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Última modificación: 2007-08-06
Derecho de una persona de la tercera edad con discapacidad a gozar de la sustitución pensional de su hermano

La curadora de una persona de la tercera edad con retardo mental congénito, que no podía decidir por sí misma y que fue declarada inválida permanente por la Caja Nacional de Previsión, instauró acción de tutela contra esta Entidad por haberle negado a su representado la sustitución de pensión de un hermano, tras la muerte de la madre. Señaló la demandante que por razón de sus precarios recursos económicos no podía brindarle a su representado todos los cuidados que él requiere. La Corte advirtió que una interpretación inicial del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 llevaría a la conclusión de que el demandante no ostentaba la calidad de beneficiario de su hermano por haberle sido reconocida inicialmente la sustitución pensional a un beneficiario con mejor derecho -su madre- quedando en consecuencia él excluido. Sin embargo, razones de equidad y de justicia le permitieron a la Sala arribar a la conclusión contraria, y por ende, a sostener que era preciso la protección de sus derechos por vía de tutela en tanto obligaba para este caso que la controversia trascienda los dictados meramente legales y el fallo que revisó las decisiones proferidas en este caso, se analizara desde una perspectiva constitucional por encontrarse comprometida la efectiva garantía de ciertos derechos fundamentales.

Las razones de justicia y de equidad que dieron lugar a tal determinación se sustentaban en los siguientes hechos: 1. Aún cuando el demandante no fue beneficiario directo del causante, de conformidad con el literal d) del propio artículo 47 de la Ley 100 de 1993, éste mantenía la condición de beneficiario en el último orden. 2. En vida del causante, dependió económicamente de él y luego de su muerte también, a través de la sustitución pensional reconocida a su madre quien proveía lo necesario para su sostenimiento. 3. A lo anterior se agregó su demostrado estado de incapacidad total (se trata de un interdicto así declarado por sentencia), su condición de persona de la tercera edad (65 años) y la incapacidad económica de éste y de su curadora, quien no estaba en capacidad de brindarle la manutención y los cuidados especiales y permanentes que requería por razón de su condición física y mental.

Para la Corte, en la medida en que se trataba de una persona que no contaba con ninguna fuente de ingresos y que no tenía la capacidad de operar en el mercado laboral, negarle una pensión de invalidez, equivale a someter arbitrariamente su bienestar a la voluntad o capacidad de terceras personas, lo que compromete seriamente la dignidad, la igualdad y la autonomía. El principio de dignidad humana resulta vulnerado cuando se somete a una persona a vivir de la caridad ajena, existiendo la posibilidad de que tenga acceso a unos recursos económicos propios que le permitan subvenir algunas de sus necesidades básicas.

Cuando se trata de un derecho pensional dejado de reconocer, ?son las condiciones específicas del prestatario, y no la naturaleza de la prestación, lo que posibilita conceder o negar el amparo constitucional.? De este modo, el titular de un derecho fundamental en condiciones de debilidad manifiesta requiere el amparo urgente de sus derechos, dada la gravedad del perjuicio que afronta. En consecuencia, lo procedente en este caso es revocar las decisiones de instancia, que se apartaron de los dictados constitucionales, y en tanto se trata de una persona con discapacidad de la tercera edad, se concederá la tutela como mecanismo definitivo, para que la entidad accionada revoque la resolución y profiera acto administrativo mediante el cual resuelva nuevamente y de manera favorable el derecho que le asiste al señor a gozar de la pensión de su fallecido hermano nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-401-04

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