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TRATO DIFERENTE

Última modificación: 2007-08-06
Derecho de petición para el reconocimiento de pensiones

· Solicitud de reconocimiento de pensiones debe tramitarse mediante derecho de petición

?Un señor de 70 años de edad interpuso acción de tutela con el objeto de reclamar su pensión de jubilación. La Corte Constitucional señala que la Caja de Previsión tiene la facultad de estudiar la documentación presentada por el solicitante y de reconocer la pensión de jubilación en el evento de que se cumplan los requisitos legales correspondientes. Dicha función supone la obligación de la institución administrativa de pronunciarse sobre la procedencia del derecho invocado. La omisión de esta respuesta determina una violación del derecho de petición que puede, si se dan las condiciones establecidas en la Constitución, ser protegido mediante la acción de tutela.? * nota 1

· Plazos legales para responder diferentes tipos de peticiones en materia de pensiones

La Corte Constitucional estableció el término de cuatro meses como plazo para resolver de fondo las solicitudes de pensión mediante la aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 ?por el cual se establece el régimen jurídico y financiero de las sociedades que administren fondos de pensiones? y que establece: ?El Gobierno nacional establecerá los plazos y procedimientos para que las administradoras decidan acerca de las solicitudes relacionas con pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, sin que en ningún caso puedan exceder de cuatro (4) meses." Según la Corte el máximo plazo para decidir o contestar una solicitud relacionada con pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, es de cuatro meses. Hasta el momento no hay norma alguna que fije un término diferente para la respuesta a la solicitud en materia de pensión para las sociedades administradoras de fondos del régimen de ahorro individual, para el Seguro, o para Cajanal. En consecuencia, se debe seguir aplicando por analogía el artículo 19 trascrito.

Con posterioridad, el Legislador expidió la Ley 700 de 2001 la cual consagra en su artículo 4: ?A partir de la vigencia de la presente ley, los operadores públicos y privados del sistema general de pensiones y cesantías, que tengan a su cargo el reconocimiento del derecho pensional, tendrán un plazo no mayor de seis meses a partir del momento en que se eleve la solicitud de reconocimiento por parte del interesado para adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas correspondientes.? De acuerdo con la Corte, el artículo 4º establece un término de seis meses no para decidir sobre las solicitudes en materia de pensión, como lo hace el artículo 9º del Decreto 656 de 1994, sino para adelantar los trámites necesarios para el reconocimiento y pago de las mesadas; es decir, para el desembolso efectivo del monto de las mismas. Estos dos términos aplicables con respecto al trámite de pensiones se ven complementados con un tercero. Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional para la resolución de recursos interpuestos ante decisiones que resuelven sobre el reconocimiento o no reconocimiento de una pensión sigue vigente y le resulta aplicable (...) el término de 15 días hábiles a que hace referencia expresa el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo.

Finalmente, la Corte señaló que el término de 15 días, consagrado en el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo, se aplica también en caso de que se presenten derechos de petición en los cuales se solicite, simplemente, información acerca del estado del trámite adelantado en materia de pensión o copias sobre documentos ya existentes dentro del expediente nota 2.

· Validez de solicitud de reconocimiento de pensión por parte del patrono.

?Para la Corte Constitucional no se vulnera el derecho al trabajo del profesor de una universidad cuando esta actuó de acuerdo con lo estipulado en el artículo 62-14 del Código Laboral, subrogado por el artículo 7o. literal a) numeral 14 del Decreto 2351 de 1965, el cual consagra que el reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación configura una justa causa de terminación unilateral del contrato de trabajo y, porque de conformidad con lo dispuesto en la normatividad legal vigente, en la que aparece la especial protección del Estado a dicho derecho, las actuaciones económicas y la decisión adoptada en su caso se ajustan a derecho. Por tanto, el acto unilateral por medio del cual la Universidad solicitó al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento de la pensión de jubilación para terminar el contrato de trabajo suscrito con el actor es de carácter legítimo. Concluye la Corte que la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación constituye una conducta legítima de un particular, que torna improcedente la acción de tutela de acuerdo, aún como mecanismo transitorio, debido a que no es posible causar un perjuicio irremediable, cuando el daño o perjuicio que se alega es causado por un acto particular ajustado a derecho.? * nota 3

· Derecho al reconocimiento y pago oportuno de las pensiones de jubilación

?La Corte Constitucional al revisar la tutela presentada por una persona que solicita el reconocimiento y el pago por parte de la Caja de Previsión departamental de la pensión de jubilación a que tiene derecho, expuso que es una obligación del Estado, la sociedad y la familia la protección de las personas de la tercera edad. En el caso del Estado, específicamente tratándose de aquellas personas que han trabajado para él, merecen una especial gratitud que se refleja en la pensión de jubilación. Se trata de un derecho que fue adquirido y que se encuentra respaldado en la Constitución y la ley (Art. 58 Constitución Política). La naturaleza jurídica de la pensión vitalicia de jubilación se encuentra en que ésta constituye un salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo -20 años-. Las disposiciones referidas sobre la pensión vitalicia de jubilación hacen mención al cumplimiento de dos requisitos: el tiempo de servicio continuo o discontinuo de veinte años y que la edad del trabajador sea de sesenta años para los hombres -a menos que se encuentre comprendido en la excepción establecida en la ley- y cincuenta años de edad para las mujeres.

