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8. Protección especial del estado

8.1. Proteccion del derecho a la propiedad de los jóvenes

La accionante en nombre de su hijo menor de edad interpuso acción de tutela con base en que inició un proceso de licencia judicial para poder vender un inmueble de propiedad del menor. Al acercarse a la justicia y después de haber surtido los trámites pertinentes el juez encargado nombró dos peritos para que avaluaran el precio de la casa. Se determinó que el monto que debía reconocérseles era de una suma altísima de dinero. Tal decisión no pudo ser recurrida dado que el apoderado legal de la señora y su hijo en tal momento se encontraba incapacitado. Cuando pudo apersonarse de nuevo en sus deberes recurrió y posteriormente apeló la decisión en la que se obligaba el pago del monto elevado de dinero a los peritos adjuntando prueba de su incapacidad. Ambas decisiones fueron desfavorables.

En primer lugar la Corte determinó como lo ha dicho en varias sentencias que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se ejerce para impedir que las autoridades públicas mediante vías de hecho vulneren o amenacen derechos fundamentales. Con respecto a la tasación de los honorarios de los auxiliares de la justicia se dice que aunque exista posibilidad de que los jueces per se determinen la tarifa del pago a los auxiliares de la justicia, en este caso los peritos, debe entenderse que si el servicio que prestan los peritos avaluadores sobre la base de la gratuidad de la justicia civil, tiene un precio mayor al del mismo avalúo en el mercado entonces hay razón para pensar que se está gravando en exceso a quien debe pagar por tal prestación. Si esa diferencia es de más de ocho (8) veces el precio del mercado, ya no cabe duda de que se transgredieron los límites legales y constitucionales al fijar tales honorarios.

La Corte ha establecido que el artículo 45 de la Carta Política establece que se deberá proteger íntegramente al adolescente. El artículo 303 del Código Civil contiene una medida especial de protección al patrimonio de los menores; según su texto, los padres sólo podrán enajenar un bien raíz que le pertenezca al hijo, con la licencia de un juez que, con conocimiento de causa, vele para que ese patrimonio no sufra disminución o deterioro injustificado. En el proceso que originó la acción de tutela, el juez gravó en exceso el patrimonio de quien, según el marco normativo, debía ser protegido especialmente.

De esta manera el funcionario judicial violó la previsión contenida en el artículo 228 de la Constitución ("?y en ellas prevalecerá el derecho sustancial..."), al infligir una disminución injusta al derecho patrimonial que debía proteger y a pesar de haber recurrido en reposición y en apelación (así tarde) y los jueces llamados a hacerlo negaron la suspensión, incurriendo en una nueva violación al artículo 228 superior: hicieron privar la exigencia de un requisito adjetivo (alegar la nulidad de lo actuado durante la incapacidad del apoderado), que no era muy claramente procedente, sobre la efectividad del derecho sustantivo. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-518-94
8.2. Sistema de responsabilidad penal juvenil entre 14 y 18 años de edad

Se interpuso demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 33 (parcial) y 475 transitorio del nuevo Código Penal dado que el autor consideró que las normas demandadas ponen a los menores en pie de igualdad con los adultos, en cuanto se refiere a la responsabilidad penal de sus actos, cuando en otros campos como en el civil, comercial o administrativo, en donde no está en juego la vida afectiva, física y moral de los niños, a éstos se los exime de cualquier responsabilidad. La Corte determinó que es bien claro que se introduce una clara diferencia de trato entre los menores de 18 años frente a los mayores de edad que han infringido la ley penal, pues somete a los primeros a un sistema independiente de responsabilidad penal.

Se tiene que el espectro de amparo concedido por el ordenamiento jurídico a los jóvenes es más amplio que el que pudiera otorgarse a cualquier otro sector de la población, visto que por voluntad del propio constituyente, sus derechos priman sobre los de los demás. No obstante, debido a su fragilidad e inmadurez física y sicológica, los niños constituyen una población sensiblemente vulnerable a los efectos nocivos de los fenómenos sociales. Los menores que se encuentran en situación irregular y quebrantan el ordenamiento jurídico, son responsables frente al Estado por las consecuencias de su conducta. La responsabilidad penal es el compromiso que le cabe al sujeto por la realización de un hecho punible y conforme a la legislación vigente no existe duda alguna de qué esta se predica tanto de los sujetos imputables como de los inimputables. Por tanto ambas estructuras jurídicas implican responsabilidad penal, siendo la de los imputables responsabilidad subjetiva, al tiempo que para los inimputables la responsabilidad penal es objetiva.

El reconocimiento de que los menores pueden ser sometidos a la jurisdicción de un tribunal (o de un juez) para que se resuelva su responsabilidad jurídica como consecuencia de la realización de una conducta penalmente reprochable, es entonces una realidad del derecho que no puede ser desconocida con el argumento de que los menores gozan de una protección especial por el Estado y la comunidad mundial. Ello más bien contribuye a que los Estados refuercen las medidas legislativas y administrativas para obtener que, en el desarrollo del proceso penal, se respeten con especial cuidado los derechos sustantivos y procesales del menor incriminado y se busque, antes que la imposición de sanciones represivas, la aplicación de medidas de índole educativa y resocializadora para alcanzar la integración social del menor. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-839-01
8.3. Responsabilidad penal como adulto a quien delinquió siendo menor de edad, sin informarlo oportunamente al proceso

El actor presentó acción de tutela contra el juzgado penal y el tribunal superior de distrito judicial que lo condenaron por el delito de homicidio agravado y contra un juzgado de ejecución de penas, debido a que ninguno de ellos era competente para conocer su caso ya que al momento de la comisión del hecho contaba con tan solo 16 años de edad. Es decir, que su juzgamiento le correspondía a la jurisdicción de menores. A pesar de ello, completa tres años de privación de la libertad en cumplimiento de tal condena.
Durante el trámite del proceso precisa que dio una identificación falsa a las autoridades judiciales por la presión sicológica y física a que fue sometido por los agentes de policía que lo detuvieron al no portar documentos de identificación en ese momento. Al momento de presentar la acción no había agotado el recurso de casación ni la acción de revisión.

La Corte considera que la acción de tutela procede en estos casos cuando se presenta una situación completamente objetiva de la cual se puede derivar la desproporcionalidad de la sanción penal. Dentro de expediente aparece que las diferentes autoridades judiciales adelantaron las gestiones tendientes a establecer la identidad del actor y, a través de un experticio médico legal respectivo, su edad, concluyendo que se trataba de un mayor de edad al momento de la comisión del delito. Adicionalmente la Corte estableció que fue la conducta desplegada por el actor la que generó la imposibilidad de identificarlo completamente, incumpliendo el deber de lealtad y colaboración con la administración de justicia, lo cual redunda en que la solicitud de amparo podría constituirse en un abuso de derechos. Por ello, la Corte considera que debe esperar el trámite de la acción de revisión como mecanismo judicial eficaz para la atención de sus peticiones. La Corte negó el amparo y ofició al Defensor del Pueblo para que le asigne al actor un defensor público que lo asesore y represente en la eventual acción de revisión penal dentro del proceso en el que se lo condenó por el delito de homicidio agravado. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1292-05

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