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4. Otros derechos en el ámbito educativo

4.1. Jóvenes en estado de embarazo

4.1.1. Prohibición de discriminación a alumnas por encontrarse en estado de gravidez

En casos en que los centros educativos impiden a los jóvenes, por encontrarse en estado de gravidez, realizar actos de carácter publico como recibir el diploma de grado junto con las demás compañeras, o se les discrimine de cualquier manera con base en su estado, amparados bajo las normas del manual de convivencia, la Corte ha protegido los derechos de las estudiantes. Señala que si bien los establecimientos educativos tienen la facultad de plantear una serie de normas básicas en los manuales de convivencia, no es posible que dichas normas atenten contra los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la igualdad consagrados en la Constitución. La Corte concede tutela obligando al plantel a permitir a las jóvenes el acceso a la ceremonia de grado. nota 1

En otro caso similar, la Corte Constitucional concedió la tutela de los derechos a la igualdad, a la educación, al libre desarrollo de la personalidad, a escoger libremente profesión u oficio y a la dignidad de una joven a quien el centro educativo decidió cambiarle la jornada por estar embarazada. El cambio de jornada se refleja en la categoría de la formación académica impartida, impidiendo a la alumna culminar sus estudios. No obstante, como para la fecha de este fallo está por culminar el período académico, la orden de reintegro de la actora a la jornada diurna tendrá sus efectos a partir del próximo semestre. La Corte ordenó retirar las partes del Manual de Convivencia del Colegio que consagran el cambio de jornada por embarazo, por ser incompatibles con la Constitución Política. nota 2

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-012-99
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-618-98
4.1.2. Prohibición de negar el regimen de escolaridad normal a estudiante embarazada

En providencia de tutela la Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales a la igualdad, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la educación de una estudiante embarazada al ordenar al plantel donde adelantaba sus estudios permitirle su retorno al régimen de escolaridad normal, dado que se le había limitado su acceso a éste, permitiéndole ingresar un sólo día a la semana en horas específicas. La Corporación adujo que bajo ninguna circunstancia el embarazo de una estudiante podía erigirse en criterio para limitar o restringir su derecho a la educación.

Los manuales de convivencia de las instituciones de educación no pueden, ni explícita ni implícitamente, tipificar como falta o causal de mala conducta, el embarazo de una estudiante. Ni siquiera aquellos centros educativos cuyo proyecto de educación se encuentre fundado en una determinada visión ética o religiosa del mundo pueden utilizar tal visión para estigmatizar, apartar o discriminar a una estudiante en estado de embarazo. La maternidad es una cuestión que, en principio, no afecta derechos de terceros y que pertenece a uno de los ámbitos más íntimos de la vida personal de la mujer. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencias T-656-98, T-1101-00, T-1531-00, T-683-02
4.1.3. Obligación de permitir reingreso de estudiante embarazada

La Corte amparó los derechos fundamentales a la educación, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad de una joven a quien se le negó el reingreso al colegio donde estudiaba, luego de su retiro debido a su estado de embarazo. A juicio de la Corte, es discriminatorio y contrario a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, la negativa del director de autorizar el reingreso, ya que no constituye fundamento válido para ello afirmar que el objetivo primordial de la moral del establecimiento es cerrarle las puertas a las madres solteras. La nueva condición de vida de la estudiante no infringe ninguna disposición de derecho, como tampoco afecta el libre ejercicio de las potestades de los demás. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-420-92
4.1.4. Prohibición de expulsión de estudiante por encontrarse en estado de embarazo

En el caso de una estudiante a la que se le expulsó del establecimiento educativo por encontrarse en estado de embarazo, la Corte Constitucional concedió el amparo solicitado, amparando sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la educación, a la intimidad y a la igualdad obligando a la institución educativa a reintegrar a la menor. Determinó que la maternidad no debe ser estigmatizada. Si el embarazo se presenta de manera precoz, la niña que ha sostenido relaciones sexuales prematuras no tiene que ser señalada como transgresora del orden social y educativo, sino, más bien, comprendida en su circunstancia personal y encauzada y orientada por sus padres y maestros hacia el supremo acto de dar a luz y la responsabilidad que implica.

