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Última modificación: 2006-08-01
Objetivo del estado social de derecho: protección a los más débiles

?Aunque la Constitución no consagra un derecho a la subsistencia éste puede deducirse de los derechos a la vida, a la salud, al trabajo y a la asistencia o a la seguridad social. La persona requiere de un mínimo de elementos materiales para subsistir. La consagración de derechos fundamentales en la Constitución busca garantizar las condiciones económicas y espirituales necesarias para la dignificación de la persona humana y el libre desarrollo de su personalidad.

?El Estado Social de Derecho hace relación a la forma de organización política que tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la población, prestándoles asistencia y protección. Del principio del Estado Social de Derecho se deducen diversos mandatos y obligaciones constitucionales: primariamente, el Congreso tiene la tarea de adoptar las medidas legislativas necesarias para construir un orden político, económico y social justo (Preámbulo, Constitución Política art. 2). Por otra parte, el Estado y la sociedad en su conjunto, de conformidad con los principios de la dignidad humana y de la solidaridad (Constitución Política art.1), deben contribuir a garantizar a toda persona el mínimo vital para una existencia digna. El Estado Social de Derecho exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance.

El fin de potenciar las capacidades de la persona requiere de las autoridades actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida, el cual incluye la alimentación, la vivienda, la seguridad social y los escasos medios dinerarios para desenvolverse en sociedad. Toda persona tiene derecho a un mínimo de condiciones para su seguridad material. El derecho a un mínimo vital - derecho a la subsistencia como lo denomina el peticionario-, es consecuencia directa de los principios de dignidad humana y de Estado Social de Derecho que definen la organización política, social y económica justa acogida como meta por el pueblo de Colombia en su Constitución. Este derecho constituye el fundamento constitucional del futuro desarrollo legislativo del llamado "subsidio de desempleo", en favor de aquellas personas en capacidad de trabajar pero que por la estrechez del aparato económico del país se ven excluidos de los beneficios de una vinculación laboral que les garantice un mínimo de condiciones materiales para una existencia digna.

?El derecho al mínimo vital no sólo incluye la facultad de neutralizar las situaciones violatorias de la dignidad humana, o la de exigir asistencia y protección por parte de personas o grupos discriminados, marginados o en circunstancias de debilidad manifiesta (Constitución Política art. 13), sino que, sobre todo, busca garantizar la igualdad de oportunidades y la nivelación social en una sociedad históricamente injusta y desigual, con factores culturales y económicos de grave incidencia en el "déficit social". El derecho a un mínimo vital, no otorga un derecho subjetivo a toda persona para exigir, de manera directa y sin atender a las especiales circunstancias del caso, una prestación económica del Estado. Aunque de los deberes sociales del Estado (Constitución Política art. 2) se desprende la realización futura de esta garantía, mientras históricamente ello no sea posible, el Estado está obligado a promover la igualdad real y efectiva frente a la distribución inequitativa de recursos económicos y a la escasez de oportunidades.? * nota 1

· Deber del Estado de proteger y asistir a las personas de la tercera edad que se encuentran en estado de indigencia

En demanda de constitucionalidad, la Corte estableció que era deber del Estado concurrir a la protección y asistencia de las personas de la tercera edad y garantizar los servicios de seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. Por esta razón declaró exequible el proyecto de ley No. 114 de 1997 y No. 04 de 1998, ?Por el cual el Gobierno nacional adjudica un inmueble con destino a la casa sede de los veteranos de guerra de Corea y el conflicto militar con el Perú y se dictan otras disposiciones especiales? nota 2

· Deber del Estado de garantizar permanencia de ancianos indigentes en programas de auxilios mientras conserven su estado de indigencia

Las actoras son personas de 80 y 73 años de edad, que están inscritas en un programa del Gobierno Nacional para la protección de las personas mayores adultas en estado de indigencia o de pobreza extrema, lo que les da el derecho a recibir un auxilio mensual de $85.000. Sin embargo, éste dinero no se les ha entregado porque en el municipio donde residen no hay Banco Agrario, entidad a través de la cual se deben efectuar estos pagos. Manifiestan que les han propuesto cobrar en un municipio vecino, pero que esa solución no es viable, pues por su edad les es muy difícil trasladarse a ese lugar, además carecen de recursos para sufragar el transporte y se exponen a ser víctimas de los asaltantes de carreteras interesados en despojarlas de ese dinero.

La Corte Constitucional estableció que en efecto las dos accionantes se encontraban inscritas en el Programa de Protección Social al Adulto Mayor lo que relevaba al juez constitucional de establecer su situación de indigencia o de extrema pobreza. Por tal razón, consideró que si las actoras no tenían acceso al auxilio económico se comprometía su subsistencia. De igual forma, la Corporación estableció que las normas reglamentarias del auxilio, preveían que en aquellos casos en los cuales no existía sucursal del Banco Agrario para hacer el pago, éste debía hacerse a través de la tesorería del municipio, para lo cual sólo era necesario suscribir un convenio, etapa que no habían cumplido las accionadas, lo cual era reprobable.

