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Última modificación: 2006-08-01
Sistema de responsabilidad penal juvenil entre 14 y 18 años de edad

Se interpuso demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 33 (parcial) y 475 transitorio del nuevo Código Penal dado que el autor consideró que las normas demandadas ponen a los menores en pie de igualdad con los adultos, en cuanto se refiere a la responsabilidad penal de sus actos, cuando en otros campos como en el civil, comercial o administrativo, en donde no está en juego la vida afectiva, física y moral de los niños, a éstos se los exime de cualquier responsabilidad. La Corte determinó que es bien claro que se introduce una clara diferencia de trato entre los menores de 18 años frente a los mayores de edad que han infringido la ley penal, pues somete a los primeros a un sistema independiente de responsabilidad penal.

Se tiene que el espectro de amparo concedido por el ordenamiento jurídico a los jóvenes es más amplio que el que pudiera otorgarse a cualquier otro sector de la población, visto que por voluntad del propio constituyente, sus derechos priman sobre los de los demás. No obstante, debido a su fragilidad e inmadurez física y sicológica, los niños constituyen una población sensiblemente vulnerable a los efectos nocivos de los fenómenos sociales. Los menores que se encuentran en situación irregular y quebrantan el ordenamiento jurídico, son responsables frente al Estado por las consecuencias de su conducta. La responsabilidad penal es el compromiso que le cabe al sujeto por la realización de un hecho punible y conforme a la legislación vigente no existe duda alguna de qué esta se predica tanto de los sujetos imputables como de los inimputables. Por tanto ambas estructuras jurídicas implican responsabilidad penal, siendo la de los imputables responsabilidad subjetiva, al tiempo que para los inimputables la responsabilidad penal es objetiva.

El reconocimiento de que los menores pueden ser sometidos a la jurisdicción de un tribunal (o de un juez) para que se resuelva su responsabilidad jurídica como consecuencia de la realización de una conducta penalmente reprochable, es entonces una realidad del derecho que no puede ser desconocida con el argumento de que los menores gozan de una protección especial por el Estado y la comunidad mundial. Ello más bien contribuye a que los Estados refuercen las medidas legislativas y administrativas para obtener que, en el desarrollo del proceso penal, se respeten con especial cuidado los derechos sustantivos y procesales del menor incriminado y se busque, antes que la imposición de sanciones represivas, la aplicación de medidas de índole educativa y resocializadora para alcanzar la integración social del menor. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-839-01

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