En vez de ser excluida del proceso educativo, ha de ser acogida benévolamente por éste para redoblar los esfuerzos enderezados a su orientación y para evitar los daños que en su personalidad y en el rumbo de su vida -que sufre tan trascendental y precipitado cambio- puede provocar su situación. El estado de embarazo crea un derecho inalienable, susceptible de protección y defensa: el de ser madre, que es sin duda uno de los fundamentales. La mujer embarazada también tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad, a su intimidad, a la educación y a recibir trato igual respecto de sus compañeras, en cuanto la discriminación por razón de la maternidad carece de toda justificación. Carece, entonces, de legitimidad la decisión unilateral del centro educativo en cuya virtud se frustre o interrumpa el curso normal del ciclo académico de las alumnas embarazadas, si el único argumento que la sustenta reside precisamente en el hecho de la maternidad. No pueden ser aplicables a los casos concretos cláusulas de los manuales de convivencia que ignoren el núcleo esencial de los derechos fundamentales aludidos en esta providencia. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-393-97
4.1.5. Prohibición de sancion disciplinaria a alumna por encontrarse en estado de embarazo

La madre de una menor solicitó la cancelación de la matrícula de su hija, inducida por la directora del colegio donde ella estudiaba, quien además, le impuso a la afectada una sanción disciplinaria por el hecho de su embarazo. Para la Corte Constitucional se vulneró el derecho fundamental a la educación y al libre desarrollo de la personalidad, porque se sancionó un hecho que no está previsto como un acto de indisciplina, sin aplicar los procedimientos adecuados y desconociendo con ello, el derecho de defensa, que se consagra, no sólo como la facultad de utilizar los procedimientos y recursos apropiados de defensa, sino también, a la garantía de que el hecho punible o sancionable esté expresa y previamente consagrado en una norma preexistente, legítimamente expedida e incuestionablemente vigente. La Corte protegió los derechos de la estudiante, obligó a la institución a reintegrar a la joven y exhortó al plantel educativo a abstenerse de imponer nuevamente sanciones a jóvenes embarazadas so pena de la aplicación de las sanciones previstas por la ley. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-079-94
4.1.6. Deber de universidad de reservar cupo a estudiante con embarazo complicado

La Corte conoció de una acción de tutela que interpuso una estudiante de universidad a la que le fue negado, con base en los manuales de la institución, el reintegro después de retirarse por los problemas que tuvo con el embarazo. La Corte Constitucional consideró que en las relaciones entre las universidades y las alumnas embarazadas existe una situación de conflicto entre dos clases de hipótesis normativas, pero sólo en cuanto a su vigencia práctica, o a su aplicación concreta, pues de un lado y conforme con la Constitución las instituciones universitarias pueden darse su propio reglamento pero, de otro, también lo es que la Carta asegura a las personas naturales su derecho al aprendizaje, a la salud y a la vida, y en grado superlativo a la salud de la mujer embarazada.

Esto puede generar eventuales conflictos y aparentes antinomias jurídicas difíciles de resolver por el intérprete y por la autoridad pública entre uno y otro, ya que una persona en grave peligro en su salud por enfermedad o una mujer por embarazo complicado, no deben ser afectados con la perdida de su derecho a acceder al aprendizaje, sólo porque el reglamento de la institución de educación haya dispuesto que la reserva del cupo únicamente puede beneficiar a quienes hayan cursado más de un semestre.

Para la Corte Constitucional, es apenas natural y elementalmente lógico que en estas condiciones de grave anormalidad en la salud, cualquier mujer y mucho más una estudiante de una carrera universitaria, esté imposibilitada para cumplir con su carga académica ante el centro de estudios superiores; por ello, la suspensión de los estudios de la estudiante se encuentra suficientemente justificada y debe ser tenida en cuenta plenamente por el establecimiento público de educación superior, para concederle la reserva del cupo y su reintegro, no obstante previsiones reglamentarias que sólo admiten la reserva de cupo para las personas que los soliciten una vez cursado un semestre; lo que sucede es que en estos casos y en ausencia de norma reglamentaria expresa que regule el tema, se aplica de modo preferente y directo la normatividad constitucional de los derechos fundamentales. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencias T-292-94, T-180-96
4.2. Arreglo personal y libre desarrollo de la personalidad

4.2.1. Prohibición de expulsión del alumno debido al arreglo personal al interior del establecimiento educativo

La Corte Constitucional al revisar una tutela instaurada por varios estudiantes de un colegio en el que se les exigía presentarse con el cabello corto so pena de cancelárseles la matrícula, señaló que la presentación personal no puede convertirse en un fin per se, que haya de perseguirse con todos los instrumentos del autoritarismo, hasta el punto que aquellos renuentes a aceptarlo, como ocurre en el presente caso con la pauta concerniente a la longitud del cabello, autorice su marginamiento de los beneficios de la educación y, de consiguiente, del mismo derecho constitucional fundamental del alumno. Mas aún cuando la conducta de uno de los peticionarios, no solo no atentaba contra los derechos de los demás ni contra el orden jurídico, sino que era expresamente permitida por los miembros de su propia familia, responsable también del éxito del proceso educativo.

