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Última modificación: 2006-08-01
Derecho a la igualdad de trato en establecimientos de reclusión

Dos mujeres recluidas en distintos centros penitenciarios del país, presentaron acción de tutela contra las autoridades penitenciarias en defensa de sus derechos a la intimidad, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, por haberles impedido el ejercicio del derecho a visita conyugal. Ese derecho había sido solicitado por una de ellas, en uso de permiso de salida de 72 horas y con ese fin se había desplazado a la ciudad donde estaba recluida su compañera sentimental. Las autoridades del centro carcelario le impidieron el ingreso aduciendo que de acuerdo con el reglamento debía presentar su cédula de ciudadanía y su pasado judicial para ingresar al penal, sin tener en cuenta que el certificado judicial no puede ser obtenido por una persona privada de la libertad. También se adujo que el reglamento carcelario no preveía las visitas conyugales lésbicas u homosexuales. La Corte señaló que en este caso no se discutía la libre opción sexual de las demandantes sino las reiteradas e infundadas negativas para permitir la entrevista en intimidad.

Señaló que las autoridades carcelarias si bien pueden exigir a quienes pretendan ingresar a los establecimientos carcelarios, la cédula de ciudadanía y el certificado judicial, a fin de adoptar medidas consecuentes con el mantenimiento del orden y de la disciplina carcelaria, no pueden permitir que la exigencia de esos documentos limite los derechos constitucionales de los visitantes e internos hasta desconocerlos?. La Corte consideró que ?las personas privadas de la libertad pueden reclamar oportunidades para afianzar en la intimidad sus relaciones de pareja, y que las autoridades carcelarias no pueden entorpecer sus propósitos, en razón de que la dignidad humana de los reclusos está especialmente protegida en los artículos 1, 2, 4, 5, 15, y 16 constitucionales?. La Corte ordenó a las autoridades penitenciarias permitir el ingreso de la accionante con beneficio administrativo a la cárcel donde se encuentra recluida su compañera o disponer otro lugar donde puedan tener dichos encuentros.

Destacó que el reglamento de visitas conyugales no prevé disposiciones que regulen el ingreso a las personas privadas de la libertad a otro centro carcelario para el ejercicio de la visita conyugal ni de las personas que se encuentran disfrutando de permisos administrativos, por lo cual instó a la Defensoría del Pueblo para que impulse las acciones judiciales o administrativas pertinentes para que las autoridades penitenciarias sean conminadas a expedir la reglamentación que brinde a los directores de los penales criterios claros, generales y uniformes en la materia, que les permitan garantizar a los internos el ejercicio de la sexualidad en condiciones de igualdad y salvaguardando su dignidad e intimidad, sin desconocer las condiciones específicas de cada establecimiento. nota 1

En otra decisión, la Corte Constitucional tuteló los derechos de una mujer a quien le fueron restringidas las visitas al centro carcelario donde estaba recluida su compañera, por el hecho de utilizar falda, pese a no existir materialmente una norma que contenga tal prohibición.

Observó la Corporación que la autoridad carcelaria incurrió en una clara vulneración de sus derechos fundamentales:

i) Al debido proceso, por cuanto no existe norma que contenga esa exigencia;

ii) A la igualdad, por cuanto la propia Ley 65 prohíbe toda forma de discriminación, la cual se evidencia en el presente caso por el factor sexo, ya que no existe fundamento razonable para exigir a las mujeres visitantes de un reclusorio el uso de falda para ingresar a sus instalaciones, pues esa norma, aunque como se vio no se halla materialmente en ley, reglamento, u otra norma, lo cierto es que no existe ni se aplica para los hombres y, en ese orden de ideas, implica un trato desigual, no justificado ni permitido por la Constitución Política (artículo 13); y

iii) Al libre desarrollo de la personalidad, por cuanto se impone a un particular una determinada forma de vestir, con una determinada prenda, sin que tenga motivo jurídico que lo explique, como sí sucede en el caso de los reclusos.

Reitera la Corte su jurisprudencia relativa al respeto a la dignidad humana que debe existir en las actuaciones de las autoridades carcelarias frente a los visitantes de los centros que ellos dirigen. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-499-03
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-624-05

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