"En desarrollo del artículo 2º de la Constitución que consagra la garantía de la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta, las Cajas de Previsión deberán resolver la solicitud de pensión de jubilación en el término de noventa días contados a partir de la radicación de la documentación, como lo dispone el artículo 23 del Decreto Reglamentario 1160 de 1.989 y efectuar el pago de la pensión de jubilación en virtud de lo establecido en el artículo 8º de la Ley 71 de 1.988, que fue posteriormente reglamentada por los Decretos 625 de 1.988 y 1160 de 1.989. La Corte ordena tramitar en el término de treinta (30) días la solicitud de pensión vitalicia de jubilación y decide no conceder la tutela en lo referente al otorgamiento de la pensión de jubilación por ser esta decisión de competencia exclusiva de la Caja de Previsión del Departamento.? * nota 4

?La demora injustificada (3 años) de la administración en resolver el reconocimiento de la pensión de jubilación de una persona fue protegida por la Corte Constitucional al señalar que se vulneran los derechos de petición y seguridad social cuando no se brinda una respuesta oportuna a las solicitudes.? * nota 5

· Prohibición de prácticas administrativas que dilatan el reconocimiento de pensiones

?Desde la declaratoria de incapacidad y subsiguiente retiro de su trabajo, ninguna autoridad administrativa o judicial ha controvertido el derecho de un profesor a su pensión de jubilación. El tiempo transcurrido entre la presentación de los documentos que acreditan su derecho hasta la expedición de la resolución de reconocimiento de la pensión de invalidez, sólo puede ser considerado como un período utilizado por la administración para el cumplimiento de procedimientos internos, en los cuales el peticionario no aparece nunca de manera activa para impugnar, explicar o aceptar comportamiento o hecho alguno. Para la Corte Constitucional en el caso de estudio se percibe una voluntad deliberada de actuar lentamente, teniendo presente que se trata del pago de recursos económicos a un sector de la población que ha dejado de ser productivo para el Estado.

"Considera que no se aviene a la Constitución la práctica administrativa que consiste en disponer y destinar recursos con mayor o menor agilidad dependiendo del mayor o menor beneficio o interés que represente la operación para el Estado, lo que conduce a pagar con mayor prontitud a los trabajadores de ciertas empresas que a los trabajadores de la educación o de la cultura. Señala que en el Estado Social de Derecho los pensionados no pueden representar un sector residual en el pago de las deudas del erario. Las normas constitucionales que protegen a la tercera edad no pueden quedar relegadas por prácticas que convierten la vida de los pensionados en un drama humano para el cual la Constitución y las leyes no son sino meros postulados retóricos. Señala que el inciso tercero del artículo 53 de la Constitución Política debe interpretarse como una norma que contiene el derecho al reconocimiento oportuno de la pensión. La idea de prontitud en el pago supone necesariamente la prontitud en el reconocimiento?. * nota 6

· Obligación de autoridades de reconstruir información apoyándose en otras dependencias para resolver derecho de petición sin remitir al peticionario a ellas

El actor de 80 años presentó acción de tutela contra el INPEC, por considerar vulnerado su derecho de petición. Manifiestó que solicitó la expedición de certificación sobre el tiempo que laboró en esa entidad en el cargo de guardián, durante el período comprendido entre agosto de 1950 y noviembre de 1968. Sin embargo, sólo obtuvo información y certificación del tiempo laborado entre el 7 de agosto de 1950 y el 27 de mayo de 1960. La Corte ordenó al INPEC, desplegar toda la actividad necesaria a fin de emitir al peticionario una respuesta de fondo, clara, precisa, fidedigna y veraz sobre el tiempo laborado en esa entidad, subsanando la inconsistencia y el contenido de las resoluciones aportadas como pruebas, para lo cual, y de ser necesario reconstruirá la información, se apoyará en otras dependencias o instituciones como podrían ser las pagadurías de los establecimientos carcelarios en los que prestó sus servicios el actor.

La Corte aplicó las reglas que sobre el derecho de petición ha trazado la jurisprudencia y concluyó que: i) en la entidad demandada reposa la responsabilidad de acreditar la ocurrencia de las situaciones administrativas ocurridas durante la vinculación del actor a la institución. ii) Aunque resulte viable acudir a la colaboración del peticionario solicitándole la complementación de la documentación aportando soportes pertinentes a fin de resolver a cabalidad sobre la solicitud formulada, tratándose de una persona de 80 años destinataria de una protección reforzada por parte del Estado, la entidad demandada debe desplegar todos los esfuerzos para reconstruir la información apoyándose en otras dependencias o entidades, y no remitiendo al peticionario a ellas. iii) La entidad se ha sustraído del deber de implementar mecanismos apropiados para la guarda de la información institucional, en especial, aquella relacionada con las materias laborales del personal a su servicio, así como el establecimiento de instrumentos conducentes a garantizar el acceso a una información fidedigna y veraz sobre los distintos aspectos de la actividad administrativa de la respectiva entidad. iv) Si bien se advierten dificultades para que la demandada expida una certificación que responda de manera completa, cabal y suficiente, el derecho de petición formulado por el actor, en razón a la insuficiencia de los soportes documentales, no se trata de dificultades que aparezcan como insuperables. La propia entidad, atendidas las condiciones personales del petente (octogenario), puede agotar directamente, y con mayor eficacia, el mecanismo al cual remite al peticionario como es el de complementar su información con aquella que le remitan las pagadurías de los establecimientos en que laboró el peticionario, ó las dependencias en que reposen esos archivos en la actualidad. nota 7



  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-220-94 ver también la Sentencia T-429-99
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-001-03
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-257-95
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-011-93
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-184-94 y T-392-94
  6. Corte Constitucional, Sentencia T-056-94
  7. Corte Constitucional, Sentencia T-622-06

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