La Corte indicó que ?no basta con que la Constitución Política establezca que Colombia es un Estado social de derecho (art. 1º de la Carta) y del inmenso contenido que implica esta definición, ni que este principio, vinculado a los fines sociales del Estado (art. 2º), se imponga como marco de interpretación de las demás normas constitucionales y legales que se relacionen con el mismo, si las autoridades de la República, responsables de hacerlo realidad, no sólo no facilitan que las personas puedan acceder al disfrute de los derechos fundamentales, sino que, al momento de ponerlos en ejecución, entraban la labor poniendo en grave peligro la subsistencia de quienes por su estado de debilidad manifiesta o de pobreza extrema, se convierten en los afectados por el incumplimiento de las obligaciones estatales. En estos eventos se desconoce, también, el deber de solidaridad?.

Por otro lado, y dado que el alcalde del Municipio había negado que una de las accionantes estuviera inscrita en el registro, en tanto que el administrador fiduciario del fondo afirmaba lo contrario, la Corte le recordó al burgomaestre que ?para tener en cuenta jurídicamente esa afirmación ?debió informar las razones para la exclusión, pues incluir o no a una persona en el Programa no es asunto discrecional de las autoridades, sino que requiere de un procedimiento previo, y cuando éste culmina, se pueden tomar las decisiones pertinentes? ?lo cual debe constar en un acto de exclusión fundamentado.

La Corte tuteló los derechos al mínimo vital y a la igualdad de las actoras y ordenó a los accionados que en un plazo máximo de 30 días adelantaran todas las gestiones necesarias para facilitar la entrega del subsidio a las actoras en su municipio de residencia. nota 3

· Subsidio económico para ancianos indigentes hasta por la mitad del salario mínimo legal mensual vigente

Los actores adultos mayores, instauraron acción de tutela en contra de una Entidad Territorial, por considerar que dicha entidad violó sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la salud en conexidad con el derecho a la vida, al haberlos excluido del Programa Adulto Mayor.

Inicialmente a través de la Ley 100 de 1993 (arts. 257 y 258) se reguló el subsidio económico para ancianos indigentes con el objeto de apoyar económicamente a estas personas hasta por el 50% del salario mínimo legal mensual vigente, siempre y cuando el beneficiario cumpla con los requisitos exigidos en dicha ley.

Posteriormente, se dictó el Decreto 1135 de 1994 "por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 257, 258, 259, 260, 261 y 262 de la Ley 100 de 1993", cuyo objeto fue implementar este auxilio, disposición derogada por el Decreto 2681 de 2003 "por el cual se reglamenta la administración y el funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional", derogado finalmente por el Decreto 569 de 2004 por medio del cual se reglamentó la administración y el funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional.

En conclusión, en la actualidad el Programa de Auxilio para el anciano indigente se rige por el Decreto 569 de 2004 y se maneja a través de un Fondo de Solidaridad, que se denomina "subcuenta de subsistencia".

En el caso objeto de estudio, los accionantes, personas de 86 y 76 años, buscan ser incluidos de nuevo en el programa de protección al adulto mayor, por cuanto consideran que fueron retirados del mismo sin ninguna explicación, de manera injusta, ilegal y arbitraria por parte de la Alcaldía Municipal, a pesar de que reúnen las condiciones para ser beneficiarios del mencionado programa.

En el enunciado decreto se establecen las condiciones y requisitos que deben reunir las personas que aspiran a obtener el beneficio indicado, al igual que se determina que son los entes territoriales los encargados de la priorización de beneficiarios, lógicamente mediante un proceso de selección y valoración de cada uno de los aspirantes.

Finalmente la Corte determina que la entidad territorial en cabeza del Alcalde Municipal, debió, si consideraba que existían razones para la exclusión de los accionantes al programa, iniciar la correspondiente actuación administrativa y probar los presupuestos establecidos en el Decreto 569 de 2004 para ello, pues incluir o no a una persona en el Programa no es asunto discrecional de las autoridades, sino que requiere de un procedimiento previo, y cuando éste culmina, se pueden tomar las decisiones pertinentes.

Por las razones expuestas la Corte decide ordenar a la entidad territorial, proceda nuevamente a la inclusión de los accionantes como beneficiarios del programa del adulto mayor. Posteriormente y si es del caso inicie las acciones administrativas, observando el debido proceso, para obtener eventualmente la exclusión de los mismos. nota 4

· Deberes de los curadores a quienes se les ha impuesto el cuidado personal y la administración de bienes de persona de la tercera edad y con demencia

El actor en su calidad de hijo y agente oficioso de su madre, interpuso la acción para que se tutelen los derechos fundamentales de su señora madre, quien se encuentra interdicta por demencia. Lo anterior, por cuanto estima que sus hermanos y a la vez curadores de su madre, han incumplido con los deberes que les han sido impuestos en virtud de tal cargo, descuidando la administración de los bienes y el cuidado personal de su pupila, vulnerando en consecuencia los derechos fundamentales a la vida, integridad física y la salud.

