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Última modificación: 2006-08-01
Procedencia de la aplicación de sanciones disciplinarias por reiterado comportamiento cleptomano y negativa a recibir ayuda de la institución educativa

Se trata del caso de una joven que alegó vulnerados sus derechos a la educación y al debido proceso por el SENA, debido a que le cancelo su matrícula como estudiante de esa Institución por una ?supuesta incapacidad para estar dentro de una sociedad de trabajo?. El SENA indicó que la estudiante había sido admitida desde el año 2002, época desde la cual había presentado problemas de comportamiento, razón por la cual se le había realizado una evaluación psicológica. En dicha evaluación se indicó que ?presenta ?ausencias? (síndrome neurológico)?, ?conducta cleptómana?, ?un bajo nivel de tolerancia? a las observaciones de los docentes y que ?maneja quejas somáticas permanentemente?. Por ello se le recomendó practicarse un tratamiento psicológico que la estudiante optó por no seguir, pese a lo cual continuó presentando el mismo tipo de comportamientos, que generaron el proceso disciplinario.

La Corte señaló que ?en el ámbito educativo es necesario que el órgano encargado de adelantar el proceso de imponer la sanción, tome en consideración la condición psicológica de quien ha realizado la conducta investigada disciplinariamente, pues la imposición de sanciones a personas que han incurrido en conductas prohibidas sin que para ello haya mediado su capacidad de elegir, resultaría demasiado gravoso, dado que la persona que, a causa de su condición psicológica, carece de esta facultad, no actúa con el propósito de afectar la organización a la cual pertenece o de entorpecer su marcha, sino bajo la imposibilidad de dirigirse hacia la búsqueda de la finalidad que dicha organización persigue o, al menos, hacia la abstención de realizar los comportamientos que se encuentran prohibidos?. En tales circunstancias ?dice la Corte-, la persona tiene derecho a que la institución educativa, según las facilidades y recursos de los que disponga, la oriente y le dé el apoyo necesario para que pueda superar las causas que explican la comisión de la conducta prohibida.

Una vez que la Institución le ha ofrecido a la persona la oportunidad de, libremente, seguir un camino que le permitiría no reincidir en la misma falta, surge para dicha persona el deber de realizar de manera consciente el tratamiento que ella elija ?es decir, de seguir las indicaciones recomendadas para su efectividad? en aras de superar las causas que le impiden comprender una prohibición o determinarse de acuerdo con esa comprensión.

Pero, si la persona toma la decisión de no realizar algún tratamiento adecuado para superar las causas que la llevan a cometer las conductas prohibidas, o no lo asume de manera consciente, la institución educativa puede imponerle la sanción correspondiente pues en estas circunstancias no se estará sancionado, en estricto sentido, a una persona que, dada su condición psicológica, no comprende que la conducta cometida es perjudicial para la institución a la que pertenece o porque carece de control sobre su voluntad para abstenerse de realizarla, sino a la persona que voluntariamente se abstiene de seguir un camino, con el apoyo de la institución, que le permitiría dejar de incurrir en la comisión de conductas prohibidas por el reglamento de la institución educativa. En el caso concreto, la Corte concluyó que el SENA había brindado a la estudiante diversos mecanismos para que pudiera solucionar su problema, antes de adelantarle el proceso disciplinario que culminó con la sanción de cancelación de la matricula, por lo cual no se habían vulnerado los derechos fundamentales de la actora nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1044-03

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