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Última modificación: 2013-07-03
Violación del derecho a la libertad personal de forma continuada y de las obligaciones de la convención interamericana sobre desaparición forzada de personas por la desaparición forzada de la víctima

En el Caso Heliodoro Portuga, el señor Heliodoro Portugal fue detenido el 14 de mayo de 1970, dentro de un café, por dos personas vestidas de civil, quienes lo introdujeron con uso de la fuerza, dentro de un vehículo en que se lo llevaron. La víctima quien al momento de la privación de la libertad tenía 36 años, de ocupación tipógrafo, vivía con su compañera permanente, con quien tuvo dos hijos, había sido dirigente estudiantil y simpatizante y promotor del "Movimiento de Unidad Revolucionaria" liderado por el señor Floyd Britton, opositor al régimen militar de Panamá.

La búsqueda sobre su paradero realizada por su compañera permanente, su hija, quien presentó denuncia sobre la desaparición de su padre ante el Comité Nacional de Derechos Humanos de Panamá, y otros familiares fue infructuosa. Tanto los familiares como una Comisión de la Verdad, que se conformó una vez el Estado panameño había retornado a la democracia, tuvieron noticias, por medio de un testigo, que al señor Portugal lo habían encerrado en una casa, centro clandestino de interrogatorio, en donde se le preguntaba por el señor Floyd Britton. Después señaló el testigo fueron vendados y trasladados al cuartel de Tocumen y no supo más de la víctima desde cuando el testigo fue llevado a la Cárcel de La Chorrera

En mayo de 1990, restablecida la democracia, el Estado panameño aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese mismo mes y año, la hija de la víctima presentó una denuncia, por la detención y desaparición de su padre, ante la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, ocurrida en 1970, señalando que dadas la situación política del país no era posible en esa época, presentar denuncia ante el Ministerio Público.

Como resultado de una orden del Ministerio Público, en septiembre de 1999, para buscar los restos de un sacerdote ?supuestamente también desaparecido 20 años atrás-, en las excavaciones realizadas en un antiguo cuartel en Tocuman, se encontró los restos de una persona, que fueron sometidos a pruebas de ADN, dando resultado negativo para identificar a quien inicialmente se estaba buscando. La misma prueba se practicó a familiares de personas desparecidas durante el régimen militar panameño, incluyendo a los de la víctima de este caso, determinándose, por parte del laboratorio, el 22 de agosto de 2000, que los restos correspondían al señor Heliodoro Portugal. El examen médico legal efectuado en septiembre de 1990, estableció, de los restos óseos encontrados, la existencia de señales de tortura y de lesiones físicas de tal magnitud que le pudieron haber causado la muerte.

Frente a esta prueba y resultado de iniciativa particular, el Estado ordena una prueba oficial y en septiembre de 2001, comunica que los restos que fueron identificados y entregados a la familia Portugal no correspondían al señor Heliodoro Portugal. Para resolver esta contradicción en los dictámenes, se consultó la opinión experta de una antropóloga forense, quien en octubre de 2001 determinó que el primer examen no mostraba ninguna evidencia de contaminación, mientras que el segundo sí, por lo que se determinó que el cuerpo que fue encontrado pertenecía a Heliodoro Portugal.

La privación de la libertad y la posterior desaparición de la víctima tiene como marco, la situación de Panamá, que sufre un golpe de estado en octubre de 1968, por parte de miembros de la Guardia Nacional, suspendiendo las garantías individuales, disolviendo la Asamblea Nacional y nombrando una Junta de Gobierno, compuestas por militares.

En ese periodo, entre octubre de 1968 y diciembre de 1989, cuando se produjo la invasión estadounidense, estuvieron en el gobierno presidentes militares y civiles. A partir y como consecuencia del golpe de Estado se suspendieron ciertos artículos constitucionales, hubo censura de medios de comunicación, control del orden público en las calles, limitación de movimientos, toque de queda y prohibición de reuniones, supresión de los partidos políticos y se efectuaron arrestos y detenciones

La Comisión de la Verdad documento muchos casos de desaparición forzada y de asesinatos a manos de agentes estatales. Quedo establecido la practica de desapariciones forzadas de personas, torturas y ejecuciones extrajudiciales. El mayor número de muerte y desapariciones corresponde a los tres años de la dictadura militar, dentro de la época de los hechos cuya víctima fue Heliodoro Portugal

Autoridades panameñas, Corte Suprema de Justicia y una Procuradora en audiencia pública ante la Corte Interamericana, reconocieron que para el periodo y fecha de la desaparición de la víctima, imperaba en Panamá un régimen que impedía un acceso libre a la justicia.

El Estado de Panamá ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el 28 de febrero de 1996.

La Corte declaró que el Estado violo el derecho a la libertad personal de manera continua ?artículo 7º de la Convención Americana sobre derechos humanos-, en relación con el incumplimiento del deber de garantiza los derechos humanos ?artículo 1.1. de la Convención- e incumplió los deberes relacionados con impedir la ocurrencia de la práctica de desaparición forzada de personas, sancionar a los responsables de esta práctica y adoptar las medidas legislativas, administrativas y judiciales o de cualquier otra índole para cumplir con los compromisos de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas ?artículo I , en relación con el artículo II de la Convención Interamericana- en tanto que la privación de la libertad sin que se informara sobre el paradero de la víctima, constituyó el inicio de la desaparición forzada, conducta que tiene carácter continuo y permanente y que en este caso culminó con la identificación de los restos de la víctima.

La Corte concluye que la responsabilidad del Estado sobre la desaparición forzada y el derecho a la libertad personal, es a partir del 9 de mayo de 1990, fecha en la cual el Estado aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en relación con el incumplimiento y violación del artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en relación con el artículo II de la misma Convención, lo fue desde el 28 de febrero de 1996, cuando el Estado ratificó la Convención. nota 1



  1. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Serie C. No. 186 

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Violación de los derechos al debido proceso y a la protección judicial: plazo razonable, afectación producida por la duración del procedimiento en relación con la situación jurídica de la persona involucrada, derecho de los familiares de la víctima fallecida en caso de ejecución extrajudicial

2013-09-13
La obligación estatal contenida en la convención interamericana sobre desaparición forzada de personas según la cual las personas privadas de la libertad deben mantenerse en lugares de detención oficialmente reconocidos y ser presentada sin demora, de conformidad con la legislación interna ante la autoridad judicial competente, no constituye elemento de la conducta de desaparición forzada de personas ni comparte con esta la característica de ser una violación continuada

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Obligación del estado de fortalecer con equipo humano y recursos materiales una institución estatal creada para el esclarecimiento de las desapariciones forzadas

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