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Última modificación: 2006-08-01
Proteccion del derecho a la propiedad de los jóvenes

La accionante en nombre de su hijo menor de edad interpuso acción de tutela con base en que inició un proceso de licencia judicial para poder vender un inmueble de propiedad del menor. Al acercarse a la justicia y después de haber surtido los trámites pertinentes el juez encargado nombró dos peritos para que avaluaran el precio de la casa. Se determinó que el monto que debía reconocérseles era de una suma altísima de dinero. Tal decisión no pudo ser recurrida dado que el apoderado legal de la señora y su hijo en tal momento se encontraba incapacitado. Cuando pudo apersonarse de nuevo en sus deberes recurrió y posteriormente apeló la decisión en la que se obligaba el pago del monto elevado de dinero a los peritos adjuntando prueba de su incapacidad. Ambas decisiones fueron desfavorables.

En primer lugar la Corte determinó como lo ha dicho en varias sentencias que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se ejerce para impedir que las autoridades públicas mediante vías de hecho vulneren o amenacen derechos fundamentales. Con respecto a la tasación de los honorarios de los auxiliares de la justicia se dice que aunque exista posibilidad de que los jueces per se determinen la tarifa del pago a los auxiliares de la justicia, en este caso los peritos, debe entenderse que si el servicio que prestan los peritos avaluadores sobre la base de la gratuidad de la justicia civil, tiene un precio mayor al del mismo avalúo en el mercado entonces hay razón para pensar que se está gravando en exceso a quien debe pagar por tal prestación. Si esa diferencia es de más de ocho (8) veces el precio del mercado, ya no cabe duda de que se transgredieron los límites legales y constitucionales al fijar tales honorarios.

La Corte ha establecido que el artículo 45 de la Carta Política establece que se deberá proteger íntegramente al adolescente. El artículo 303 del Código Civil contiene una medida especial de protección al patrimonio de los menores; según su texto, los padres sólo podrán enajenar un bien raíz que le pertenezca al hijo, con la licencia de un juez que, con conocimiento de causa, vele para que ese patrimonio no sufra disminución o deterioro injustificado. En el proceso que originó la acción de tutela, el juez gravó en exceso el patrimonio de quien, según el marco normativo, debía ser protegido especialmente.

De esta manera el funcionario judicial violó la previsión contenida en el artículo 228 de la Constitución ("?y en ellas prevalecerá el derecho sustancial..."), al infligir una disminución injusta al derecho patrimonial que debía proteger y a pesar de haber recurrido en reposición y en apelación (así tarde) y los jueces llamados a hacerlo negaron la suspensión, incurriendo en una nueva violación al artículo 228 superior: hicieron privar la exigencia de un requisito adjetivo (alegar la nulidad de lo actuado durante la incapacidad del apoderado), que no era muy claramente procedente, sobre la efectividad del derecho sustantivo. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-518-94

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