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Última modificación: 2006-08-01
Derecho a la permanencia en el sistema educativo mientras no se pueda acceder a una educación especial

El ingreso de una joven a un colegio para cursar el tercer año de bachillerato se condicionó a la presentación previa de los resultados de un encefalograma y un diagnóstico neurológico que se le había exigido en diversas ocasiones, por cuanto sus profesores consideraban que tenía dificultades de aprendizaje. La Corte Constitucional al revisar la tutela interpuesta por el padre de la menor señaló que condicionar la admisión y permanencia de la niña en el colegio que actualmente frecuenta a la realización de unos exámenes costosos y de muy cuestionable utilidad, enderezados a demostrar si requiere o no una educación especial, equivale en la práctica a negarle su derecho constitucional prevalente a la educación. No es razonable en modo alguno que una institución educativa exija a los progenitores de una niña que demuestren su normalidad como condición previa para garantizarle el acceso y permanencia en la institución.

Tampoco lo es que algunos profesores entiendan que su labor se reduzca en buena medida a recetarle una terapia de tan discutibles virtudes como es la de la educación especial, creyendo con ello ingenuamente haber resuelto el problema de manera definitiva. Cuando es lo cierto que su responsabilidad con la sociedad consiste en preparar a sus miembros para vivir con dignidad en el universo de la normalidad a que ellos tienen claro derecho. En virtud del carácter de servicio público con función social que constitucionalmente tiene la educación, las instituciones públicas y privadas no pueden eludir su contribución eficaz a la solución de los problemas propios de los niños con necesidades especiales, so pretexto de ofrecer alternativas no sólo impracticables, la más de las veces, sino que encubren la negación del derecho a la educación. La Corte entonces concedió la tutela para que la menor permaneciera en el Colegio hasta cuando, sus directivas, progenitores y autoridades oficiales competentes puedan ofrecerle una mejor opción educativa, adecuada a las circunstancias sociales y económicas de su familia y al lugar de su residencia. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-429-92

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