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Última modificación: 2006-08-01
Deber de la eps de mantener la afiliación como beneficiaria de joven con enfermedad mental, luego del cumplimiento de la mayoría de edad

La afectada presentó acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales a la salud y a la vida digna vulnerados por la decisión de la EPS de suspenderle la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como beneficiaria de su madre, de quien depende económicamente por haber cumplido la mayoría de edad, pero sin tener en cuenta que padece una grave enfermedad mental.

En el proceso se acreditó que la afectada estaba activa en el sistema y que el servicio no se había suspendido pese a lo cual sólo fue atendida hasta diciembre de 2002. También se estableció que la EPS le había supeditado la atención al cumplimiento de unos requisitos administrativos que acreditaran la calidad de beneficiaria por dependencia económica o el estado de incapacidad, circunstancias suficientemente conocidas por la entidad demandada con los antecedentes que reposan en los centros de salud que tiene a cargo.

Para la Corte la exigencia de un requisito formal como el descrito se constituye en una dilación injustificada en la prestación de los servicios a cargo de la entidad que compromete la continuidad del servicio público a la salud.

Por lo anterior concedió el amparo solicitado y ordenó a la EPS mantener la afiliación de la joven al Régimen Contributivo de Seguridad Social en salud, en calidad de beneficiaria de su progenitora, y suministrarle todos los procedimientos, medicamentos, exámenes y tratamiento integral que su enfermedad requiera, de acuerdo con las prescripciones del médico tratante adscrito a la entidad contratada. Adicionalmente, La Corte indica a la EPS que en caso de que las condiciones de salud de la joven cambien, pero se mantenga su precaria situación económica, adelante las gestiones que sean necesarias para guiar y acompañar a la actora en el proceso de afiliación al régimen subsidiado en su condición de población pobre y vulnerable, sin capacidad de pago, incluyendo las necesarias para la aplicación de la encuesta del Sistema de Información de Beneficiarios de Programas sociales -Sisbén-. nota 1

1. Corte Constitucional, Sentencia T-1019-04