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Última modificación: 2007-08-06
Los recursos destinados a las pensiones no pueden confundirse con los bienes de entidades financieras intervenidas

En 1995 el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca invirtió recursos destinados al pago de mesadas, reajustes, bonos pensionales, y mesadas adicionales de sus pensionados en una entidad financiera que fue intervenida por el Gobierno nacional en 1998 con el fin de liquidarla. Por este motivo la entidad en proceso de liquidación se negó a devolver los dineros a ella consignadas por este concepto, considerando que debía primero seguirse los pasos del trámite liquidatorio y por lo tanto esperar para ver si era posible reembolsar el dinero al fondo. El Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca decidió instaurar una tutela al considerar que tales recursos no hacen parte de los bienes y haberes de la entidad en liquidación por tener destinación específica el pago de la seguridad social y de la salud de los pensionados, y su no reintegro inmediato afecta los derechos fundamentales a la vida, la salud, al libre desarrollo de la personalidad y a la protección a la tercera edad.

La Corte constitucional, accedió al amparo, ordenando el reintegro inmediato de los recursos destinados a la seguridad social, y adviertió que estos recursos recaudados con destinación constitucional específica a la seguridad social son recursos parafiscales que no pueden ser utilizados con fines diferentes, tal y como lo dispone el artículo 48, inciso 5, de la Constitución Política. Se trata de dineros públicos que entidades particulares, departamentales o municipales pueden administrar sin que se confundan con su patrimonio, ni con el presupuesto nacional o de entidades territoriales, porque no dependen de circunstancias distintas a la de la atención del afiliado. Es decir, no se encuentran en la misma situación jurídica de los dineros de los ahorradores e inversionistas particulares, pues no pueden ser utilizados con fines distintos para los cuales están destinados. Los administradores de dichos recursos están legitimados para impetrar acción de tutela con miras a lograr que no se desvíe la destinación de dichos recursos y que no se afecten, como consecuencia, los eventuales derechos fundamentales de los afiliados o beneficiarios del sistema de seguridad social. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1487-00

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