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Última modificación: 2007-08-06
Trato diferente

· Trato legal diferente entre pensionados antes y después del 1 de enero de 1994 (Ley100/93)

?Para la Corte Constitucional la razón de ser del artículo 143 de la Ley 100 de 1993 encuentra pleno fundamento en que los pensionados con anterioridad al 1o. de enero de 1994 se hallan en una situación diferente a la de quienes se pensionen con posterioridad a esa fecha, ya que aquellas personas han tenido un distinto régimen de obligaciones, montos de pensión y demás derechos y beneficios, que comprende la cotización para salud regulada bajo un nuevo sistema llamado contributivo en el nuevo sistema general de salud; pero, además, dicho fundamento de justicia y de racionalidad que aparece en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 tiene en cuenta que, dentro del nuevo marco legal, la cotización al mencionado régimen contributivo en salud se encuentra a cargo del pensionado, mientras que quienes se pensionen con posterioridad a dicha fecha habrán cotizado para el sistema contributivo de salud en otra manera y dentro de una modalidad bien diferente, en la que participa de modo definitivo el empleador.

"De otra parte, las expresiones acusadas hacen que el ISS sea la entidad que cubra en adelante el aumento en el monto de la pensión, y que este tipo de reajuste corresponda al aumento en la cotización para salud que deben pagar los pensionados a que se refiere la norma acusada, lo cual es apenas razonable y con ello no se afecta para nada la situación de quienes lleguen a pensionarse con posterioridad a dicha fecha. Este reajuste de la pensión es específico para quienes se les hubiere reconocido la pensión con anterioridad al 1o. de enero de 1994 y rige a partir de dicha fecha, como lo señala la norma cuyos apartes se acusan; no ampara ninguna desigualdad sino que, por el contrario acata dicho principio consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, y es evidente que es distinto al reajuste anual ordenado para todos los pensionados a que se refiere el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que a quienes reciban la pensión después de aquella fecha se les aplican las nuevas reglas de montos y cuantías pensionales, mientras que los pensionados con anterioridad recibirían su pensiones de conformidad con su régimen de pensiones y con los reajustes que correspondan.? * nota 1

· Trato legal diferente: mesada adicional como instrumento para equilibrar la pérdida del poder adquisitivo

?El beneficio de la mesada adicional se creó con el fin de equilibrar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda para aquellas personas que, como los pensionados, en virtud de su situación y posición en la sociedad, requieren de una atención especial por parte del Estado. La mesada adicional es pues una forma de compensar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda de aquellas personas que reciben pensiones devaluadas. Se trata de una finalidad que armoniza con la Carta, pues el Estado debe garantizar el reajuste periódico de las pensiones y que los recursos en este campo mantengan su poder adquisitivo. Sin embargo, lo cierto es que la concesión de estos reajustes debe tener en cuenta una realidad de gran trascendencia en este examen: los recursos económicos para satisfacer ese pago de las pensiones no son infinitos sino que son limitados.

"La Corte Constitucional considera que en principio la ley no está obligada a establecer un reajuste uniforme para todos los pensionados, pues puede consagrar un régimen diferenciado, si de esa manera se logran mejores resultados en la protección del poder adquisitivo de las mesadas, ya que -es necesario reiterarlo- se trata de asignar recursos limitados. El tratamiento diferencial que establece la norma demandada: -"sin que exceda de quince (15) veces el salario mínimo legal mensual" del parágrafo del artículo 142 de la Ley 100 de 1993 tiene una justificación objetiva, clara y razonable: dar especial protección a aquellos pensionados que devengan una pensión inferior a quince salarios mínimos y que, por ende, se encuentran, por razones económicas, en situación de desventaja material.? * nota 2

· Trato legal diferente en la reliquidación de pensionados que reingresan a determinados cargos públicos

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 4 parcial de la Ley 171 de 1961 "por la cual se reforma la Ley 77 de 1959 y se dictan otras disposiciones sobre pensiones?; y expresó que la norma acusada regula la situación excepcional de la persona que se ha pensionado y reingresa al servicio público a ocupar los cargos de presidente de la República, ministro de despacho, jefe de departamento administrativo, superintendente, viceministro, secretario general de ministerio o departamento administrativo, presidente, gerente o director de establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales del Estado y miembros de misiones diplomáticas de los despachos de los anteriores funcionarios. Por lo tanto, concluyó la Corte que no es lo mismo la reincorporación al servicio público de quien se ha retirado de éste para gozar de su pensión, de la situación que se presenta cuando alguien es pensionado y permanece en el servicio, por no estar obligado a retirarse de éste. Ello justifica la diferente regulación y el tratamiento distinto en lo que atañe con la forma de reliquidar la pensión.