Observa la Sala, que al tenor del numeral 4 del artículo 42 del decreto 2591 de 1991, es manifiesto el estado de indefensión en que una persona situada en las condiciones anotadas puede encontrarse respecto de su(s) guardador(es). Es claro pues, que la incapacidad judicialmente declarada de la interdicta la ubica en imposibilidad de resistir o repeler la agresión o la amenaza de vulneración a sus derechos fundamentales respecto de sus guardadores, personas particulares que actuando en su calidad de representantes legales de la pupila pueden dejarla inerme o desamparada, sin medios físicos o jurídicos de defensa.

En el caso de las personas de la tercera edad, pueden confluir dos situaciones especiales de debilidad manifiesta: la ancianidad y la discapacidad mental, razón por la cual, estos casos ameritan unas consideraciones particulares para su protección y la plena garantía de sus derechos fundamentales.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el ejercicio de la curaduría es una labor que debe realizarse con la idoneidad y la responsabilidad que demanda una adecuada protección económica y personal de los sujetos disminuidos física o mentalmente. Tal encargo en consecuencia, no se reduce a la eficiente administración de los bienes del incapaz sino a la disposición de los medios humanos y patrimoniales que permitan un correcto cuidado de su persona, garantizando su existencia en condiciones de dignidad humana.

Teniendo en cuenta la situación particular de la señora, que amerita un tratamiento especial y profesional, dada su edad y su condición mental, no puede la Corte permanecer indiferente. Y, del análisis del expediente se colige que de acuerdo a la información suministrada por autoridades locales de salud del municipio, sobre los programas diseñados en favor de las personas de la tercera edad y discapacitados física, mental o sensorialmente, debe considerarse urgente entregar el cuidado personal de la señora (vivienda, alimentación, salud, bienestar y recreación) al ente territorial municipal, a través del Programa de Atención a la Tercera Edad, pues en este momento se advierte, que al parecer no existe un Curador que se encuentre ejerciendo tal función, dado que en relación con el Curador dativo designado por el Juzgado de Familia, se desconoce su paradero. nota 5

· Obligación del Estado de auxiliar a veteranos ancianos sobrevivientes del conflicto con Perú que se encuentren en estado de indigencia

El actor dice que tiene 96 años de edad, que es viudo y que convive con una hija desempleada de 64 años de edad y con su nieto de 23 años que padece mongolismo. Indica que se encuentra en situación de indigencia y que vive de la caridad de algunos vecinos. Indica que por ser veterano sobreviviente del conflicto Colombo-Peruano -evacuado por enfermedad de paludismo, solicita que se le reconozcan prestaciones sociales por su buen comportamiento, su participación en la guerra y su retiro por enfermedad.

El Ministerio de Defensa precisa que en el expediente del actor no se encuentra completamente acreditada su participación en ese conflicto y que por tal razón no puede concederle el subsidio previsto en la Ley 683 de 2001 para los veteranos en estado de indigencia sobrevivientes del conflicto con Perú. Esta decisión quedó consignada en la Resolución 1451 de agosto 23 de 2003 de ese Ministerio.

El juez de tutela denegó las pretensiones del actor al considerar que ellas debieron invocarse en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

La Corte Constitucional desestimó la decisión del juez de instancia por considerar que no se había tenido en cuenta la avanzada edad del accionante, su estado de indigencia ni la eficacia de la acción de tutela.

Por otra parte, indicó que en la Resolución del Ministerio de Defensa no se había tenido en cuenta una constancia que poseía el actor expedida el 23 de noviembre de 1933 por el Capitán Comandante de la guarnición de El Encanto, con sello del Ejército de Colombia, en donde se afirmaba que ?el soldado Clímaco Benítez perteneció a esta Guarnición bajo mi mando, observó muy buena conducta, espíritu de trabajo, estando a la altura del fiel cumplimiento de su deber y fue evacuado por enfermedad palúdica?.

La Corte destaca que la Población del El encanto se encuentra cerca al río Putumayo, en la frontera con el Perú, razón por la cual ordena al Ministerio analizar si efectivamente el actor como indigente, sobreviviente del Conflicto Colombo ? Peruano se hace acreedor del subsidio otorgado por el Estado Colombiano. De no ser así, -teniendo en cuenta la especial situación del actor y su familia, le ordena, realizar a través de la Red de Solidaridad Social las gestiones necesarias para que se incluya al demandante y a su familia en un programa de auxilio para ancianos indigentes, conforme a la obligación del Estado de otorgar protección a personas que se encuentren en estado de debilidad manifiesta. nota 6



  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-426-92
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-705-01
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-1031-04. Ver también Sentencia T-523-06
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-1035-05
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-046-05
  6. Corte Constitucional, Sentencia T-649-04. Ver también Sentencia T-225-05

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