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Última modificación: 2007-08-06
Emisión de bonos pensionales

· Obligación del pago oportuno del bono pensional

La Corte Constitucional concedió la tutela interpuesta por una señora que, después de solicitar al ISS el reconocimiento y pago de la pensión sustitutiva de vejez de su cónyuge fallecido, obtuvo como respuesta que tal decisión estaba sujeta a que la Caja de Previsión de Boyacá expidiera y redimiera el bono pensional, lo cual no ha ocurrido a pesar de la insistencia del ISS y de la accionante. En esta providencia se señaló que se convierte en conducta inaceptable la prolongación en el tiempo, y la dilación en los trámites administrativos para expidiera y redimiera el bono pensional, con el cual se hace posible el reconocimiento de la pensión, porque afecta gravemente derechos fundamentales como el de la vida, la seguridad social y el derecho al pago oportuno de las mesadas pensionales, en especial cuando se pone en peligro el mínimo vital. La Corte ordenó al Gobernador del departamento de Boyacá expedir y remitir al ISS, dentro del término de 48 horas, el bono pensional correspondiente, y previno al Instituto de Seguros Sociales para que con su proceder ineficiente e irregular no siga vulnerando los derechos fundamentales de la actora. nota 1

· Orden de reconocimiento de pensión ante demoras injustificadas por la falta de emisión del bono pensional

La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales a la seguridad social en pensiones en conexidad con los derechos a la salud, al mínimo vital, a la igualdad, al derecho al debido proceso y al derecho de petición, de una persona que venía reclamando al ISS, a la Gobernación de Nariño, al Ministerio de Hacienda, que se le tramitara el bono y se le reconociera su pensión desde hace casi cuatro años, cuando la solicitud se debía resolver dentro de los seis meses siguientes.

Para la Corte se vulneró el derecho a la seguridad social en pensiones, por cuanto el peticionario tiene el status de jubilado, que es un derecho adquirido y el no reconocimiento oportuno de la prestación constituye una clara violación al acceso a la pensión. Se violó el derecho a la salud porque el actor padece de una grave enfermedad cerebro vascular y al no ser trabajador ni pensionado, no está cobijado por la seguridad social en salud. Se afectó el derecho al mínimo vital, por cuanto es una persona de la tercera edad, enferma, sin trabajo, de él depende su esposa, no recibe salario y demostró que uno de sus bienes está en juicio hipotecario. También se vulneró el derecho de igualdad, pues el actor ha sido objeto de un tratamiento discriminatorio por parte de la administración, al no reconocérsele el régimen de transición en pensiones, teniendo derecho a ello, y porque frente a la perentoriedad de los términos y procedimientos para el reconocimiento del derecho a su pensión, no se le ha dado el trato de igualdad ante la ley.

Además se vulneró su derecho de petición pues no se le resolvió a fondo su solicitud y las respuestas simplemente formales, donde no se resuelve materialmente, o no se reconoce la pensión teniendo derecho a ella no constituyen una contestación adecuada. No puede haber demora injustificada en el reconocimiento de una pensión de vejez y no se puede esgrimir el trámite del bono pensional como disculpa para demorar, más allá de los términos de ley, el reconocimiento de una pensión. Mucho menos se puede esgrimir como justificación la discrepancia teórica que puedan tener unos funcionarios sobre si se trata de cuotas partes o bonos pensiónales.

Finalmente se violó su derecho al debido proceso, por incurrirse en una vía de hecho, al no reconocérsele el régimen de transición y al negar el derecho a la pensión, por demora en trámites administrativos, que son imputables precisamente a la entidad gestora de pensiones. También hay violación al debido proceso porque con el pretexto de los bonos pensionales, primero, y luego con la disculpa de discrepancias interinstitucionales, respecto a soportes financieros, se desconocen los procedimientos señalados por las leyes vigentes. Por todo lo anterior y ante los graves perjuicios ocasionados, la Corte decidió ordenar al ISS que expida la resolución de reconocimiento de la pensión, respetando el régimen de transición y el principio de favorabilidad, sin esperar la emisión del bono pensional, aunque podrá invocar este fallo para exigirlo a la entidad responsable. nota 2

· Salario base de liquidación de bono pensional

Demanda por inexequibilidad del literal a) y de la expresión ?ni superior a veinte (20) veces dicho salario? del literal d) del artículo 5° del Decreto ? Ley 1299 de 1994 ?por el cual se dictan las normas para la emisión, redención y demás condiciones de los bonos pensionales.

Artículo 5º. Salario base de liquidación para la pensión de vejez de referencia. Para los efectos de que trata el literal a. del artículo anterior, se entiende por salario base de liquidación para calcular la pensión de vejez de referencia del afiliado:

a) Tratándose de personas que estaban cotizando o que hubieren cotizado al ISS o a alguna caja o fondo de previsión del sector público o privado, el salario o el ingreso base de liquidación será el salario devengado con base en normas vigentes al 30 de junio de 1992 reportado a la respectiva entidad en la misma fecha, o el último salario o ingreso reportado antes de dicha fecha, si para la misma no se encontraba cotizando;

La actora considera extralimitación del ejecutivo frente al alcance del literal a) del artículo 5º del Decreto-Ley 1299 de 1994 y que vulnera los artículos 113, 121, 150, numeral 10, y 355 de la Constitución Política, al determinar que la base para liquidar el bono pensional será el salario devengado y reportado al 30 de junio de 1992 o, en caso de no estar cotizando para el momento, el último salario o ingreso reportado antes de dicha fecha.

Las facultades extraordinarias otorgadas por el numeral 5° del artículo 139 de la Ley 100 de 1993 se concedieron, única y exclusivamente, para expedir normas relacionadas con la emisión, redención y transacción en el mercado secundario de los bonos pensionales, y para señalar las condiciones de su expedición a quienes se trasladen del régimen de prima media al de capitalización individual.

Invocando tales facultades, el Gobierno Nacional, a través del literal a) del artículo 5° del Decreto-Ley 1299 de 1994, definió el salario base de cotización para la pensión de vejez de las personas que venían cotizando al Instituto de Seguros Sociales (ISS) o a una caja o fondo del sector público o privado con anterioridad al 30 de junio de 1992, disponiendo que el salario o el ingreso base de liquidación será el salario devengado con base en normas vigentes al 30 de junio de 1992 reportado a la respectiva entidad en la misma fecha, o el último salario o ingreso reportado antes de dicha fecha, si para la misma no se encontraba cotizando.

A juicio de esta Corporación, la decisión del Gobierno Nacional, de incluir en la norma acusada la definición del salario base de cotización de la pensión de vejez para quienes venían cotizando al ISS o a una caja o fondo del sector público o privado antes del 30 de junio de 1992, conlleva el desconocimiento del requisito constitucional de precisión, en cuanto ese aspecto no hacía parte de la temática ni de los fines perseguidos por el Congreso en la delegación prevista en el numeral 5° del artículo 139 de la Ley 100 de 1993.

En consecuencia con lo expuesto y analizado por la Corte, se declara inexequible el literal a) de artículo 5° del Decreto-Ley 1299 de 1994. nota 3



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-136-01 Reiterada en Sentencia T-272-02
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-235-02 Reiterada en Sentencia T-424-02, T-429-02, T-431-02 y T-463-02
  3. Corte Constitucional, Sentencia C-734-05. Ver también Sentencia T-801-06

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