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7. Los jóvenes frente al servicio militar

7.1. Objeción de conciencia no exonera del deber de prestar el servicio militar

El Ejército Nacional llamó a los dos peticionarios a enrolarse dado que después de los exámenes pertinentes resultaron aptos para ello. Los muchachos, por razones de creencia y de religión interpusieron acción de tutela para que se protegieran sus derechos y no se les exigiera enrolarse en las fuerzas militares. La Corte Constitucional negó la tutela dado que considera que no es posible exonerarse del deber de la prestación del servicio militar por cuanto por una parte, es la ley la que taxativamente estipula las causales de exoneración, y porque por otra parte, dentro de las leyes colombianas no se ha incluido como causal exonerativa la objeción de conciencia. La Corte señaló que el servicio militar obliga en principio a todos por dos razones básicas: en el plano de los deberes constitucionales de los gobernados, por la imperiosa y constante necesidad que de él se tiene para la efectiva defensa de la patria y, en el terreno de los derechos, por elemental aplicación del principio de igualdad ante la ley (artículo 13 de la Constitución); las excepciones a la misma se encuentran en la ley, lo que significa que si el colombiano llamado al servicio, no se encuentra en una de tales circunstancias, debe acudir a las filas.

Por otra parte la garantía de la libertad de conciencia no necesariamente incluye la consagración positiva de la objeción de conciencia para prestar el servicio militar. Esta figura, que en otros sistemas permite al individuo negarse a cumplir una obligación como la mencionada cuando la actividad correspondiente signifique la realización de conductas que pugnan con sus convicciones íntimas, no ha sido aceptada por la Constitución colombiana como recurso exonerativo de la indicada obligación. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-409-92
7.2. Igualdad ante la ley en aplazamiento y beneficios sobre la prestación del servicio militar

La Ley 418 de 1997 creó la figura del aplazamiento de la prestación del servicio militar para los bachilleres menores de edad, que decidan realizar estudios superiores. Posteriormente la Ley 548 de 1999, estableció una serie de beneficios para los jóvenes que se acogieran a esta figura. Fundamentalmente estos beneficios consisten en la reducción del servicio militar a seis meses y la posibilidad de homologarlo con el servicio social o comunitario que exigen algunas profesiones. Por medio de la Ley 642 de 2001, se aclaró el contenido de estos beneficios y se extendió la posibilidad de reducción del servicio militar a los bachilleres mayores de edad que decidan aplazarlo para continuar sus estudios superiores.

Esta norma fue demandada mediante acción de inconstitucionalidad, pues de la sucesiva regulación de la figura del aplazamiento, se podría deducir, que los beneficios mencionados se aplicarían únicamente a los menores bachilleres durante la vigencia de la Ley 548, es decir, a partir de 1999 y los bachilleres que se hubieran decidido aplazar sus estudios antes de esta fecha, no accederían a estos beneficios. El interrogante que surge para la Corte es ¿si estos jóvenes no tienen derecho a que se les apliquen los beneficios de seis meses de duración del servicio militar y la homologación del período con el servicio social y comunitario porque la Ley que los creó rige a partir de 1999?

La Corte Constitucional consideró que la distinción creada por el legislador en cuanto a los sujetos a los que se aplican los beneficios de la Ley 548, no pueden restringirse a los jóvenes bachilleres que a partir de 1999 aplacen la prestación del servicio militar, sino que también cubre a los jóvenes menores bachilleres que aplazaron el cumplimiento del deber militar bajo la facultad otorgada por la Ley 418 de 1997. El aplazamiento es la condición legalmente válida para acceder a la posición jurídica prevista por los beneficios legales, no es el momento en que entra en vigencia la ley. Los beneficios creados por la Ley 548 de 1999 son condiciones dentro de las cuales los jóvenes bachilleres cumplen el deber de prestar el servicio militar, pero ellos tienen un vínculo estrecho con la posibilidad del aplazamiento que no es creación de la mencionada ley sino que fue prescrito por la Ley 418 de 1997.

