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Última modificación: 2006-12-05
Responsabilidad penal como adulto a quien delinquió siendo menor de edad, sin informarlo oportunamente al proceso

El actor presentó acción de tutela contra el juzgado penal y el tribunal superior de distrito judicial que lo condenaron por el delito de homicidio agravado y contra un juzgado de ejecución de penas, debido a que ninguno de ellos era competente para conocer su caso ya que al momento de la comisión del hecho contaba con tan solo 16 años de edad. Es decir, que su juzgamiento le correspondía a la jurisdicción de menores. A pesar de ello, completa tres años de privación de la libertad en cumplimiento de tal condena.
Durante el trámite del proceso precisa que dio una identificación falsa a las autoridades judiciales por la presión sicológica y física a que fue sometido por los agentes de policía que lo detuvieron al no portar documentos de identificación en ese momento. Al momento de presentar la acción no había agotado el recurso de casación ni la acción de revisión.

La Corte considera que la acción de tutela procede en estos casos cuando se presenta una situación completamente objetiva de la cual se puede derivar la desproporcionalidad de la sanción penal. Dentro de expediente aparece que las diferentes autoridades judiciales adelantaron las gestiones tendientes a establecer la identidad del actor y, a través de un experticio médico legal respectivo, su edad, concluyendo que se trataba de un mayor de edad al momento de la comisión del delito. Adicionalmente la Corte estableció que fue la conducta desplegada por el actor la que generó la imposibilidad de identificarlo completamente, incumpliendo el deber de lealtad y colaboración con la administración de justicia, lo cual redunda en que la solicitud de amparo podría constituirse en un abuso de derechos. Por ello, la Corte considera que debe esperar el trámite de la acción de revisión como mecanismo judicial eficaz para la atención de sus peticiones. La Corte negó el amparo y ofició al Defensor del Pueblo para que le asigne al actor un defensor público que lo asesore y represente en la eventual acción de revisión penal dentro del proceso en el que se lo condenó por el delito de homicidio agravado. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1292-05
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