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Última modificación: 2006-08-01
Las instituciones educativas no pueden tomar medidas que restrinjan el derecho de sus alumnos a fundar una familia, independientemente de su carácter confesional

Una joven presentó acción de tutela en defensa de sus derechos a la educación y a la igualdad contra el Colegio donde cursaba grado once, porque éste decidió impedirle continuar sus estudios por haber contraído matrimonio civil, hecho que, a juicio del cuerpo directivo, no estaba permitido en el manual de convivencia.

La Corte Constitucional recordó que ?un colegio desconoce los derechos a la libertad y a la autonomía de una persona, así como sus derechos a la educación, a la igualdad (en especial, a la igual protección a todo menor adolescente), al impedirle continuar sus estudios por haber contraído matrimonio civil. El que tal decisión se adopte en virtud del manual de convivencia significa, además, que se viola el derecho al debido proceso por aplicar una sanción que desconoce el ejercicio de una libertad reconocida en la Constitución Política y los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos?.

Para la Corte, ?un manual de convivencia le da un trato desigual, carente de justificación, a las alumnas y los alumnos que han decidido formar una familia, (por ejemplo, por contraer matrimonio civil); una forma de composición de la familia que se encuentra amparada por la Constitución (art. 42). Por tanto, i) ?los reglamentos de un colegio?, ii) ?los manuales de convivencia de las instituciones educativas? y iii) ?las medidas de los órganos de un establecimiento educativo? no pueden establecer sanciones académicas o disciplinarias a una estudiante por las decisiones que ésta adopte para afirmar su identidad sexual. Incluso si sus conductas comprenden casarse o convivir en unión de hecho y la consecuencia de su opción conciente y libre sea quedar en embarazo?.

La mera vigencia de reglas contrarias a la Constitución Política, por desconocer el principio de legalidad, constituye una amenaza real, al derecho a la autonomía de las estudiantes y de los estudiantes.

Las autoridades, funcionarios y órganos educativos no pueden darle un trato diferente que le cause perjuicio a la estudiante, que la excluya o la margine por haber fundado una familia, porque ello viola su derecho a la igualdad.

Se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso, a la educación y a la intimidad de un alumno cuando se le impone una sanción por su comportamiento que hace parte exclusiva de su intimidad, como tener relaciones sexuales con una persona casada.

La Corte concedió la tutela y ordenó al Colegio admitir a la joven afectada, si ella aún lo quería, para que culminara su grado once de educación media en el año lectivo en igualdad de condiciones al resto de sus compañeras; para lo cual las directivas deberían ofrecerle, por intermedio de sus profesores, oportunidades especiales, particulares y efectivas que le permitieran a la estudiante actualizarse y ponerse al día con el resto de sus compañeras.

De igual forma, le ordenó al plantel educativo modificar su manual de convivencia con la participación de la comunidad educativa, en especial de las alumnas, para lo cual habría de promover previamente una inducción pedagógica a los grados 9, 10 y 11 sobre los derechos de los adolescentes tratados en la sentencia. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-853-04

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