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Última modificación: 2006-08-01
Principio general de protección

La Corte Constitucional conoció de una demanda contra el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 35 de la Ley 50 de 1990, ordinal tercero, y señaló que la protección a la mujer embarazada y a la madre tiene múltiples fundamentos en el ordenamiento constitucional. Señaló que los principios constitucionales del artículo 53, que son normas directamente aplicables en todas las relaciones laborales, adquieren mayor fuerza normativa cuando se trata de una mujer embarazada, por cuanto ella debe ser protegida en forma especial por el ordenamiento. Existe pues, un verdadero "fuero de maternidad". En ese mismo orden de ideas, la mujer embarazada tiene un derecho constitucional a una estabilidad laboral reforzada, pues una de las manifestaciones más claras de discriminación sexual ha sido, y sigue siendo, el despido injustificado de las mujeres que se encuentran en estado de gravidez, debido a los eventuales sobre costos o incomodidades que tal fenómeno puede implicar para las empresas.

Por ello, los distintos instrumentos internacionales han sido claros en señalar que no es posible una verdadera igualdad entre los sexos, si no existe una protección reforzada a la estabilidad laboral de la mujer embarazada. En este sentido, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 239 del CST, pero en el entendido de que, debido al principio de igualdad (Constitución Política art. 13) y a la especial protección constitucional a la maternidad (Constitución Política arts. 43 y 53), carece de todo efecto el despido de una trabajadora durante el embarazo, o en los tres meses posteriores al parto, sin la correspondiente autorización previa del funcionario competente. Esto significa que para que el despido sea eficaz, el patrono debe obtener la previa autorización del funcionario del trabajo. La Corte consideró que, con el fin de amparar la estabilidad laboral de las servidoras públicas embarazadas, procedía aplicar la regla de la unidad normativa (art.6º del Decreto 2067 de 1991), puesto que la Constitución protege la maternidad no sólo en el ámbito de las relaciones laborales privadas sino también en la esfera pública.

Por lo tanto la Corte consideró necesario extender los alcances de esta sentencia integradora a los artículos que regulan el mecanismo indemnizatorio en el caso de las servidoras públicas, aun cuando, como es obvio, sin que se desconozcan las reglas jurídicas especiales que rigen a estas servidoras, según que se trate de relación contractual (trabajadora oficial) o de relación legal y reglamentaria (empleada pública). nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-470-97, reiterada en las Sentencias T-472-02, T-174-99, T-362-99, T-764-00

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