En este sentido, lo creado por la Ley 548 de 1999 se suma a lo ya existente, el aplazamiento que ya se había convertido en una situación jurídica válida. Conforme a ello, todos los jóvenes que por ser menores de edad, al momento de definir su situación militar, decidieron aplazar la prestación del servicio son beneficiarios de la reducción a seis meses del servicio y a la homologación con el servicio social. La finalidad de la norma es favorecer el derecho de los menores para que continúen con su proceso educativo pero en ningún momento, persigue la creación de una exención al deber que tienen los varones colombianos de prestar el servicio militar. De otra parte, la norma al adicionarle a la figura del aplazamiento ciertos beneficios, además de garantizar el derecho a la educación, lo armoniza con el deber del servicio militar y elabora una fórmula en la que se reconoce la importancia de la formación profesional puesta al servicio de la Fuerza Pública en favor de la cualificación de las instituciones.

Conforme a lo expuesto, la Corte Constitucional consideró necesario puntualizar los aspectos que reglamentan la forma como los colombianos cumplen con el deber de prestar el servicio militar:

a. Todo varón colombiano debe definir su situación militar a partir de la fecha en la que cumpla la mayoría de edad y hasta los 50 años.

b. Los estudiantes de bachillerato deben definirla cuando obtengan el título de bachiller.

Los estudiantes bachilleres que sean menores de edad en el momento de definir su situación militar y que son elegidos, deben aplazar el cumplimiento del deber hasta cuando alcancen la mayoría de edad.
El joven que debió aplazar la prestación del servicio hasta cumplir con la mayoría de edad y al alcanzar los 18 años se encuentra estudiando en un instituto de educación superior puede aplazar, el cumplimiento del deber militar, hasta cuando finalice los estudios de pregrado universitario.

A partir de 2001 el beneficio del aplazamiento se extiende a los jóvenes bachilleres mayores quienes al finalizar sus estudios de secundaria pueden, igual que los menores, aplazar el servicio militar hasta cuando finalicen sus estudios de pregrado universitario.

Adicionalmente a las cinco consideraciones jurídicas enunciadas, la Ley 548 de 1999 creó dos beneficios accesorios de la posibilidad del aplazamiento:

a. Para quienes aplacen la prestación del servicio militar hasta finalizar los estudios de pregrado universitario, cuando cumplan con el deber militar, el período al servicio de una institución de la Fuerza Pública será de 6 meses.

b. Los seis meses del servicio militar serán homologables a la obligación de prestar un servicio social y comunitario que exigen ciertas carreras para conceder el título de profesional.

Con base en los argumentos anteriores se decidió declarar exequible de manera condicionada la norma demandada, bajo el entendido que los beneficios previstos en la Ley 642 de 2001 también se aplican a los jóvenes bachilleres que válidamente aplazaron el cumplimiento del deber de prestar el servicio militar desde 1997. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-456-02
7.3. No existe discriminación para con la mujer por no obligársele a prestar el servicio militar

Se interpuso acción de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la ley 48 de 1993 por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización, por considerar el actor que tal ley establece un trato discriminatorio para con la mujer en lo que respecta a la prestación del servicio militar. La Corte determinó que no puede considerarse contrario a la Constitución en lo que respecta el derecho a la igualdad el hecho de que exista cierto trato o consideración especial a la mujer estipulada en la ley. De tal manera no se viola el derecho fundamental a la igualdad con respecto a la mujer dado que las clasificaciones que hace el legislador para definir quienes están obligados a prestar el servicio militar atienden al trato legal diferente que debe darse en función del sexo y las desigualdades materiales intrínsecas a los seres humanos y es por ello claro que no tienen animo discriminatorio. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-511-94
7.4. No existe violación a la intimidad por estar incluidos los nombres en bases de datos que facilitan el reclutamiento