Los reglamentos estudiantiles, al igual que los ordenamientos internos de entidades privadas o públicas, deben estar acordes, en su contenido, con los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución colombiana. En consecuencia, las entidades educativas no pueden negar el núcleo esencial del derecho fundamental al servicio público de la educación con fundamento en la aplicación de normas que atentan contra principios y derechos tales como el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y la tolerancia.

La Corte Constitucional protegió los derechos a la educación y al libre desarrollo de la personalidad al señalar que el largo del cabello y la forma del peinado, el maquillaje y el adorno corporal, así como el uso de accesorios, hacen parte del derecho a la propia imagen, en cuyo ejercicio toda persona está facultada para decidir de manera autónoma cómo desea presentarse ante los demás. Se violaron los derechos mencionados, puesto que se llegó hasta afectar la permanencia del alumno, a causa de algo que es tan poco relevante en materia educativa, que no impedía al joven obtener un buen resultado académico, integrarse de manera fructífera con el grupo de sus compañeros y mantener una vida social disciplinariamente intachable, así el manual de su colegio no compartiera la comprensión y aceptación que el actor encuentra en su familia por ser quién y cómo es. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-641-98, ver también Sentencias T-618-98 y T-524-92, T-037-02, T-065-93
4.2.2. Límites a las sanciones en virtud del arreglo personal de los alumnos al interior del establecimiento educativo

?A un menor se le impedía entrar a clases y los prefectos de disciplina le ponían apodos por dejarse el pelo largo. La Corte Constitucional expone que la limitación que se impone al libre desarrollo de la personalidad con las normas que predica la institución educativa como la de llevar el cabello corto, no es permanente ni definitiva y se justifica comparativamente, al ayudar a consolidar en el menor criterios de disciplina, de convivencia, de freno frente a la influencia de modas, etc. que son necesarios para su desarrollo como persona. La restricción a la presentación personal se circunscribe al ámbito del colegio y permite de todas maneras, que el adolescente tenga otras formas de manifestar su expresión personal en otros ambientes diferentes al educativo. En consecuencia, el límite que impone un colegio, al no ser permanente sino temporal, y orientado a un fundamento constitucional y educativo, es válido y razonable.

"Sin embargo que se impongan ciertas y proporcionales sanciones al específico incumplimiento de aspectos como el señalado, relativos a la apariencia física y al corte de pelo, no pueden ocasionar la pérdida total del derecho al libre desarrollo o del derecho a la educación en el evento en que se comprometa este último, porque el límite al derecho y la validez de incorporarlo en el manual de convivencia tiene como fundamento la necesidad de protección al menor y la garantía de su derecho a la educación integral y a la formación de su personalidad.

"Las sanciones que se impongan a situaciones relativas al cabello largo y la apariencia personal deben ser proporcionales a la situación y no sacrificar ciertos derechos constitucionales de más alto rango como puede ser la educación. Es por ello que los mecanismos disciplinarios pueden resultar claramente aplicables y válidos, mientras no sacrifiquen los métodos educativos de interiorización de normas, al imponer criterios limitados estrictamente al castigo, en detrimento de la educación o el acceso a las aulas, en aspectos puntuales como la apariencia y el peinado.? * nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-124-98
4.3. Derecho a fundar una familia y a no ser discriminado por ello

4.3.1. Las instituciones educativas no pueden tomar medidas que restrinjan el derecho de sus alumnos a fundar una familia, independientemente de su carácter confesional

Una joven presentó acción de tutela en defensa de sus derechos a la educación y a la igualdad contra el Colegio donde cursaba grado once, porque éste decidió impedirle continuar sus estudios por haber contraído matrimonio civil, hecho que, a juicio del cuerpo directivo, no estaba permitido en el manual de convivencia.

La Corte Constitucional recordó que ?un colegio desconoce los derechos a la libertad y a la autonomía de una persona, así como sus derechos a la educación, a la igualdad (en especial, a la igual protección a todo menor adolescente), al impedirle continuar sus estudios por haber contraído matrimonio civil. El que tal decisión se adopte en virtud del manual de convivencia significa, además, que se viola el derecho al debido proceso por aplicar una sanción que desconoce el ejercicio de una libertad reconocida en la Constitución Política y los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos?.

Para la Corte, ?un manual de convivencia le da un trato desigual, carente de justificación, a las alumnas y los alumnos que han decidido formar una familia, (por ejemplo, por contraer matrimonio civil); una forma de composición de la familia que se encuentra amparada por la Constitución (art. 42). Por tanto, i) ?los reglamentos de un colegio?, ii) ?los manuales de convivencia de las instituciones educativas? y iii) ?las medidas de los órganos de un establecimiento educativo? no pueden establecer sanciones académicas o disciplinarias a una estudiante por las decisiones que ésta adopte para afirmar su identidad sexual. Incluso si sus conductas comprenden casarse o convivir en unión de hecho y la consecuencia de su opción conciente y libre sea quedar en embarazo?.

