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Última modificación: 2006-08-01
Condiciones para aplicar la sanción de cancelación de matricula. prohibición de incluir en el manual de convivencia sanciones por elección de la identidad sexual

Una joven de 16 años interpuso acción de tutela porque le fue cancelada la matricula debido a que su comportamiento en el plantel educativo, como llegadas tarde a clase, portar el uniforme del colegio mientras consumía bebidas alcohólicas, su supuesta drogadicción y homosexualidad, acarreaban tal sanción de acuerdo con el manual de convivencia. El colegio la obligó a practicarse un examen psicológico de sexología para determinar su orientación sexual y exámenes de toxicología para probar su adicción a las drogas. La joven consideró violados sus derechos a la educación, a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad. La Corte estableció que las sanciones a los estudiantes por incurrir en faltas que comprometan la disciplina del plantel no es violatorio de sus derechos fundamentales, siempre que se respete el debido proceso, se prueben los hechos imputados y la sanción esté contemplada previamente en el reglamento.

Las sanciones impuestas a los alumnos deben ser razonables, proporcionales, y necesarias. En el presente caso, la sanción de cancelación de la matricula fue razonable, pues la preponderancia del interés colectivo de mantener el ambiente educativo sobre el derecho a la educación de la joven, constituye un fin justificado constitucionalmente, ya que ella no cumplió con su deber correlativo de acatamiento de las reglas; fue proporcional, pues la actitud de la joven al consumir bebidas alcohólicas portando el uniforme del colegio causa un daño en la imagen del mismo y da un mal ejemplo a las demás estudiantes y, fue necesaria, pues no había otro modo de poner fin a las faltas cometidas por la alumna, luego de haberse intentado hacerlo por otros medios. Por lo anterior, se consideró que no hubo violación al derecho a la educación en relación con el debido proceso educativo.

Con respecto al libre desarrollo de la personalidad, la Corte determinó que el proceso educativo no puede incluir prácticas o metodologías que vulneren o desconozcan el núcleo esencial de este derecho, pues debe respetar los proyectos de vida de los educandos, mientras éstos se basen en principios y valores constitucionalmente protegidos. La elección de la orientación sexual es una clara manifestación y materialización del ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, de modo que el establecimiento educativo no puede coartar tal elección, so pretexto de pretender inculcar valores homogéneos a los estudiantes, no respetando sus diversas tendencias. Así pues, un manual de convivencia no puede limitar válidamente el núcleo esencial del libre desarrollo de la personalidad de los educandos en lo que respecta a su sexualidad, alegando la conveniencia de la restricción dentro de su plan pedagógico.

El plantel educativo puede exigir que las alumnas se comporten como es debido, es decir, propender por que las estudiantes no adopten conductas que constituyan un mal ejemplo para las demás, pero de ningún modo pueden reprimir sus tendencias sexuales, decisión propia de su ámbito más privado e íntimo. En cuanto al derecho a la intimidad, la Corte ha sostenido que este derecho se manifiesta de dos formas: en el secreto de la vida privada, pues cualquier divulgación o investigación ilegítima de aspectos propios de la vida privada o familiar atenta contra la intimidad, y en la libertad, pues toda persona es libre de tomar las decisiones que conciernen a su vida privada.

En el presente caso existen dos hechos que resultan violatorios del derecho a la intimidad de la joven: la orden de realizarle exámenes de sexología y toxicología y la intromisión indebida por parte del plantel educativo dentro del ámbito estrictamente familiar, en lo que respecta a la orientación sexual de la menor. Con base en lo anterior, se tutelaron los derechos a la intimidad y libre desarrollo de personalidad de la joven, exhortando al colegio para que en el futuro se abstenga de adoptar medidas que atenten contra tales derechos. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-435-02

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