Se interpuso acción de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la ley 48 de 1993 por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización con base en que el autor consideró que es violatorio del derecho a la intimidad el hecho de que se levanten estadísticas que registren la existencia, sexo y edad de la personas con el fin de facilitar el reclutamiento. Estableció la Corte que el hecho de que se incluyan tales datos, informaciones que legítimamente puede otorgar la Registraduría Nacional y el DANE, a fin de facilitar a la oficina de reclutamiento y control de las labores de definición e inscripción de la situación militar no es definitivamente violatorio de los derechos consagrados en la Constitución dado que el fin que se promueve con tales datos es un fin estrictamente constitucional y hace parte de uno de los deberes patrios como lo es la prestación del servicio militar. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-511-94
7.5. Prestación del servicio militar obligatorio de adolescente limitado físicamente: destinacion a tareas administrativas

En el caso de un joven bachiller que a pesar de haber presentado documentos que probaban problemas de salud en la columna vertebral, hecho que no le permitía llevar a cabo ejercicio físicos fuertes, salió apto para prestar el servicio militar obligatorio, la Corte Constitucional denegó el amparo solicitado argumentando que la aptitud como presupuesto de la prestación del servicio militar está dada por las mínimas condiciones físicas y psicológicas que permiten la prestación del servicio militar ora en su función principal de guarda de la democracia, la independencia nacional y las instituciones a través de las armas, ora en las tareas de tipo administrativo, académico o cívico que sirven directa o indirectamente con los fines antes citados.

En ese sentido, la destinación de un soldado limitado físicamente a tareas administrativas, académicas o cívicas no es incompatible con las funciones que cumplen los batallones de apoyo logístico a la función militar. El soldado moderadamente disminuido en sus capacidades físicas puede ser destinado a cumplir tareas que no pongan en riesgo su vida en razón de sus condiciones de salud, con lo cual no se le otorga ningún beneficio sino se le garantiza la igualdad de trato consagrada como derecho fundamental en la Constitución. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-031-94

    (De acuerdo con la Ley 418 de 1997 y el artículo 2 de la Ley 548 de 1999 los menores de 18 años de edad no serán incorporados a filas para la prestación del servicio militar. A los estudiantes de undécimo grado, menores de edad que, conforme a la Ley 48 de 1993, resultaren elegidos para prestar dicho servicio, se les aplazará su incorporación a las filas hasta el cumplimiento de la referida edad.)
7.6. Obligaciones en materia de seguridad social a soldado que sufre accidente durante la prestación del servicio militrar obligatorio

El accionante entró a prestar el servicio militar obligatorio y durante una práctica de paracaidismo sufrió un accidente que lo dejó padeciendo enfermedades graves de salud. Se determinó por parte de la junta médica de las Fuerzas Militares que sufre de incapacidad laboral de 74.17%, mientras que en medicina Legal se estableció que era del 80.59%. El porcentaje mínimo para acceder a la pensión de invalidez es de 75% lo cual no le permite tener acceso al servicio de salud, hecho grave con base en que no tiene recursos para acceder a un medico particular. La Corte concedió el amparo solicitado y estableció que se debe entender que si bien la normatividad vigente establece que una vez finalizada la prestación del servicio militar y otorgada ?la baja? concluyen las obligaciones en materia de seguridad social para los que entran a formar parte de la reserva de las Fuerzas Militares en virtud de su desvinculación total, dicha regla presenta una excepción en su aplicación en razón a las circunstancias que dieron lugar al retiro del mismo y al peligro que se cierne sobre los derechos fundamentales a la salud y a la vida del soldado.