La mera vigencia de reglas contrarias a la Constitución Política, por desconocer el principio de legalidad, constituye una amenaza real, al derecho a la autonomía de las estudiantes y de los estudiantes.

Las autoridades, funcionarios y órganos educativos no pueden darle un trato diferente que le cause perjuicio a la estudiante, que la excluya o la margine por haber fundado una familia, porque ello viola su derecho a la igualdad.

Se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso, a la educación y a la intimidad de un alumno cuando se le impone una sanción por su comportamiento que hace parte exclusiva de su intimidad, como tener relaciones sexuales con una persona casada.

La Corte concedió la tutela y ordenó al Colegio admitir a la joven afectada, si ella aún lo quería, para que culminara su grado once de educación media en el año lectivo en igualdad de condiciones al resto de sus compañeras; para lo cual las directivas deberían ofrecerle, por intermedio de sus profesores, oportunidades especiales, particulares y efectivas que le permitieran a la estudiante actualizarse y ponerse al día con el resto de sus compañeras.

De igual forma, le ordenó al plantel educativo modificar su manual de convivencia con la participación de la comunidad educativa, en especial de las alumnas, para lo cual habría de promover previamente una inducción pedagógica a los grados 9, 10 y 11 sobre los derechos de los adolescentes tratados en la sentencia. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-853-04
4.3.2. Discriminación a alumna por parte del establecimiento educativo por convivir en union marital de hecho

Se ampararon los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad de una menor que, por convivir en unión marital de hecho, fue obligada a utilizar un uniforme diferente al de sus otras compañeras. La Corte establece que si bien es cierto que los planteles educativos tienen derecho a redactar manuales de convivencia en los que se contemplen sanciones para los estudiantes, tales reglamentos no podrán contener elementos, normas o principios que estén en contravía de la Constitución vigente como tampoco favorecer o permitir prácticas entre educadores y educandos que se aparten de la consideración y el respeto debidos a la privilegiada condición de seres humanos tales como tratamientos que afecten el libre desarrollo de la personalidad de los educandos, su dignidad y el pluralismo étnico, cultural y social. Es así como, las facultades sancionatorias deben guardar la debida proporcionalidad en cuanto a los medios coercitivos escogidos y a los fines que se persiguen nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-516-98
4.3.3. Prohibición de discriminar y limitar la autoedeterminación de estudiantes menores de edad que tienen hijos o vida en pareja en manuales de convivencia

Un estudiante de grado once interpuso acción de tutela contra su Colegio por considerar vulnerados sus derechos, tras habérsele exigido trasladarse a la jornada nocturna en aplicación del artículo 34 del Manual de Convivencia que establecía: ?La Institución no aceptará alumnas embarazadas en la jornada diurna, con hijos, ya que estos necesitan del apoyo, atención y cuidado por parte de la madre, directa responsable del bienestar y desarrollo de sus hijos. Lo mismo ocurrirá con las que excepcionalmente se van con sus maridos, los dejan y vuelven a la institución... las que tienen marido a su cargo y deben cumplir con el deber conyugal en las diferentes actividades hogareñas, tengan hijos o no. El alumno que embarace a una alumna o que no pertenezca a la institución automáticamente pasará a la jornada nocturna por razones de responsabilidad con la embarazada y el fruto del mismo y así puede trabajar durante el día y proveerle algún tipo de sustento a quienes lo necesiten de él...?

Para la Corte la finalidad de la norma aparecía, en principio, loable; sin embargo, resultaba lesiva del derecho a la autonomía de los alumnos pues se relacionaba con materias que corresponden a ese espacio de autodeterminación, en el que la institución educativa no puede imponer ciertos comportamientos o conductas.

En atención a que otro criterio que animó el establecimiento de la norma fue la necesidad de separar, sin afectar el derecho a la educación, a los estudiantes que han iniciado una vida sexual activa de aquellos que no lo han hecho, como una medida orientada a proteger a los menores de edad, evitar la promiscuidad, impedir la propagación de enfermedades de transmisión sexual y prevenir los embarazos tempranos; la Corte consideró que se trata de una norma que establece un tratamiento discriminatorio sin que exista justificación para ello ya que no lo plantea como una posibilidad sino como una imposición obligatoria y automática dirigida únicamente a quienes han quedado embarazadas, han tenido un hijo, se han casado o han iniciado su vida en pareja.

Por considerar que la norma del manual de convivencia era inconstitucional, la Corte concedió la tutela y ordenó matricular al tutelante en la jornada diurna si éste lo consideraba pertinente. Adicionalmente previno a la institución para que se abstuviera de volver a aplicar la norma del manual de convivencia. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-688-05

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