación de riesgo social en Honduras, el día 15 de septiembre de 1995, la Fuerza de Seguridad Pública - FUSEP capturó a 128 personas, dentro de un operativo policial preventivo e indiscriminado, en la ciudad de Tegucigalpa. Al día siguiente, la mayoría de los detenidos fueron liberados, ocho personas fueron llevadas al segundo piso del Séptimo Comando Regional de la FUSEP - CORE VII, para tomar sus huellas digitales, y solamente cuatro de ellas regresaron a sus celdas y fueron liberadas. Las cuatro personas restantes, que eran jóvenes, dos de ellos menores de edad, fueron sometidas a tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes durante su detención. Los menores no fueron separados de los adultos al momento de su detención y su permanencia en la celdas de la policía, lo que los expuso a circunstancias perjudiciales. Las cuatro víctimas fueron golpeadas con pistolas en la cabeza y con sillas, acusadas de ?ladrón? y estuvieron aisladas y amarradas durante su detención en el CORE VII. Mientras se encontraban bajo la custodia estatal, y cumpliendo las amenazas que les hicieron los agentes estatales, fueron asesinados con armas de fuego y armas blancas. El menor Marco Antonio Servellón García fue ejecutado con cuatro disparos de arma de fuego dirigidos a su rostro y su cabeza. El menor Rony Alexis Betancourth Vásquez recibió dos disparos de arma de fuego en la cabeza, y cuatro heridas de arma blanca, tres de las cuales localizadas en el pecho. Orlando Álvarez Ríos murió como consecuencia de dos disparos de arma de fuego y su cuerpo presentaba señales de que había sido objeto de violencia sexual antes de su muerte. Diomedes Obed García Sánchez fue ejecutado mediante ocho disparos producidos por arma de fuego, además de tres heridas de arma blanca, dos de ellas producidas por machete. El 17 de septiembre de 1995 sus cadáveres fueron encontrados, a la intemperie, en diferentes lugares de la ciudad de Tegucigalpa. Los puntos de la ciudad en que los cuerpos fueron encontrados, unidos entre si cerraban un círculo, por lo que el caso fue conocido localmente como ?los cuatros puntos cardinales?. Por los anteriores hechos, el 5 de marzo de 1996 se abrió un proceso penal ante el Juzgado de Letras Primero de lo Criminal, en el cual se acumularon las causas iniciadas. El Juzgado dictó órdenes de captura contra tres de los imputados, pero estas órdenes no han tenido efectividad alguna, salvo una, pero por entrega voluntaria del procesado. Actualmente, no se ha decretado sentencia de primera instancia.

En el presente caso, la Corte reiteró en relación con el derecho a la vida, que los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable, y que es particularmente grave su vulneración cuando ésta es producida por agentes estatales. Por lo anterior, concluyó la Corte que se violó el artículo 4.1 de la convención americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio de Marco Antonio Servellón García, Rony Alexis Betancourth Vásquez, Orlando Álvarez Ríos y Diomedes Obed García Sánchez. nota 1

En el Caso Escué Zapata, el día 1 de febrero de 1988 un informante indígena se dirigió al lugar en donde acampaba una Sección del Ejército Nacional de Colombia en Loma Redonda, cerca del Resguardo de Jambaló, departamento del Cauca, e informó que en una casa de Vitoyó existían armas. En virtud de dicha información los militares se dirigieron a la residencia del señor Germán Escué Zapata y sus familiares, ingresaron a la vivienda, mmregistraron la misma y, mientras le preguntaban dónde estaban las armas y lo calificaban de guerrillero, lo golpearon. Posteriormente, sin orden de detención ni de allanamiento o comprobada situación de flagrancia, fue detenido el señor Escué Zapata y llevado por los militares hacia las montañas, en donde fue privado de su vida, como consecuencia de varios disparos propinados por un cabo del ejército que lo custodiaba. Momentos después, su cadáver fue encontrado por sus familiares en el camino que de Vitoyó conduce a Loma Redonda. Al llegar al campamento, los soldados que presenciaron los hechos fueron orientados por sus superiores a decir que durante el traslado se había producido un ?hostigamiento? con un grupo guerrillero y que Germán Escué había muerto en medio del fuego cruzado. En el presente caso, la Corte reiteró que los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias, no sólo para prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, en general, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propios agentes de seguridad. En razón de lo anterior y teniendo en cuenta además la confesión del Estado, la Corte declaró que Colombia violó el derecho contemplado en el artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Germán Escué Zapata. Adicionalmente, para los efectos de la determinación de la violación del artículo 4.1 de la Convención, la Corte estimó que en este caso el Estado no ha garantizado efectivamente el derecho a la vida por la vía de una investigación seria, completa y efectiva de lo ocurrido. nota 2



  1. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 152 
  2. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 165 

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