La Corte consideró que la norma acusada es constitucional porque el trato diferente se encuentra plenamente justificado y porque la previsión contenida en la norma es mucho más favorable para el funcionario o empleado público que la establecida en el artículo 150 de la Ley 100 de 1993, que permite reliquidar la pensión incluyendo los sueldos devengados con posterioridad a la fecha de la notificación de la resolución que la reconoce, lo que implica que conforme al artículo 21 de la referida ley se tome como ingreso base para liquidar la pensión el promedio de los salarios sobre los cuales haya cotizado aquél durante los diez años anteriores al reconocimiento de la reliquidación de la pensión. Concluyó la Corte que frente a la situación de desigualdad que puede presentarse en la aplicación de la norma acusada y la operancia de la disposición del artículo 21 de la Ley 100 de 1999, dado que ésta permite actualizar anualmente el promedio de los salarios con base en la variación del índice de precios al consumidor, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad declara exequible la norma acusada bajo la condición de que se entienda que el sueldo promedio de los tres últimos años de servicio, que sirve de base para la liquidación de la pensión, debe ser actualizado en la forma indicada en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. nota 3

· Trato legal diferente para personas que trabajan en el sector público y en el privado: edad de retiro forzoso

?El artículo 19 de la Ley 344 de 1996 busca impedir que una persona pueda gozar, simultáneamente, del derecho a la estabilidad en un cargo público y de la pensión de jubilación. Con ello se pretende liberar una de las dos fuentes de provisión de los recursos involucrados, a fin de destinarlos a satisfacer necesidades de terceras personas. En efecto, si el servidor público opta por continuar trabajando hasta cumplir la edad de retiro forzoso, se disminuye temporalmente la presión financiera sobre los fondos que deben orientarse al pago del pasivo laboral. Para la Corte Constitucional la norma estudiada no provoca una renuncia del derecho a la pensión de jubilación, simplemente, lo suspende hasta tanto el beneficiario decida renunciar al cargo público que ocupa o hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Mientras ello ocurre, el servidor público continúa gozando de su asignación mensual y, por lo tanto, no quedan desamparados los bienes que la pensión tiende a realizar.

"Según el régimen laboral, constituye justa causal de despido el reconocimiento, a favor del trabajador, de la pensión de vejez o invalidez (Código Laboral, art. 62-14). No obstante, no se encuentra prohibido que una persona, pensionada, continúe trabajando. Sin embargo, en el sector público, nadie puede ser obligado a retirarse antes de cumplir la edad de retiro forzoso (art. 150 de la Ley 100 de 1993), así haya adquirido el status jurídico de jubilado o pensionado. Pero si la persona opta por hacer efectivo el derecho a la pensión, deberá renunciar al ejercicio de su cargo. Si bien la regulación establecida no es la misma para los dos tipos de trabajadores, lo cierto es que la diferencia es proporcional a la distinción entre uno y otro grupo. En efecto, al servidor público se le otorga la facultad de decidir si sigue trabajando o si se retira para gozar de la pensión, al menos hasta que cumple la edad de retiro forzoso, con el fin de alcanzar uno de los dos objetivos alternativos antes mencionados, a saber, la disminución de los recursos públicos afectados al pago de las pensiones o la liberación de plazas públicas para patrocinar los derechos de igualdad y de participación democrática. Extender esta medida a los trabajadores del sector privado no tendría las consecuencias perseguidas por el Legislador y, al menos en esos términos, sería desproporcionado.

"De otra parte, a los trabajadores privados se los somete a una justa causal de retiro si cumplen los requisitos que las normas imponen para pensionarse. Con ello se asegura la autonomía del empleador, que queda facultado para interrumpir unilateralmente el contrato de trabajo, sin afectar los derechos mínimos de la persona, en este caso, a la seguridad social como garantía de su mínimo vital. En consecuencia, considera la Corte que los dos extremos que se comparan son acreedores de un trato disímil en razón de su heterogeneidad y que, en este caso, la desigualdad de trato responde al grado de la diferencia que existe entre ellos.? * nota 4

· Trato legal diferente respecto de la edad de retiro forzoso de los magistrados de las altas Cortes

?La Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, señala que la Carta Política establece la edad de retiro forzoso como una de las causales de retiro para los magistrados de las altas cortes. Para la Corte el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968 no deja en estado de indefensión a los mayores de 65 años, ni los discrimina, porque los hace acreedores a la pensión por vejez, dándoles lo debido en justicia. Establecer un límite de edad, equivale a presumir la falta de capacidad laboral de la persona, a partir de un límite. Es evidente, en efecto, que muchas personas han alcanzado grados altamente satisfactorios de rendimiento laboral en edades superiores a las señaladas por la norma acusada. Pero ello no es la regla general, sobre todo si se tiene en cuenta que dicha edad está próxima al promedio de vida en un país como Colombia. Como una de las características de la ley es la generalidad, es obvio que su punto de referencia es lo que comúnmente ocurre y no las situaciones excepcionales.