En el evento en que la persona adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad psicofísica, tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público. En estos casos, nos encontraremos frente a lesiones o afecciones patológicas, no susceptibles de recuperación, que le impidan a la persona trabajar en cualquier actividad. Para quienes no adquieran el derecho a la pensión, fuera de las asignaciones que correspondan a título de indemnización, el Servicio de Rehabilitación de las Fuerzas Militares o de la Policía, deberá estar en contacto y en procura de cargos u oficios para el personal rehabilitado (Artículo 41 del Decreto 94 de 1989). nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-376-97, ver también Sentencia T-762-98
7.8. Obligación del estado de solucionar la situación militar de joven declarado remiso y sancionado con multa por error de distrito militar

Un joven presentó acción de tutela en defensa de su derecho al trabajo por cuanto fue declarado remiso y sancionado con una multa por un Distrito Militar, pese a que lo citó equivocadamente para un día después de la fecha en que se iba a definir la incorporación al servicio y a que cumplió con dicha citación. Adujo el joven que a causa de lo anterior no había podido conseguir empleo, pues para ello requería presentar la libreta militar.

La Ley 48 de 1993 establece los mecanismos para solucionar la situación militar, incluidos los procedimientos administrativos y los pasos que se deben cumplir para acceder a la libreta militar. Adicionalmente, prohíbe la vinculación laboral de los adultos que no hayan definido su situación militar. Por tal razón, no acceder a la tarjeta militar sin justa causa por parte de la administración violenta derechos fundamentales.

Para la Corte, el hecho de que la concentración se hubiera llevado a cabo en una fecha diferente de aquella en que fue citado el ciudadano, hace que no se le pueda imputar incumplimiento del deber de presentarse a definir su situación militar. Por otro lado, en el proceso no se encontró probado que a la imposición de la multa hubiera precedido un debido proceso ni que se hubiera notificado legalmente al accionante. La Corte indicó que, por la ineficacia del medio de defensa judicial destinado para dirimir la controversia relacionada con la multa y la prolongación en el tiempo consecuencial que incidiría gravemente en el derecho a solucionar su situación militar y a acceder a trabajar, es deber del juez constitucional proteger en forma inmediata los derechos al debido proceso y al trabajo.

Por lo anterior, concedió el amparo y ordenó al demandado que, una vez verificados los requisitos que establece la ley, se procediera a expedir la tarjeta de reservista al accionante, absteniéndose en todo caso de cobrar la sanción pecuniaria que fue impuesta contra él, por ser ésta última incompatible con la Constitución. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1083-04
7.9. La no entrega de la libreta militar cuando se han cumplido los requisitos legales atenta contra la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad

La madre de un joven que había sido exonerado de la prestación del servicio militar por ser hijo único y había pagado la liquidación correspondiente para obtener su libreta militar, presentó acción de tutela contra un Distrito Militar debido a que ésta no le entregó la libreta en el tiempo previsto ni respondió un derecho de petición mediante la cual se reclamaba la entrega del documento. La señora precisó que su hijo requería con urgencia dicho documento porque requería salir del país para asistir a un curso de guitarra en temporada de vacaciones que se desarrollaría en otro país. Para la Corte Constitucional, en el sistema jurídico colombiano la tarjeta militar constituye un documento esencial para el desarrollo individual de la persona, pues sin él no pueden llevarse a cabo algunos actos públicos o privados propios de la vida en comunidad.

Aún tratándose de un evento académico de corta duración, es evidente que el mismo contribuiría a la formación y al desarrollo integral de una persona que está en proceso de aprendizaje y se muestra interesada en conocer otro medio cultural, pues se trataba de salir del territorio nacional. Estos hechos son suficientes para concluir que la omisión injustificada en la entrega de un documento como la tarjeta militar, cuando su titular la requiere para salir del país, asistir a eventos académicos o en general para enriquecer sus conocimientos y aptitudes, constituye un grave atentado contra la dignidad de la persona y, en particular, contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad de quien opta por un área del conocimiento y de la cultura. Por esta razón, la demora injustificada al entregar este documento debe ser objeto de reproche y, en determinados casos, de sanción. En el caso concreto, la Corte no tuteló el derecho del joven porque para el momento del fallo ya había recibido su libreta militar nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-325-04

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