"Para la Corte el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968 no deja a los miembros de la tercera edad en condiciones de inferioridad, por tres motivos: primero, porque ella misma prevé que habrá una compensación, es decir, la pensión de vejez, con lo cual se le da lo debido en justicia a las personas mayores de 65 años, y no quedan en estado de necesidad, ni de indefensión ante la vida. Segundo, porque ya ejercieron su derecho específico, con lo cual queda claro que no se les negó tal derecho ni el del libre desarrollo de su personalidad. Y tercero, porque al llegar a esa edad -además de la pensión- se hacen también acreedores a diversas formas de protección por parte del Estado y de la sociedad civil.? * nota 5

· Trato diferente pero no discriminatorio en el pago a pensionados

?Los actores son personas mayores de 70 años y una de ellas que tiene 57 años, es inválida, con incapacidad superior al 96%. La Corte Constitucional concede las acciones por violación al derecho fundamental a la seguridad social. Sostiene que cuando sea comprobadamente insuficiente la partida presupuestal destinada a atender el pago de mesadas pensionales, la entidad de previsión debe darle prelación a los pensionados más antiguos, no sólo por el momento en que se hicieron acreedores a su derecho, sino por la edad que ostentan.? * nota 6

?La Corte Constitucional señaló que la situación de un jubilado a quien se le decretó la pensión en 1991, difiere de la de aquellos a quienes desde hace muchos años ya se les había reconocido el mencionado derecho, se les principió a pagar y de un momento a otro se suspendió el pago de las mesadas para darles cabida a personas pensionadas con posterioridad. El peticionario de 69 años de edad y su familia dependen de las mesadas pensionales. Significa lo anterior que la tutela prospera en tanto y en cuanto respete el turno en el cual esté ubicado el solicitante, sin que éste amparo implique desplazar a quienes se les haya reconocido la pensión con una resolución anterior a la de 1991, o a quienes reclaman la mesada con sustento en un fallo de tutela en firme.? * nota 7

· Trato diferente en el pago de pensiones entre pensionados jóvenes y de la tercera edad

?La Corte Constitucional señala que el pago de la mesada pensional no debe estar condicionado a una negociación de contrato de trueque. Los acuerdos o actas de compromiso suscritas por los empleadores y representantes de pensionados no pueden desconocer derechos adquiridos que pongan en inminente peligro la subsistencia de los jubilados, cuyo único recurso para cumplir con sus obligaciones de primer orden es, precisamente, su mesada pensional. En la entidad accionada existen pensionados a los 39 años de edad, y aunque en estos casos se presume que se trata de personas con plena capacidad laboral, no obstante, por existir la necesidad por parte de estos jubilados de recibir la mesada, tal como consta en los expedientes de tutela, la Sala protegerá los derechos fundamentales alegados, ordenándose se pague sólo respecto al valor mínimo vital de la pensión como mecanismo transitorio a quienes tengan 69 años o menos, pues cuentan con otro medio de defensa judicial, jurisdicción laboral, para cobrar el excedente de la mesada. Esta Corte ha dejado claro que el no pago oportuno de la pensión, en lo que constituye el mínimo vital de subsistencia, puede poner en peligro la vida del pensionado y la de su familia.? * nota 8

?En cuanto a los accionantes de 70 años o más, se concede la mesada pensional completa por ser consideradas estas personas, como lo ha reconocido esta Corte, de la tercera edad, y no están en las condiciones de soportar el trámite de un proceso ordinario. Estas personas merecen una especial protección puesto que no están en capacidad de obtener otro trabajo, de tal forma que la mesada pensional constituye la única fuente de manutención posible. Se advierte que las tutelas se conceden como mecanismo transitorio, todas las órdenes de pago impartidas en el presente fallo quedan condicionadas a que exista la partida presupuestal correspondiente, o que, de lo contrario, en el término de cuarenta y ocho (48) horas se inicien los trámites correspondientes para hacerlo, y se culminen en un plazo de seis (6) meses.? * nota 9



  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia C-111-96
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-529-96
  3. Corte Constitucional, Sentencia C-331-00
  4. Corte Constitucional, Sentencia C-584-97
  5. Corte Constitucional, Sentencia C-351-95
  6. Corte Constitucional, Sentencia T-198-95
  7. Corte Constitucional, Sentencia T-244-95
  8. Corte Constitucional, Sentencia T-278-97
  9. Corte Constitucional, Sentencia T-076-96 ver también las Sentencias T-421-99, T-278-97 y T-009-99

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